Empresas Berthier EBI de Costa Rica S.A., que posee entre otros el llamado Parque de Tecnología Ambiental La Uruka, en La Carpio, tiene prácticamente la misma junta directiva que Bajo Pita S.A., empresa que tramitó ante la Municipalidad de Alajuela y ante la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (Setena) el proyecto de otro relleno sanitario en Turrúcares de Alajuela.
De acuerdo a la información registral, en Empresas Berthier EBI de Costa Rica figuran Michael Sylvestre, como presidente; Bianca Sylvestre, como secretaria; y Jordan Pelletier como tesorero.
En el caso de Bajo Pita S.A., se consigna al mismo Jordan Pelletier como presidente, a Bianca Sylvestre como tesorera y aparece Julien Charbonneau como secretario.
Si bien no es ningún secreto que EBI se valió de diferentes sociedades anónimas para gestionar el proyecto de Turrúcares, el hecho de que esas personas aparezcan en ambas juntas directivas presenta la duda de si se trata de hecho de las personas dueñas del capital accionario de las empresas.
Al respecto, desde EBI de Costa Rica se recibió respuesta por escrito de su gerente general, Patricia Campos, quien aseveró que “lo que podemos indicar es que de conformidad con la legislación comercial y financiera, Ebi de Costa Rica, S.A. y Bajo Pita S.A. pertenecen al mismo grupo de interés económico”.
A la pregunta de bajo qué otras sociedades anónimas se tramitaron permisos de uso de suelo en la Municipalidad de Alajuela, Campos explicó que “cuando la empresa busca hacer adquisiciones para desarrollar proyectos, es necesario, por un tema de seguridad jurídica, pedirle al propietario vendedor que proporcione los usos de suelo con las especificaciones de la actividad que se pretende desarrollar, por esa razón en este caso, los usos de suelo originales fueron emitidos a nombre del propietario anterior, y existe un uso de suelo que fue gestionado posterior a la compra, que se encuentra a nombre de Bajo Pita S.A., para un total de cinco usos de suelo conformes, todos los cuales han sido impugnados por vía judicial”.
El pasado 30 de junio desde el Concejo Municipal de Alajuela se envió oficio a Gilbert Jiménez, diputado que preside la Comisión de Ambiente de la Asamblea Legislativa, para solicitar una audiencia para conocer las viabilidades ambientales otorgadas a la Empresa Bajo Pita S.A.
Al respecto, la gerente de EBI contestó que ese proyecto cuenta viabilidad ambiental desde 2016, “sin embargo, la Municipalidad de Alajuela, a través de diferentes administraciones y acuerdos que consideramos ilegales emitidos por su Concejo, y en contubernio con terceros contratados por nuestra competencia, así como opositores del proyecto, han bloqueado la aprobación con gestiones que han fracasado en instancias administrativas y judiciales”.
Recalcó que “ha sido valorado por todas las entidades técnicas que valoran temas ambientales y de salud pública, tal como: Setena, Senara (Servicio Nacional de Aguas Subterráneas, Riego y Avenamiento), Aviación Civil, Colegio de Ingenieros, Ministerio de Salud y otras, lo cual demuestra que no existe conflicto entre el proyecto y las normas ambientales del país”.
Campos añadió que por ello “en un Estado de Derecho, lo que se pueda valorar en una Comisión de la Asamblea, no podría alterar los estudios técnicos avalados por las entidades competentes, ni lo resuelto por los Tribunales de Justicia”.
¿Dos años de vida a La Carpio?
El pasado 15 de junio UNIVERSIDAD publicó un reportaje sobre la oposición de la comunidad de Turrúcares a la iniciativa y el hecho de que el relleno de La Carpio tiene sus días contados, pues está próximo a alcanzar la cota de altura o tope de crecimiento al relleno, establecido en 1.005 metros sobre el nivel del mar (msnm).
Además se consignó un oficio en que se citó a un funcionario de la empresa aseverar que “el cierre técnico del relleno sanitario de la Uruca (…) depende de la aprobación del relleno sanitario de Turrúcares de Alajuela”. En esa oportunidad la empresa no respondió las consultas de UNIVERSIDAD.
Mientras tanto, desde el Ministerio de Salud se informó que la última medición de la cota se realizó el 14 y 15 de febrero pasado y arrojó un resultado de 996,2 msnm.
El presidente del Concejo Municipal de Alajuela, Randall Barquero, respecto al relleno sanitario en Turrúcares dijo que “desde el inicio hay un problema de que los usos de suelo fueron mal otorgados, eso quiere decir que esa actividad conforme al plan regulador vigente no es permitida en esas propiedades”.
