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Dudas ponen en “veremos” plan del Gobierno de cubrir con una póliza especial al gabinete ante procesos judiciales

Ante cuestionamientos y críticas, el Ministerio de Hacienda decide consultar a la Procuraduría aspectos legales del “Seguro de Responsabilidad Civil para Jerarcas” que se pagaría con casi medio millón de dólares procedentes de las arcas públicas, para “resguardar la integridad patrimonial de los jerarcas”.

Si un ministro es demandado por haber tomado una decisión ilegal, el Estado cubrirá como nunca antes los costos de los abogados defensores, las fianzas, la gestión de relaciones públicas para reducir el daño reputacional, embargos, responsabilidades civiles en casos de perjuicio al patrimonio ambiental del país y hasta un eventual proceso de extradición, en caso de ser necesario.

Ese es el deseo del Gobierno para evitar que el presidente Rodrigo Chaves, sus ministros o sus viceministros vean afectado su patrimonio económico por procesos legales asociados a las decisiones que toman en el ejercicio de sus funciones públicas, salvo cuando en una sentencia se demuestre que actuaron con intención de provocar el daño o violar la ley. Incluso cuando tengan la culpa habrá un seguro pagado de casi medio millón de dólares del Estado, cada año, para evitar que los políticos del Poder Ejecutivo gasten su dinero propio. O al menos ese era el plan.

La póliza acordada entre el Ministerio de Hacienda y el Instituto Nacional de Seguros (INS) avanzaba sin conocerse hasta que el medio CRHoy la detectó en el Sistema Integrado de Compras Públicas (Sicop). La publicación provocó duras críticas de abogados y en redes sociales, objeción de la Contraloría General de la República (CGR) y denuncias penales contra Chaves y contra el ministro de Hacienda, Nogui Acosta, como responsable de ese contrato, así como denuncias ante la Procuraduría de la Ética Pública.

Los cuestionamientos fueron tales que, al cuarto día, salió Nogui Acosta a tratar de justificar la adquisición excepcional de esa póliza como una necesidad para que 65 miembros del gabinete pueda tomar decisiones sin temor a represalias económicas, aunque se trate de actos ilegales, pero avisó de que pondrá en pausa la contratación del seguro para consultar los detalles a la Procuraduría General de la República (PGR), ente que funge como abogado del Estado.

“Para zanjar cualquier duda, vamos a volver a preguntar a la Procuraduría General de la República cómo deberíamos aplicar la norma. Esto es para asegurar una defensa adecuada de abogados en las denuncias que se presentan contra funcionarios públicos”, defendió el ministro Acosta al reportar la intención de poner en pausa el proceso, aunque refirió a un criterio previo de la PGR en el cual se habrían basado para plantear el uso de dinero público para pagar un seguro a favor del gabinete.

En el SICOP, el expediente 2024PX-000002-0009100001 indica que el objetivo es “Proteger y defender al estado económicamente de pérdidas por actuaciones dirigidas a satisfacer el interés público”, sin mencionar el patrimonio privado de los jerarcas.

El oficio PGR-C-014-2024, del 5 de febrero, respondió al documento MP-DMP-OF-2024-0026, firmado por la ahora exministra de la Presidencia, Natalia Díaz Quintana, e indicó que son las autoridades las que deben decidir qué pólizas consideran necesarias para el correcto desempeño de sus funciones.  “Debemos remitirnos al numeral 7 de la Ley Reguladora del Mercado de Seguros, que señala que  el Estado contratará ‘todos los seguros necesarios para la satisfacción de sus necesidades’”.

“La determinación de la necesidad institucional y del seguro que mejor la satisfaga puede ser dispuesto de forma discrecional y la decisión adoptada debe ser acorde con los numerales 15, 16 y 160 de la Ley General de Administración Pública”, añade el criterio de la PGR, que sí señala la obligación de que cualquier adquisición de pólizas por parte del Gobierno se contraten con el Instituto Nacional de Seguros (INS), como proveedor estatal.

