País Territorios indígenas

Indígenas dudan si finqueros que recibirán indemnización por tierras son todos poseedores “de buena fe”

Líderes indígenas entrevistados por UNIVERSIDAD también cuestionaron por qué se van a “devolver” las tierras a las ADIs, que son estructuras del Estado.

Ante el anuncio del Gobierno de que empezará el proceso para recuperar tierras indígenas con ¢3.200 millones para indemnizaciones, indígenas consultados expresaron sus cuestionamientos, entre ellos cuál fue el proceso para determinar si los que serán indemnizados eran poseedores “de buena fe” y cuántas hectáreas se están recuperando con ese monto.

El lunes el Gobierno anunció que destinó ₡3.200 millones para iniciar el proceso de “indemnización y devolución de tierras a favor de las comunidades indígenas”, como parte de las acciones que se llevan adelante en la implementación del Plan Nacional de Recuperación de Territorios Indígenas (RTI). Los son aportados por el Instituto de Desarrollo Rural (Inder) y por el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG). Y las primeras tres fincas en proceso avanzado de indemnización están en los territorios indígenas de Cabagra, en Buenos Aires de Puntarenas, y en Guatuso, en Alajuela.

Pablo Sibar, defensor de derechos de los pueblos originarios, indígena Bröran y dirigente del Frente Nacional de Pueblos Indígenas (Frenapi) dijo: “Realmente me hubiera gustado saber cómo determinaron que eran poseedores de buena fe para este proceso. No sé cuánta tierra irán a comprar pero imagínese cuánto dinero necesita el país para indemnizar a los no indígenas, por eso me preocupa mucho el proceso”.

Según informó el Gobierno mediante un comunicado de prensa, “las propiedades ahora pasarán a la administración de las Asociaciones de Desarrollo Integral de cada Territorio Indígena, mediante escritura pública”.

Felipe Figueroa Morales, indígena bribri de Salitre, recordó que las asociaciones son parte del Estado.

“Ellos dicen que van a devolver las tierras, ¿a quiénes las van a devolver? Si lo van a devolver a la asociación, desgraciadamente las van a devolver a ellos mismos. El Estado va a tener siempre el control de esas tierras por medio de las asociaciones, entonces las tierras no se van a devolver a los pueblos de cada territorio”, destacó Figueroa.

Doris Ríos, lideresa indígena y miembro de la Asociación de Desarrollo Indígena (ADI) de China Kichá, coincidió en lo anterior.

“Las tierras van a ser devueltas o indemnizadas; pero vuelven a manos del Estados porque todos reconocemos que las asociaciones de desarrollo son una estructura impuesta. No se asimila a las estructuras de los desarrollos indígenas y en muchos casos ya tenemos experiencia que eso ha pasado a ser más un problema dentro de los territorios indígenas”, señaló Ríos.

”Poseedores de buena fe”

La compra o apropiación de fincas o terrenos dentro de territorios indígenas por parte de no indígenas están prohibidas por la Ley Indígena 6172 de 1977.

Como ha explicado el abogado e investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad de Costa Rica (UCR) Rubén Chacón Castro, muchas personas no indígenas que están desde hace muchos años en territorios indígenas no van a poder probar que son “poseedores de buena fe” porque la mayoría adquirió esta tierra de manera violenta o por medio de ciertos subterfugios (engaños). “Ninguna persona podría alegar que actuó de buena fe si se apropió de lugares donde habitaban fundamentalmente pueblos indígenas y se conocía que eran tierras indígenas”.

Ante esta situación es que desde hace varios años se han dado los procesos de reafirmación autónoma de tierra territorio; es decir, la recuperación de tierras por parte de indígenas en sus propios territorios. Las recuperaciones se han dado en los territorios indígenas de Térraba, Salitre, Cabagra, China Kichá y Guatuso.

Ahora el Gobierno anuncia este proceso de indemnización y devolución de tierras indígenas y explicaron que se realizó “un riguroso proceso administrativo y se hizo el avalúo respectivo”, que cumplieron con una serie de requisitos legales y técnicos y realizaron el estudio de toda la documentación existente como decretos y registros de las propiedades.

Según el Gobierno, “a pesar de que la Ley Indígena tiene 45 años de vigencia, en todo este tiempo no se habían realizado mediciones pormenorizadas de los 24 territorios, ni se conocía en términos generales su estado, tal como ocupantes no indígenas, fincas inscritas, fincas sin inscribir, áreas de las fincas, entre otra información. Este plan garantiza, además, el debido proceso y el resguardo de los derechos de las partes, siempre tomando en cuenta la devolución de los territorios en favor de las comunidades”.

