Cuando el 26 de marzo la Unión de Cámaras y Asociaciones del Sector Empresarial Privado (Uccaep) solicitó al Poder Ejecutivo entre otras cosas la “flexibilización del registro de agroquímicos” supuestamente para paliar la crisis por el coronavirus, en realidad llegó tarde a la cita, pues desde el día 13 ya se había firmado un decreto que precisamente permite la importación de esos productos sin ser evaluados por autoridades nacionales.
Así lo denunció mediante un comunicado la Federación Ecologista (Fecon), en el que acusa al gobierno de Carlos Alvarado de “complacer los intereses de los importadores de agrovenenos”.
Se trata del Decreto N° 42262-S, titulado “Reconocimiento de de la Evaluación y Aprobación de informes finales de estudios toxicológicos por parte de las autoridades reguladoras de países que pertenecen a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) para el registro de ingredientes activos grado técnico para la formulación de plaguicidas”.
El ingrediente activo grado técnico (IAGT) es el componente esencial de los agroquímicos que luego se comercializan bajo distintas formulaciones. En Costa Rica la distribución y aplicación de dichos productos en el campo (fertilizantes, plaguicidas y demás), requiere que estén debidamente registrados ante el Servicio Fitosanitario del Estado (SFE), tras un proceso de evaluación que incluye al Ministerio de Salud, pero la administración Solís emitió una serie de decretos con los que buscó agilizar ese proceso e inclusive que el registro en otros países se asumiera como válido.
Sin embargo, diferentes organizaciones ecologistas lograron detener las aplicación de esos decretos al conseguir que la Sala Constitucional admitiera acciones de inconstitucionalidad, pues han alegado que estudios realizados en otros países, incluso del hemisferio norte, no necesariamente atienden condiciones propias de Costa Rica, como el clima tropical o la alta concentración de biodiversidad.
Ello ha causado que reiteradamente las cámaras empresariales de la agroindustria hayan manifestado su descontento.
Gobierno OCDE
Ahora, en el contexto de la crisis económica y sanitaria causada por el coronavirus SARS-CoV-2, el gobierno de Carlos Alvarado emitió el mencionado decreto con el que no hace sino reeditar uno de los decretos de la administración Rivera que se encuentra impugnado ante la Sala Constitucional.
En efecto, decreto N° 40059-MAG-MINAE-S “Reglamento Técnico: RTCR 484:2016”, publicado en enero de 2017, establecía el reconocimiento de Estados Unidos, la Unión Europea (UE) y los países de la OCDE como “referencia para efectos de aplicar el registro de IAGT por incorporación que aquí se establece”.
En los considerandos de la nueva normativa promulgada por el presidente Carlos Alvarado y el ministro de Salud, Daniel Salas, se menciona que el Ministerio de Salud “analizó las actividades de regulación y control que realizan las autoridades reguladoras de los países” de la OCDE respecto al registro sanitario de los IAGT y “desde el punto de vista toxicológico garantizan un nivel de protección y prevención de riesgo igual o superior al que permite la institucionalidad y normativa costarricense en la materia”.
El documento añade que la Dirección de Regulación de Productos de Interés Sanitario, de ese Ministerio, fue la que determinó el reconocimiento de las evaluaciones de los estudios toxicológicos realizadas por esos países.
Posteriormente, la administración Alvarado emitió la Directriz 085 MIDEPLAN-MEIC, de los ministerios de Planificación y de Economía, Industria y Comercio, que en esencia “brinda a los empresarios importadores de venenos la posibilidad mediante una declaración jurada evadir la evaluación de riesgo y además obliga al Ministerio de Ambiente y Energía (Minae) a tramitar estos permisos en menos de 44 días”, según cita el comunicado de Fecon.
“Resulta categóricamente lamentable que el Gobierno de la República busque el oscurantismo en medio de la emergencia por el COVID-19, en lugar de escuchar las disposiciones legales y los argumentos técnicos y científicos a favor de la vida, y por lo tanto poniendo al agronegocio por encima de la salud pública, una vez más”, concluye el comunicado.
