Esta semana, dos proyectos de ley ingresaron esta semana a la Asamblea Legislativa con el objetivo de modificar el derecho a la circulación conocido como marchamo, específicamente para el año 2021.
El primer proyecto provino de la liberacionista Franggi Nicolás (22.000) y el segundo de su compañero de bancada David Gourzong (22.004).
Pese a que ambas propuestas modifican mismo rubro del marchamo, el Impuesto a la propiedad de vehículos, sus alcances muy diferentes.
La propuesta de Nicolás plantea un “descuento” del 20% sobre ese impuesto, para todos los conductores. La diputada afirma que “sería una real y absoluta grosería cobrar el marchamo como siempre se ha hecho”.
“Si normalmente en un año común es difícil enfrentar el pago del marchamo —somos testigos de gente que tiene que acudir a entidades bancarias para pagar a pagos con tal de cumplir con esta obligación— este año va a ser todavía más complejo para muchísimas familias bajo estos efectos”, afirmó Nicolás en entrevista.
Nicolás asegura que también toma en cuenta que el marchamo es un derecho de circulación por las carreteras del país y que, con las medidas sanitarias, este tránsito ha disminuido.
“Calcular el marchamo, en esta ocasión, con los mismos criterios que se aplicó para años anteriores, sería un cobro exactamente igual pero con muchísimo menos uso por parte de los costarricenses”, afirmó la diputada.
Gourzong, por otro lado, busca una disminución del 25% para el impuesto a quienes demuestren ante el Ministerio de Hacienda que están desempleados o con una reducción en sus jornadas. La cobertura también será para “microempresas con disminución de ingresos de al menos 20%, como consecuencia de la emergencia nacional del COVID-19”.
En el caso de las personas que “reciben o recibieron el bono proteger” este impuesto sería exonerado por completo del cobro de su marchamo.
“La ayuda tiene que ir, no generalizada, sino para aquellos que se han visto afectados: turismo, taxistas, transporte”, afirmó Gourzong a este semanario.
Gourzong dice que los trabajadores públicos y los privados que mantienen sus ingresos intactos deben “aportar”.
“Si somos justos, hay que ayudar a quienes han sido afectados y estos están identificados porque aparecen en la planilla de la CCSS; están registrados como trabajadores en sus empresas o porque las empresitas, pymes y mipymes, ya no están generando ingresos”, explicó el diputado.
Los proyectos modifican el rubro más oneroso del marchamo —equivale al 63% de lo que pagan los conductores antes del 31 de diciembre. El marchamo tiene otros siete destinos (un seguro obligatorio, un porcentaje para el Consejo de Seguridad Vial, timbres, entre otros).
“Los otros rubros tienen destino específico que es complejo el tocarlos”, afirmó Nicolás.
Un rubro mayor al 20% de reducción generalizada, explicó Nicolás, “perdería viabilidad política” para el trámite del proyecto de ley.
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