Diversos economistas explicaron que un proyecto de ley que propone que los trabajadores puedan usar un 30% de sus ahorros en el Régimen Obligatorio de Pensiones (ROP) para pagar deudas con bancos, casas de empeños, cooperativas y asociaciones solidaristas significaría una descapitalización del ROP.
Asimismo, afirmaron que únicamente ayuda a los bancos a resolver la situación que ellos mismos han creado por generar un sobre endeudamiento en las personas e insistieron en que urge reducir el costo del financiamiento -tasas de crédito- en el país.
Se trata del primer proyecto de ley presentado el pasado 1 de mayo, al iniciar este nuevo periodo legislativo, bajo el título “Devolución del 30% del ROP para reducir el endeudamiento de los costarricenses” (Expediente 23.082).
El proyecto de ley fue presentado por el diputado liberacionista José Francisco Nicolás Alvarado, con el respaldo de otros diputados(as) de la Fracción del Partido Liberación Nacional (PLN).
Sin embargo, la idea fue mencionada por el equipo económico del excandidato liberacionista José María Figueres a mediados de marzo.
El texto señala que la persona trabajadora tendrá un plazo de hasta 12 meses para solicitar el porcentaje del ROP y deberá aportar el monto requerido y la entidad a la que se le girará el dinero. Luego la operadora de pensiones tendrá un plazo de 30 días para hacer los respectivos depósitos sin cargar comisión.
En caso de que las operadoras de pensiones no tengan flujo de caja, el Banco Central autorizará el encaje legal del Sistema Bancario Nacional para darles liquidez y de esta forma cubrir los pagos.
Los fondos serán inembargables y no podrán ser retenidos, agrega el proyecto.
El proyecto agrega un transitorio a la Ley de Protección al Trabajador para que diga que “por una única vez, se autoriza a todos los trabajadores afiliados a una Operadora de Pensiones Complementarias, a solicitar el traslado desde su cuenta, de un monto hasta el 30% de su saldo, para que realicen el pago de las deudas que tengan con el sistema financiero nacional, cooperativas, asociaciones solidaristas y casas de préstamo o empeño”.
“El trabajador deberá de aportar declaración jurada ante notario público con dos testigos, que certificará el monto de la deuda y el nombre del acreedor, a quien se le girará el monto de lo adeudado, para su cancelación,
En la exposición de motivos, el diputado Nicolás señala que “es preocupante” que los costarricenses cuenten con millones de colones en el ROP “pero que no puedan tener acceso a esos recursos mientras tienen que rematar sus posesiones para sobrevivir”.
“No podemos encontrar justificación para que las personas estén pasando terribles necesidades mientras tienen cuentas con millones de colones a su nombre, pero que son defendidas como intocables por las operadoras de pensiones”, agrega el legislador entrante.
También cita datos de la Oficina del Consumidor Financiero del 2021: El 74% de los costarricenses tienen algún tipo de deuda y en algunos casos, el pago de estos préstamos representa el 62,5% o más de sus ingresos. En otros casos superan hasta el 150% del ingreso percibido.
“Los que se salvan ahora son los bancos”
Para el economista Daniel Vartanián, “los que se salvan ahora son los bancos, pero no los trabajadores endeudados”, además de que alertó que la iniciativa implicaría “una descapitalización de los fondos de pensiones, que le ayuda a los bancos a resolver la situación que han creado con el sobreendeudamiento de las personas”
Vartanián aclaró que el 30% de los fondos del ROP de un trabajador se depositen directamente en el acreedor de un crédito, no pasa por las manos del trabajador. “No se le está devolviendo el dinero directamente al trabajador, que es el que practicó el ahorro de una parte de su salario para una pensión futura”.
El sector financiero en general está otorgando créditos de una forma muy libre, sin analizar la capacidad de pago de las personas y no siempre piden garantías como el caso de las tarjetas de crédito, explicó Vartanián.
“La gente toma créditos para una situación urgente y tal vez los trabajadores no están valorando que no van a tener aumentos de salario durante los próximos diez años. La gente siempre estuvo acostumbrada a que periódicamente tenían un aumento de salario, entonces si bien pasaban una situación angustiante al principio, en un segundo momento, cuando hubiera un aumento de salario, iban a poder cubrir las deudas”, continuó el economista.
Lo anterior es una de las razones por las que están abiertas casi 900.000 causas judiciales por falta de pago, lo cual representa 2 de cada 3 hogares tiene una persona demandada judicialmente por deudas, citó.
