Luego de más de cien exposiciones de participantes de toda América Latina, el II Congreso Latinoamericano de Conflictos Ambientales (COLCA) 2016 denunció un incremento en la conflictividad generada en el continente alrededor de la defensa del medio ambiente.
En efecto, el informe “En Terreno Peligroso”, editado por la organización Global Witness, detalla que en el 2015 fueron documentados 185 asesinatos de activistas del medio ambiente en 16 países, lo cual representa un aumento del 59% respecto a 2014 y la cifra anual más alta jamás registrada.
El COLCA se realizó entre el 12 y el 16 de setiembre en el Auditorio de la Ciudad de la Investigación de la UCR y contó con la participación de expositores y activistas de todo el continente, incluido el mexicano Gustavo Castro, de la organización Otros Mundos – Amigos de la Tierra y quien fue testigo del asesinato de la líder indígena hondureña Berta Cáceres.
A través de un comunicado, la Fundación Neotrópica -instancia organizadora del evento junto a la UCR y el Tribunal Ambiental Administrativo (TAA)- subrayó que una de las principales causas de ese incremento en la conflictividad es “la transición de la economía regional hacia el neo-extractivismo”, el cual se define como un proceso que promueve economías extractivistas o basadas en servicios complementarios como la energía, la logística del transporte y el comercio.
La Fundación Neotrópica apuntó como principales disparadores de conflictos a la minería, las plantaciones y el uso del agua.
Durante el Congreso se discutieron 48 casos de conflictos socioambientales relacionados a controversias en sitios urbanos y periurbanos, a actividades de plantaciones, conflictos marinos y en humedales costeros, mineros, de cambio climáticos y algunos relacionados con la conservación de la biodiversidad y el uso del recurso hídrico.
SOLIDARIDAD NECESARIA
El citado informe de Global Witness -dedicado a la memoria de Berta Cáceres- apunta también que los países en que se dieron más asesinatos de activistas del ambiente durante el 2015 fueron Brasil, con 50 asesinatos; Filipinas, con 33, Colombia, con 26; Perú, con 12; en Nicaragua fueron asesinadas 12 personas por estos motivos, en Guatemala diez y en Honduras ocho.
El sector de la minería fue el que más vidas cobró, pues implicó 42 asesinatos el año pasado, aunque “la agroindustria, las presas hidroeléctricas y la tala también se encontraban entre las principales causas de la violencia”.
Ese informe llama la atención al hecho de que por cada asesinato que se puede documentar, hay otros que no pueden verificarse o que no se denuncian, al tiempo que por cada vida que se pierde, muchas otras son “arruinadas” por la violencia, las amenazas y la intimidación.
El director ejecutivo de la Fundación Neotrópica Bernardo Aguilar, destacó el desarrollo de herramientas de monitoreo de esta dura realidad, como el Atlas Mundial de Justicia Ambiental.
Aguilar sentenció que “se deben apoyar las redes de solidaridad y trabajo conjunto” entre la academia, organizaciones no gubernamentales (ONG) y organizaciones locales no sólo para denunciar los conflictos y proteger a los defensores del ambiente, sino en busca de lograr reformas institucionales que garanticen “los derechos de información y participación que están adjuntos a los derechos a un ambiente sano, promover modelos de democracia política y económica que favorezcan modificaciones de las condiciones estructurales que generan la conflictividad”.