“El cierre técnico del relleno sanitario de la Uruca, esperado por mucho tiempo principalmente por los vecinos de las comunidades cercanas, depende de la aprobación del relleno sanitario de Turrúcares de Alajuela”.
Esas palabras con tono de ultimátum fueron consignadas a Óscar Guzmán, gerente técnico de la empresa EBI, en un oficio del pasado 3 de junio enviado a la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (Setena) por Osvaldo Chavarría, coordinador de la Comisión Mixta de Monitoreo y Control Ambiental (Comima), del proyecto Parque de Tecnología Ambiental la Uruka, más conocido como relleno sanitario de La Carpio.
La Comima es una instancia participativa de control y seguimiento ambiental de actividades, obras o proyectos con evaluación de impacto ambiental (EIA) aprobada, cuya conformación es determinada por la Setena. Se integra por al menos una persona funcionaria de esa Secretaría, un representante del desarrollador, un representante de la municipalidad y un representante de las organizaciones comunales del lugar donde se desarrollará el proyecto.
“Va a ser un caos, simplemente vamos a perder la paz en todos los aspectos”, Karla Segura.
Esa misiva y el tono de las palabras atribuidas al funcionario de la empresa generaron no poco malestar en el mencionado distrito alajuelense de Turrúcares, donde EBI pretende trasladar sus operaciones tras el cierre técnico del relleno de La Carpio, ya en proceso.
El proyecto en este caso se denomina Parque Industrial Bajo Pita y se ubica en una zona agreste aledaña al cantón josefino de Mora. Implica cinco terrenos o lotes diferentes, uno de los cuales incluso aloja una naciente de agua.
Se buscó la posición de la empresa sobre el tema y tras llamar por teléfono se obtuvo una dirección de correo electrónico a la que se enviaron preguntas sobre el nivel de altura ya alcanzado en La Carpio y la oposición de la comunidad en Turrúcares, pero al cierre de edición no se obtuvo respuesta.
Cuenta regresiva en La Carpio
Fue en el año 2000 que inició operaciones el relleno sanitario La Carpio, denominado “Parque de Tecnología Ambiental La Uruka”, tras recibir la viabilidad ambiental de la Setena. En ese momento, se aprobó una vida útil de unos 17 años, con una cota máxima de elevación —o tope de altura del relleno— de 985 metros sobre el nivel del mar (msnm), que fue propuesto por la propia empresa operadora Berthier EBI de Costa Rica S.A.
Sin embargo, incluso desde que antes que se alcanzara ese límite máximo, las autoridades tanto del Ministerio de Salud como de la Setena han avalado prórrogas al funcionamiento del relleno, al dar visto bueno a sucesivos aumentos de esa cota máxima de elevación (Ver: EBI en La Carpio).
Esa situación llevó a que en setiembre de 2020 una vecina de la comunidad de Cariari, que pertenece al cantón herediano de Belén, presentara un recurso de amparo ante la Sala Constitucional contra la Setena y el Ministerio de Salud.
La Sala Constitucional emitió en junio de 2021 una resolución mediante la cual declaró sin lugar el recurso, pues determinó que ambas instituciones han actuado dentro del marco de sus competencias a derecho.
Sin embargo, les advirtió que, de acuerdo a los criterios técnicos aportados respecto al relleno y según disposiciones del Tribunal Ambiental Administrativo (TAA), “la cota de elevación del Parque Tecnológico Ambiental La Uruka, no podrá superar los 1005 msnm, siendo que una vez alcanzado ese nivel, deberá cesar el funcionamiento de dicho relleno sanitario”.
Es decir, ese tribunal salió al paso de las reiteradas prórrogas al funcionamiento del PTA La Uruka, al imponer como cota definitiva esos 1005 msnm. La Sala IV además ordenó que “entre tanto se alcanza dicha cota, deberán mantenerse vigilantes y ejecutar todas aquellas acciones que resulten necesarias para garantizar el equilibrio ambiental en la operación del botadero de basura”.
Álvaro Sagot, abogado ambientalista quien ha llevado el caso tanto para las personas vecinas de Cariari respecto al relleno de La Carpio, como a las de Turrúcares, observó que es “simpático, triste y curioso” que justo mientras se tramitaba el amparo se modificó de nuevo la cota máxima avalada por el Ministerio de Salud: “creo que la Sala Constitucional vio que definitivamente si existía un juego en la parte institucional y de parte de la empresa, por eso estableció esa cota máxima de 1005 msnm”.
El abogado además informó que, recién el pasado 10 de junio, otra vecina de Cariari presentó una solicitud al Ministerio de Salud para hacer una nueva medición topográfica de la altura alcanzada por el relleno sanitario, al tiempo que recordó la fatídica orden de la Sala Constitucional.
Sagot subrayó que el relleno de La Carpio “superó la vida útil inicial hace diez años”, por lo que juzgó como “inmoral”, tras haber prolongado más de diez años la vida del proyecto, “salir hoy en día con esa presión institucional”, refiriéndose al criterio ya citado del Gerente Técnico de EBI, quien dijo que el cierre de La Carpio “depende” de que se apruebe el proyecto en Turrúcares.
Por ello insistió en destacar lo ordenado por la Sala IV, “si nos ponemos a considerar el historial que se ha tenido, donde si no es la Setena es el Ministerio de Salud y más recientemente la empresa, es muy probable que se pueda caer en ese juego y venir a hacer interminable la vida útil de un relleno sanitario, es el temor que se tiene por parte de la gente de Cariari y también por parte de la gente de La Carpio”.
