La Secretaría Técnica Nacional del Ambiente (Setena) extendió la viabilidad ambiental otorgada al primer diseño de edificio al proyecto que es actualmente construido, a pesar de ser diseños diferentes.
Dicho de otra forma, Setena dio luz verde a la construcción del nuevo edificio de la Asamblea Legislativa a partir del mismo estudio de impacto ambiental (EsIA), aunque, en términos de área de construcción, ambos proyectos no tienen en común más que una superficie más bien pequeña.
Así lo aseveró el biólogo Freddy Pacheco, especialista en el tema de EsIA, quien se dedica a la regencia ambiental.
Pacheco relató que, al solicitar en Setena el expediente del proyecto que se desarrolla al costado oeste de la actual Asamblea Legislativa, encontró que en este figura la propuesta del primer proyecto que se presentó, en el cual el nuevo inmueble consistía en dos grandes naves o puentes levantadas sobre el actual congreso por cuatro enormes columnas.
Ese proyecto fue rechazado por la afectación al patrimonio arquitectónico, por lo que después se escogió el diseño que actualmente se construye, un edificio monolítico de 17 pisos, cuatro de los cuales estarán en el subsuelo. El costo de la construcción es de ¢61.600 millones y se lleva a cabo bajo la figura de un fideicomiso con el Banco de Costa Rica (BCR).
Julio Cedeño es gerente de Novatecnia, la empresa que contrató el fideicomiso para llevar a cabo la administración del proyecto, según informó Antonio Ayales, director ejecutivo de la Asamblea Legislativa. Igualmente, Ayales explicó que Novatecnia tiene la “responsabilidad propiamente técnica”, y añadió que esa empresa también participó en la construcción de varios edificios de la Universidad de Costa Rica.
Cedeño señaló que, de acuerdo con la normativa vigente, un nuevo EsIA no era necesario porque “hablamos de proyectos de la misma magnitud, en el mismo sitio; es el mismo terreno igualmente impactado en su segunda versión. Entonces, no hay que cambiar el instrumento” de evaluación.
Añadió que la primera versión del proyecto originalmente medía unos 51 mil metros cuadrados de construcción, mientras que la actual es de 50.500 metros cuadrados, “otra de las razones por las cuales no es necesario cambiar el instrumento de evaluación”.
Presencia de acuífero
Pacheco destacó que, en los estudios originales, una perforación prospectiva hecha en los alrededores de la Casa Rosada arrojó que a unos 28 metros de profundidad se alcanzaba el manto acuífero Colima Superior, “de los más importantes en el Valle Central”.
El estudio que forma parte del EsIA apunta que “el basamento detectado entre los 28 y 62 metros de profundidad (…) se correlaciona con la Unidad Colima superior”.
Pacheco llamó la atención sobre que el director ejecutivo de la Asamblea Legislativa, Antonio Ayales, en una entrevista a Diario Extra, reconociera que “la empresa constructora tuvo que lidiar por alrededor de tres semanas con una naciente de agua en la base de la estructura que produjo un leve atraso”, según la redacción de la nota del 16 de agosto.
Al respecto, Ayales se desmarcó de lo publicado por ese medio, pues sus declaraciones, según dijo, se limitaron a reconocer que “salía agua”, sin usar “un nombre”.
El biólogo fue enfático en que no puede asegurar que se tratara del mencionado acuífero, pero apuntó al estudio original sobre la presencia de ese cuerpo de agua subterráneo como un indicio importante.
En el EsIA figuran fotos del bombeo de cantidad de agua desde la construcción en el mes de febrero, algo que el texto atribuye a “aguas estancadas por lluvia”. Pacheco cuestionó que en pleno verano se diera tal estancamiento de agua llovida.
“Si usted está construyendo y le aparece agua, y aunque los regentes ambientales en febrero dijeron que era agua de lluvia acumulada que estaban bombeando, ellos debieron haber sabido que eso jamás iba a ser agua de lluvia en febrero, en época seca. Se acercaron al acuífero, al nivel freático más cercano, y salió el agua”, sentenció.
El especialista observó con vehemencia que por esa razón era necesario un nuevo EsIA que, además, incluyera un dictamen del Servicio Nacional de Aguas Subterráneas, Riego y Avenamiento (Senara), el cual habría determinado a ciencia cierta la profundidad del acuífero en el sitio real de construcción.
“No afirmo que haya sido el acuífero el que salió ahí; quien puede decirlo y aún debería decirlo es Senara”, apuntó.
Ante ello, Cedeño aportó un estudio de hidrogeología que constituye un anexo en el EsIA, en el cual se señala que “en el área del proyecto, el nivel piezométrico –límite superior del acuífero– se encuentra a una profundidad de 80 metros.”.
Además, llamó la atención sobre que, en el primer proyecto (de dos edificios tipo puentes con dos pilastros cada uno), las excavaciones alcanzarían 20 a 25 metros. “Conceptualmente, siempre había que hacer en el mismo lote una excavación muy profunda”, acotó.
Ante una pregunta sobre el origen del agua que emergió, aseguró que “son aguas colgadas, niveles freáticos; pueden ser filtraciones de la red pluvial o sanitaria de la ciudad”. Además, dijo estar “100%” seguro de que no se tocó el acuífero.
Marlon Velásquez, director de Servicios Generales de la Asamblea Legislativa, relató que se hicieron tres perforaciones de 90 metros de profundidad en la zona donde se construye, las cuales son “estudios que pocas veces se han visto en la zona metropolitana”.
Indicó que con ello se levantó un perfil estratigráfico del sitio y “se inventarió con claridad cómo estaba el tema de las aguas; eso es garantía de que se verificó la profundidad”.
“Si se generó alguna duda, es porque alguien la planteó, ¿sobre la base de qué? Hemos hecho una gestión muy seria, basada en toda la reglamentación establecida por Setena”, sostuvo.
Velásquez aseveró que “hemos sido muy rigurosos y hemos ido más allá”, pues nos “hemos puesto como objetivos certificarnos Reset –desarrollada por el Instituto de Arquitectura Tropical–, también el sello de Bandera Azul y gestionar todo lo que tiene que ver con la parte operativa del edificio. Estamos comprometidos con el tema ambiental”.
Otro elemento criticado por Pacheco fue que, en el oficio SG-ASA-0495-2016, el entonces secretario general de Setena, Marco Arroyo, le informó al BCR, entre otras cosas, que “todos los elementos necesarios para una modificación del proyecto fueron presentados y cumplen con lo establecido por esta Secretaría”.
El biólogo criticó que “algo de tanta importancia fue autorizado con mucha ligereza”, pues, en su opinión, debió participar la comisión plenaria de Setena.