Acosta, acompañado en esta ocasión por el vicepresidente Steffan Brunner, insistió en la conveniencia de pagar una póliza como esta con fondos públicos porque, dice, es la Administración la principal beneficiada, dado que los jerarcas pueden así tomar decisiones sin el amedrentamiento que significa una denuncia judicial y la necesidad de sacar recursos propios para defenderse, para librar la batalla reputacional en la opinión pública o para pagar la responsabilidad civil. Además, aseguró que no hubo ningún problema en encontrar los fondos para ello.

El Ministro dijo que este tipo de póliza se usa en otros países y que ahí no se ha utilizado porque “es caro no saber”; además de asegurar que no se aplicará cuando se demuestre en sentencia judicial que hay dolo, en cuyo caso el funcionario deberá devolver lo correspondiente a los recursos utilizados en su favor, como ha ocurrido en Gobiernos anteriores o incluso con jerarcas actuales.

Un ejemplo es el de la presidenta de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), Marta Eugenia Esquivel, suspendida temporalmente de ese cargo por sospechosa en el caso Barrenador, el cual detonó en septiembre; ella debió contratar un abogado penalista para defenderse del proceso y de los cargos que se le imputan al aprobar contratos con sobreprecios a favor de empresas para tercerizar el manejo de clínicas públicas.

El jerarca Acosta admitió que con esta póliza solo se cubre al gabinete del Presidente, no a otros altos funcionarios de las instituciones públicas que también se exponen a gastar su dinero propio para afrontar posibles procesos judiciales.

La CGR, la PGR y el Ministerio Público tienen en sus manos denuncias por este seguro. En la Contraloría advierten de que esta póliza debe ser pagada por cada funcionario, no por el Estado, aunque Nogui Acosta rebatió ese argumento advirtiendo que ya existe un seguro para proteger al Estado de consecuencias derivadas de actos de los funcionarios, pero que eso es una herramienta diferente a la planteada, que viene a resguardar al jerarca público y a su propio patrimonio.

La presidenta del INS, Gabriela Chacón, dijo, junto a Acosta y Brunner, que esa póliza ya existe y sobre todo la han adquirido empresas privadas. Dijo que también hay funcionarios públicos que la tienen, pero no especificó si se trata de empresas estatales en competencia o qué condiciones tienen.

Diputados de distintas bancadas opositoras criticaron con dureza esta póliza por “obscena”, como dijo el frenteamplista Ariel Robles, y por representar “descaro, cinismo y una impunidad que no se esfuerzan en ocultar”, como señaló Kattia Cambronero, del Partido Liberal Progresista (PLP). Monserrat Ruiz, del Partido Liberación Nacional (PLN), le pidió explicaciones sobre los criterios técnicos de “los informes legales, técnicos y financieros para aplicar en esta licitación el procedimiento de excepción respectiva con indicación expresa de la necesidad a satisfacer”, aunque adelantó motivos para rescindir el contrato.

El INS, por su lado, aseveró que el contrato no está aún adjudicado, formalidad que ahora parece quedar sujeta a la consulta de Hacienda ante la PGR, aunque hasta las 3 p.m. de este martes no había confirmación alguna de gestión que se hubiera hecho a nombre de Nogui Acosta.

Servicios que se cubren por hasta $500.000:

  • Gastos y costes legales de defensa
  • Costos y gastos de emergencia
  • Costos para fianzas
  • Costos para atención de crisis
  • Relaciones públicas
  • Protección de la reputación de los asegurados
  • Procesos de extradición
  • Enjuiciamiento, multas y sanciones civiles
  • Costos para salud y seguridad ocupacional
  • Privación o confiscación de activos
  • Costos de preinvestigación
  • Violaciones ambientales
  • Audiencia derivada de investigación
  • Administradores no ejecutivos,

 

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