Sobre el caso de Cariari, dijo que desde hace unos diez años viene con reclamos con mayor insistencia, pues “el problema de los malos olores no se previó que trascendieran más allá del cañón del río Virilla”.
“A la gente de Cariari, a pesar de estar dentro del área de influencia por problemas de malos olores, nunca los consideraron como parte, presentaron reclamos administrativos, verbales, se trató de caer en un diálogo con la empresa, el Ministerio de Salud y Setena, pero fue infértil”, lamentó.
Relató que, tras presentar una denuncia ante el TAA, esa instancia resolvió que había una “situación de incertidumbre respecto a cota máxima para que el relleno alcanzara su vida útil”.
Añadió que esa cota máxima original de 985 msnm fue alcanzada “recién terminado proceso” ante el TAA, y cuando se presentó un reclamo ante Setena y el Ministerio de Salud, “declaran que lo que el TAA resolvió no los afectaba, me parecía un corto circuito, dijeron que no había por qué atenerse a lo que dijo el TAA en una evidente desobediencia a la autoridad”.
Fue entonces cuando se presentó el citado amparo ante la Sala Constitucional.
Turrúcares en contra
“Va a ser un caos, simplemente, vamos a perder la paz en todos los aspectos”, dijo la activista turrucareña Karla Segura, respecto a la posibilidad de que se concrete la instalación del denominado Parque Industrial Bajo Pita.
El relleno sanitario que EBI pretende instalar en el sector del mismo nombre, abarca cinco propiedades colindantes para un total de unas 84 hectáreas en la localidad de San Miguel, una zona que implica al ya castigado río Virilla, al río Picagres, en el que la gente todavía se puede bañar, e incluso a una naciente de agua, según informó.
Entre las razones para oponerse, apuntó el tema de las vías de acceso en la comunidad, calles que en muchos casos no están en buen estado y que en todo caso no tienen las dimensiones para manejar el tránsito de camiones que implicaría un relleno.
Destacó también que afectará al corredor biológico Garcimuñoz, que llega hasta el Parque Nacional Carara.
Tras apuntar la amenaza de los malos olores y el hecho de que un relleno como tal sería “un contraste increíble entre lo que es el paisaje y el tema ambiental”, denunció que hace dos o tres meses, vecinos cercanos a los terrenos donde EBI pretende instalarse reportaron “movimientos de vehículos sacando árboles”.
Ante la pregunta de si la empresa ha metido el acelerador, Segura replicó que “sí, sentimos que la empresa está sumamente presionada”.
Por otra parte, manifestó que la respuesta comunitaria ha sido positiva, “cuando hemos hecho el llamado, la respuesta ha sido muy, muy buena, el pueblo ha respondido, lo tiene claro. Sin embargo, la empresa se ha empezado a meter ya hay gente que trabaja para ellos y ya empiezan a incluso a ofrecer dineros”.
Un tema polémico citado por la activista es el de los permisos de uso de suelo que EBI, a través de varias sociedades anónimas, logró en la Municipalidad de Alajuela para los terrenos donde instalaría el proyecto.
En ese sentido, aportó un informe técnico de noviembre de 2012 elaborado por un ingeniero sobre los usos de suelo aprobados por la Municipalidad de Alajuela para el proyecto de EBI, en el que comparó la ubicación de los terrenos con los mapas de zonificación del Plan Regulador aún vigente.
Apunta que la empresa presentó solicitudes para “construcción de planta procesadora de desechos sólidos” y “se aprobó indicando que la zona donde se ubican los terrenos es de zona agropecuaria según el Plan Regulador”.
Sin embargo, determinó que en realidad “las cinco propiedades se ubican mayoritariamente en zonas residencia semi urbana y en zonas de protección”, lo cual riñe con el uso industrial requerido por la empresa.
El abogado Sagot explicó que ello significa que los usos de suelo aprobados por la Municipalidad “estaban viciados con nulidad absoluta”.
Dijo que por ello el entonces alcalde Roberto Thompson presentó un proceso contencioso administrativo de lesividad, para anular esos permisos de uso de suelo que “fueron entregados en cuestión de horas”. Ello evidentemente sería un golpe fatal para las pretensiones de la empresa.
Sin embargo, al asumir Thompson como diputado en 2018, su sucesora Laura María Chaves contrató un abogado externo y más bien presentó una solicitud de desistimiento de la demanda.
Esa solicitud es tanto más contradictoria ante el hecho de que la misma Municipalidad había presentado un recurso en contra de la decisión de un juez contencioso, quien había ordenado el archivo del caso porque ese gobierno local no había logrado notificar a una de las cinco sociedades dueñas de los terrenos en Turrúcares. “Uno no entiende qué pasó con la alcaldesa ni con ese abogado externo”, sentenció Sagot.
Sin embargo, ese recurso llegó hasta la Sala I de la Corte Suprema de Justicia, que preguntó a la alcaldesa Chaves si para presentar la solicitud de desistimiento medió una autorización del Consejo Municipal, lo cual no se dio.
“La alcaldesa le pasó por encima al Consejo, lo que quiso hacer con ese abogado externo está en discusión ante Sala I, eso significa que el proceso contencioso está plenamente vigente, que la Municipalidad mantiene un proceso para anular los usos de suelo otorgados”, resumió Sagot.
