En un panorama político que pide austeridad para gasto público, la pronta suspensión del bono Proteger y la urgencia de reactivar la normalidad económica, la Asamblea Legislativa estudia dos planes tributarios para atender y recuperar al país del embate del COVID-19 con solidaridad y justicia, según dicen sus proponentes.
“En esta coyuntura me preocupa que la crisis la van a terminar pagando las personas de menos ingresos y esto se va a traducir en un nivel de desigualdad cada vez mayor, en mayores niveles de pobreza y nos toca evitar eso”, asegura la diputada Paola Vega (Partido Acción Ciudadana), autora de uno de ellos.
“En este momento, lo que tenemos en la mesa es una crisis económica evidente y que nos obliga, como autoridades, a buscar recursos frescos, nuevos, para atender las necesidades que se presentan”, dice la legisladora.
Los proyectos de ley consideran modificaciones al impuesto de renta, es decir, el impuesto que grava las utilidades obtenidas en un año fiscal.
“El impuesto de renta es el más progresivo o justo de los tributos. Si hay grandes empresas o contribuyentes afectados por la crisis, no van a tener utilidades, no van a tener ganancias, no van a tener que hacer el aporte extraordinario que se está planteando”, afirma el diputado José María Villalta (Frente Amplio), quien propuso su proyecto en marzo, en la víspera de la declaratoria de emergencia.
El plan de Villalta, la Ley de Contingencia Fiscal Progresiva y Solidaria ante la Eergencia Nacional del COVID-19, podría generar un máximo de ¢195.000 millones, sin considerar la caída fiscal reportada por Hacienda a mitad de este 2020.
“Hay grandes contribuyentes, como empresas turísticas y grandes hoteles, que están afectados por la crisis; bueno, pero esos grandes contribuyentes no van a tener utilidades, no van a tener que contribuir”, explica Villalta sobre los sujetos de su propuesta.
Como referencia para pagar un excedente de 6 puntos porcentuales de renta, Villalta utiliza a los Grandes Contribuyentes, a aquellos que reportan ¢450 millones o más en un promedio de tres años fiscales. Este sería un único aporte con base a un año fiscal (el proyecto propone otras tres modificaciones tributarias que tienen el mismo plazo de duración).
En el caso de la diputada Paola Vega (Partido Acción Ciudadana), el punto de referencia es un “1%” de los tributantes más ricos del país: rentas de personas jurídicas, físicas y jubiladas que pertenecen al último percentil de impuestos. Con esta precisión técnica, que utiliza la información de Hacienda, Vega espera mayor viabilidad política para su plan.
Por año, el asesor de Vega, Luis Murillo, estima que se pueden recaudar cerca de ¢95.000 millones. El proyecto se presentó en junio, por lo que Murillo hace este cálculo tomando en cuenta la caída fiscal esperada por Hacienda para este 2020.
“Se realizaron consultas y análisis para conocer cuáles son aquellas ganancias de grandes empresas y salarios de personas con mayor poder adquisitivo, para proponer un aumento del 5% del impuesto sobre la renta para atender a las personas que más lo necesitan”, explicó el asesor.
La aplicación del plan de Vega sería válida hasta el 2022 y prorrogable por un año más, según el panorama de recuperación de la pandemia.
En este marco sanitario, la diputada del PAC propone que los fondos tengan cuatro destinos proporcionales: la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), el Ministerio de Hacienda (para amortizar deuda interna), el Fondo Nacional de Emergencias y el último 25% para “atender las dificultades económicas del sector turismo” –queda a criterio del Ejecutivo cómo entregar esos fondos a ese sector económico, dice Vega.
Los planes tributarios de Vega y Villalta resaltan dentro de una mayoría parlamentaria que urge a Gobierno por recortes.
Para Villalta, la contención del gasto público no es incompatible con la búsqueda de recursos.
“No hay una incompatibilidad porque la emergencia está generando una exigencia, un esfuerzo adicional, una afectación a las finanzas públicas que es descomunal”, afirma Villalta.
“La emergencia está generando un hueco fiscal por gastos extraordinarios (los bonos del Instituto Mixto de Ayuda Social, el Ministerio de Trabajo y la Caja Costarricense del Seguro Social) y la insuficiencia de ingresos de los sectores económicos que se han visto afectados”, dice el legislador.
En esta crisis, que ya fue calificada internacionalmente como la peor recesión económica desde la Gran Depresión, Hacienda alerta que –comparado con el 2019– la recaudación de este año tuvo una caída del 6,10% (el equivalente a ¢115.113 millones o 0,32% del Producto Interno Bruto).
Así pide el PUSC que Gobierno sacuda ¢1,5 billones
Este mes, los diputados rechazaron un presupuesto extraordinario que habría inyectado recursos a CCSS y a Gobierno central. En la Comisión de Hacendarios, urgieron mayores recortes a las partidas.
En línea con la consigna de tallar el gasto, el socialcristiano Pablo Heriberto Abarca dice en plenario que 11 rubros significan un recorte de ¢1,5 billones.
El Ministerio de Hacienda está trabajando en una propuesta de presupuesto extraordinario que incluiría recortes sustanciales; no obstante, aún no se sabe de qué partidas. Con corte a mayo, Hacienda confirma que ya hubo una contracción del gasto de ¢16.784 millones menos (0,05% del PIB).
Los tres rubros más grandes de recorte, según Abarca, son servicios comerciales y financieros de Gobierno (¢470.000 millones), servicios de gestión y apoyo (¢359.000 millones; este rubro puede incluir contrataciones directas para servicios) y horas extra del sector público (¢225.000 millones). Al respecto, Abarca ha reiterado que no bajará salarios a funcionarios.
Esta semana hemos detallado partidas presupuestarias, que se pueden recortar para atender las obligaciones prioritarias…
Publicado por Pablo Heriberto Abarca Mora en Jueves, 14 de mayo de 2020
En consulta con UNIVERSIDAD, no se dio detalle de cuáles instituciones serían afectadas por los recortes o de qué forma; por ejemplo, una partida considerada son los alquileres, para los cuales deberían ofrecer alternativas de inmuebles a las instituciones.
El plan de Abarca sí fue revisado por los chequeadores de información de Doble Check y la cifra de ¢1,5 billones fue calificada de “engañosa e inflada”.
Villalta pide aporte “solidario” de grandes contribuyentes
El aporte tributario del plan de Villalta se aplicaría por un año.
Tributante |
Impuesto de renta |
Grandes contribuyentes (GCN) |
6 puntos porcentuales más |
Grandes empresas territoriales (Getes) |
2 puntos porcentuales más |
Patrimonio de personas jurídicas con ingresos mayores a ¢95 millones |
0,01% |
Dividendos de GCN y Getes |
5 puntos porcentuales más |
Salarios, pensiones e ingresos mayores a ¢3 millones mensuales |
3 puntos porcentuales más |
Total esperado |
¢195.000 millones en un año fiscal |
Vega capta recursos del percentil más rico
Los aportes serían captados hasta el año 2022. Esta información fue proporcionada por el asesor Luis Murillo, usando datos de Hacienda.
Tributante |
Impuesto de renta |
1.290 personas jurídicas |
¢94.000 millones |
3.229 personas físicas |
¢529 millones |
13.222 personas dependientes o jubiladas |
¢875 millones |
Total esperado |
¢95.000 millones por año (es una medida de dos años) |