Pablo Sibar, indígena Bröran y dirigente del Frenapi

Pablo Sibar exclamó: “Qué bueno pero qué terrible que le quedan apenas unos días a este Gobierno ya. Hubiera sido bueno que hubiera empezado esto apenas iniciando Gobierno para ver cuántas fincas podían recuperar. Pero como indígena me alegro que por lo menos se compren esas tierras”.

“En esto de las tierras indígenas me preocupa mucho porque hay demasiados malos negocios entonces hay gente que se hace pasar por poseedor de buena fe no siéndolo y son dineros de todos los costarricenses. Quisiera saber con esos 3.200 millones cuántas hectáreas se están recuperando, de quién eran y cuál fue el proceso que hicieron para saber si eran poseedores de buena fe o de mala fe. Me preocupa que le hagan pagar al pueblo de Costa Rica una enorme cantidad de plata a gente a la que no tiene que pagarle”, dijo Sibar a UNIVERSIDAD.

El líder indígena recordó que esta tierra “no es mercantil, no es transferible y es de los indígenas”, por lo que le preocupa que se esté haciendo a alguien millonario “a costillas de las tierras de los indígenas”.

Con respecto a que el traspaso de tierras sea a las ADIs, recalcó: “Las ADIs son del Estado, aunque digan lo que digan, son una figura que depende de Dinadeco y Dinadeco es del Estado. Hay un artículo que dice que si una ADI se disuelve los bienes serán administrados por Dinadeco. Ese es el peor problema que enfrentamos los pueblos indígenas”.

Sibar recordó que en el Gobierno de Abel Pacheco, alrededor de 2006 se compró una finca de alrededor de1.100 hectareas en territorio bröran, y se le entregó a la ADI. Hicieron un plan de administración de esa finca con Mideplan y el MAG pero la ADI la repartió en parcelitas de 10 hectáreas a personas que terminaron intercambiándolas por una moto o un carro viejo, según Sibar.

“Un 50% de esas tierras están hoy en manos de no indígenas. Porque no hay control ni fiscalización de esas tierras y las ADIs hacen negocio con esas tierras”, denunció.

Felipe Figueroa Morales, indígena bribri de Salitre

Señaló que aunque la iniciativa se ve bien, hay dos cosas muy dudosas.

“Primero, del caso de Salitre no habla nada, no hay ninguna especificación. Está hablando de Cabagra, de Guatuso. Primeramente deberían tomar en cuenta a Salitre porque tiene medidas cautelares, tiene una situación más severa. Todos los territorios tienen el mismo problema pero pienso que Salitre debería haber sido prioridad, debería ser una de las comunidades o pueblos que deberían tomar en cuenta en este caso”, apuntó Figueroa.

“Segundo, las asociaciones son parte del Estado. Simplemente se van a entregar las tierras a ellos mismos. Eso es lo que no se ve bien. Ellos dicen que van a devolver las tierras, ¿a quiénes las van a devolver? Si lo van a devolver a la asociación, desgraciadamente las van a devolver a ellos mismos. El Estado va a tener siempre el control de esas tierras por medio de las asociaciones, entonces las tierras no se van a devolver a los pueblos de cada territorio”, agregó.

En su criterio, las tierras deben devolverse, en términos administrativos a las organizaciones internas, en este caso a los Consejos de Mayores. “Todas las tierras que están en aquí en Salitre recuperadas, cada una tiene la gente que la está habitando, ocupando. Los Consejos, por medio de la población, son las personas que han estado siempre al frente de cuidar, administrar estas tierras dentro del territorio y los Consejos son parte de las comunidades, son del pueblo”, subrayó Figueroa.

Doris Ríos, lideresa indígena de China Kichá

Para Ríos, el anuncio le mí deja un sinsabor. “Creo que todavía sigue esa deuda histórica porque mientras no se reconozcan la estructura, los conocimientos, la cultura, la visión y la espiritualidad indígena no se puede decir que se está arreglando la situación en la tenencia de los pueblos indígenas, una de las problemáticas más grandes. El gobierno anuncia que tienen plata pero los pueblos en los territorios no tienen información real, nos quedamos en las mismas”.

“Las tierras van a ser devueltas o indemnizadas pero vuelven a manos del Estados porque todos reconocemos que las asociaciones de desarrollo son una estructura impuesta”, dijo Ríos. “No se asimila a las estructuras de los desarrollos indígenas y en muchos casos ya tenemos experiencia que eso ha pasado a ser más un problema dentro de los territorios indígenas”, añadió.

También criticó que existe poca información del avance del proceso RTI. “En el caso de China Kichá el Inder dice que ya se terminó pero no tenemos una actualización de ese informe”, afirmó.

Al igual que Figueroa, se desconoce cómo se priorizaron las fincas o los territorios a devolver, “porque sabemos que hay territorios con más problemas de tenencia de tierra que urge resolver como China Kichá, que es una amenaza, una violencia contra los pueblos indígenas”.

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