País

Ecologistas denuncian al gobierno por incumplir sentencia en caso de minería ilegal en Crucitas

En setiembre la Sala IV ordenó al gobierno definir, en tres meses, un plan de contención para la minería ilegal en la zona Crucitas, pero el mismo no ha sido presentado. El no acatamiento de la sentencia podría tener consecuencias para la administración Chaves.

La Federación Costarricense para la Conservación del Ambiente denunció al Gobierno ante la Sala Constitucional por incumplir la sentencia dada en setiembre pasado en el caso de minería ilegal en Crucitas.

En setiembre esa Sala ordenó al gobierno definir en tres meses un plan «en el que se tomen las medidas de seguridad que correspondan para que se defina un plan de contención para la minería ilegal en la zona Crucitas».

Además indicó que a partir de ese plan debería realizar una valoración de la magnitud e intensidad del daño ambiental, hacer el levantamiento
topográfico de los cuerpos de agua, la valoración y muestreos de los niveles de mercurio en agua, suelo y sedimentos, establecer una línea base de seguimiento y tomar medidas para remediar los daños ambientales.

En un plazo máximo de 18 meses después de la presentación del plan, estableció la Sala, deberían estarse ejecutando acciones remediales mediante un cronograma de actividades con autoridades responsables puntuales.

A la fecha, sin embargo,  «no existe evidencia de que estos planes de mitigación fueran realizados por parte de las autoridades, mucho menos se han desarrollado acciones como las exigidas por el alto tribunal de justicial», afirma Fecon.

El abogado ecologista Álvaro Sagot dijo que, a la fecha de presentación de su gestión, el 27 de junio de 2022, ni el Ministerio de Ambiente y Energía ni el Ministerio de Salud les había brindado respuesta alos escritos de denuncia que habían presentado los grupos ecologistas, en los cuales incluso habían aportado un cronograma del Plan de Restauración y Mitigación de daños ambientales en la Zona Norte y por esa causa, acudieron a la Sala Constitucional para pedir que declare en desobediencia a la administración, lo que podría traer consecuencias para la administración Chaves.

Así, indica el comunicado de los ambientalistas, el poder ejecutivo debe demostrar el cumplimiento de la sentencia judicial y de no hacerlo, podría darse “la apertura de un procedimiento administrativo contra el funcionario remiso a cumplir con lo resuelto por esta Sala y, ademas, que se ordene testimoniar piezas ante el Ministerio Público por la eventual comisión del delito de desobediencia.”

La oficina de prensa de la sala comunicó que el Ejecutivo respondió la solicitud de información y la gestión será resuelta próximamente. Se solicitó al gobierno dicha respuesta pero al cierre de esta nota, no se ha remitido el documento.

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