Sobre los terrenos donde EBI pretende instalar el relleno, Barquero manifestó que “claro que está el cañón del río Virilla, claro que está el corredor biológico Garcimuñoz, claro que hay una naciente y si hay una naciente obviamente hay un flujo de agua subterráneo”.
Añadió que “ellos (la empresa Bajo Pita) han presionado mucho con los tiempos, están encima”.
El funcionario informó de una reunión que se realizó a instancias del Instituto de Fomento y Asesoría Municipal (IFAM), realizada el 18 de junio, en la que participó él, la viceministra de Salud, Carolina Garro, y “un personero de EBI”, cuyo nombre no pudo precisar.
“Sobre el relleno de La Carpio —informó Barquero— se mencionó que hay que ir pensando que le quedan como dos años. Que entonces el Gobierno cree que ya la papa se les está comenzando a calentar, les va a tocar cerrar La Carpio y ver dónde va el nuevo receptor de residuos”.
El regidor añadió que encontró una actitud “muy receptiva” en la viceministra Garro y ante la pregunta de si las autoridades del Ministerio de Salud comprenden los puntos en contra del proyecto en Turrúcares, replicó que “sí, que a como está planteado no corresponde ni a las tecnologías de punta que merecemos, ni cumple con los objetivos de desarrollo sostenible (ODS) ni con la ley”.
Desde ese Ministerio se detalló que en el año 2014 otorgó el “visto bueno de Ubicación al Proyecto Relleno sanitario Bajo Pita con fundamento en el Decreto Ejecutivo N° 27378-S vigente en ese momento”.
Luego en 2019 la Unidad de Rectoría de la Salud de Alajuela otorgó el permiso de Ubicación de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales del Proyecto Parque Industrial Bajo Pita (Relleno Sanitario Bajo Pita). “Sin embargo, en julio del 2019 el Consejo Municipal de la Municipalidad de Alajuela comunica la oposición al desarrollo del Proyecto de construcción de dicho Relleno”, apunta la información recibida.
Ante la consulta de cuál es la posición de la ministra Joselyn Chacón, se replicó que “a la fecha este proceso se encuentra en trámite en los tribunales correspondientes lo que detiene el proceso en las diferentes instancias y no podemos brindar mayor detalle al respecto”.
Periplo legal
Tal como se informó en el primer reportaje, un punto álgido es el cuestionamiento sobre los permisos de uso de suelo en las propiedades en las que se pretende desarrollar el relleno sanitario.
En esa oportunidad se consignó un estudio realizado por un ingeniero que demostró que, de acuerdo al plan regulador del cantón, la zonificación de esos terrenos no permite el tipo de uso de suelo requerido por la empresa.
Además, el abogado ambientalista Álvaro Sagot relató que, durante la gestión de Roberto Thompson como alcalde, se presentó un proceso de lesividad ante el Tribunal Contencioso Administrativo para anular esos permisos.
Según dijo, un juez de ese tribunal ordenó el archivo del proceso de lesividad porque la Municipalidad no había logrado notificar a todas las sociedades anónimas implicadas como dueñas de los terrenos. Ese acto del juez fue impugnado, pero informó que la sucesora de Thompson, Laura Chaves, contrató asesoría legal más bien para presentar una solicitud de desestimiento de la demanda.
Ante ello, ahora el abogado Rafael Rojas, a quien la entonces alcaldesa contrató como asesor de la Alcaldía, explicó que la medida tomada se debió a que, ante el escenario de que en el Contencioso se había ordenado el archivo del proceso de lesividad, se recurrió a jurisprudencia de la Sala Constitucional, según la cual ante la aparición de un hecho sobrevenido, es decir, desconocido al momento de otorgar los permisos, estos se pueden anular.
En este caso, el hecho sobrevenido fue que el relleno sanitario se ubicaría “encima de un cuerpo de agua, lo afecta y lo contamina. Un cuerpo de agua que ni siquiera se menciona en el estudio de impacto ambiental, menos se comprometen a protegerlo porque estos son asesinos del ambiente”.
Según explicó Rojas, quien no se guardó calificativos negativos sobre Sagot, la decisión de retirar la apelación al archivo del proceso de lesividad obedeció a la estrategia de proceder según el nuevo escenario del hecho sobrevenido, “para que quedara el camino limpio y proceder con el acto administrativo de anular el uso de suelo dado”. Ello es necesario, pues de lo contrario hubiera dado paso a que la empresa acudiera al Contencioso a buscar la nulidad de la resolución que anula el uso de suelo.
En el oficio, mediante el cual el Concejo Municipal pide audiencia a la Comisión de Ambiente de la Asamblea Legislativa, se citan varios oficios internos, en uno de los cuales el Departamento Legal recomienda que se vuelva a plantear el tema por la vía contencioso administrativa.