Mientras tanto, los bancos no bajan las tasas de interés. “Con las tasas de interés que cobran pueden enfrentar las pérdidas que producen los atrasos en los pagos o la falta de pago directamente. Se están utilizando los dineros para cubrir el faltante de recursos que está teniendo el sector financiero por no poder cobrar deudas incobrables. Al final se perjudica al trabajador, pero no ahora, sino cuando se vaya a pensionar”, destacó Vartanián.
“Es sin duda una descapitalización del ROP”
El economista y exviceministro de Hacienda, Fernando Rodríguez, reiteró que el proyecto de ley es sin duda una descapitalización del ROP, en momentos en que hay muchas preguntas alrededor del futuro del régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM).
“Imagínese lo que sería ver reducido el ROP en una proporción tan importante. Quitarle recursos al ROP no es una medida inocua, tiene sus consecuencias, pero además, hacer esto sin atender el costo del crédito va a ser una medida apenas de carácter temporal”, declaró Rodríguez.
Rodríguez también destacó el sobre endeudamiento de las personas por el alto costo del crédito en el país.
“Se busca resolver los problemas de flujo de caja de las familias, lo cual es positivo; pero si no entendemos los problemas estructurales de por qué endeudarse en Costa Rica es caro, en un futuro vamos a estar otra vez en el mismo punto, pero con un 30% menos de ahorros para la pensión”, aseveró.
En su criterio, no se resolverá el problema si no se dan las transformaciones para bajar el costo en el financiamiento, como inducir más competencia, y repensar el papel de la banca pública. “Siento que la banca pública no está funcionando para hacer llegar crédito barato a la gente”, dijo.
Durante la pandemia los bancos únicamente readecuaron algunos créditos. “Ahora salimos de la pandemia y la gente sigue pagando las mismas tasas de interés, no las vio reducirse nunca, con la consecuencia de que ahora venga un proceso de aumento de tasas de interés por la estación inflacionaria y más bien la gente empiece a pagar cuotas más elevadas. Urge entrarle al tema del costo del financiamiento en el país, al costo de las tasas reales”, insistió Rodríguez.
“Tasa abusivamente altas”
El economista y exdiputado por el Partido Acción Ciudadana (PAC), Welmer Ramos, coincidió en que este es el inicio de una discusión que debe dar el país para solucionar el sobre endeudamiento de las personas, “sabiendo que en una deuda hay dos responsables, el que pide la plata y el que la otorga”.
Ramos ha dicho que el problema sobre endeudamiento de las personas por créditos de consumo y personales no es culpa de las personas, sino de una acción agresiva de los entes financieros en general que se aprovechan de la ignorancia de las personas. “Les dicen ‘consuma hoy y pague después’; pero es ‘consuma hoy y pague tres veces después’”.
“Las tasas son abusivamente altas en Costa Rica, aún con los límites que tiene la usura”. Ramos explicó que los entes financieros crean una burbuja de riesgo, y cuando aquí se dispara el desempleo, o hay una caída en los ingresos de los cuenta-propia corren a ver cómo van a resarcir esas pérdidas que se empiezan a materializar. La tasa de interés alta es para tener un seguro, porque como le están cobrando a muchos entonces si alguien no paga, tienen un respaldo.
“Hace falta que haya la posibilidad de que las personas se puedan declarar en quiebra. Si alguien está hasta el alma de deudas, va ante un juez y le dice ‘vea señor juez, yo necesito comer, tengo un carro y mi sueldo, no puedo vivir esta vida porque me están sobrando 30.000 colones al mes y no puedo estar aguantando hambre’. El juez lo declara imposibilitado para que le den créditos, se somete a un plan de educación financiera, le destinan un monto justo para alimentación y queda obligado a pagar un monto por cierto número de años, explicó Ramos.
Por otra parte, Albino Vargas, secretario general de la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (Anep) destacó que estos dineros serían directamente transferidos “a los bancos, a garroteras, a cooperativas de ahorro y crédito que hoy están en la lógica del sistema financiero y no en la lógica original del beneficio mutuo”.
“Creemos que si están hablando de social democracia, lo que corresponde es una condonación del 30% de las deudas porque los intereses de usura de este tipo de créditos han pagado y requete pagado esas deudas. Si quieren dinamizar el mercado y liberar de la esclavitud de deudas a la parte obrera lo que corresponde es una condonación, como han hecho condonaciones grandes a empresarios endeudados”, expresó Vargas.
