Fuerte tensión en torno a las obras encargadas a la empresa Hidrotárcoles, ligada a la constructora Sánchez Carvajal. El conflicto llegó a Casa Presidencial. Renunció el subgerente bancario que estuvo a cargo del financiamiento por $117 millones.
El proyecto hidroelétrico Capulín San Pablo, a cargo de una empresa ligada a la constructora Sánchez Carvajal, mantiene en tenso pulso al Banco Nacional de Costa Rica (BNCR), que financia las obras con $117 millones, y al Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), que insiste en cancelar el contrato de compra de los 50MW proyectados para esa planta por supuestos atrasos del desarrollador.
En medio está la empresa Hidrotárcoles S.A., concesionaria del proyecto y centro del conflicto que ha llegado hasta los despachos de Casa Presidencial, y que acumula ya nueve meses desde que el ICE notificó su intención de dar por finalizado el contrato.
El enfrentamiento es de tal magnitud que la primera vicepresidenta, Ana Helena Chacón, citó a representantes del ICE, del BNCR e Hidrotárcoles a una reunión en donde les solicitó acordar una pronta solución al conflicto.
Ahora, sin certezas sobre la manera de cómo el BNCR recuperará los $37 millones comprometidos en el proyecto o lo que ocurrirá con los desembolsos futuros, el ICE se mantiene firme: pretende disolver el contrato a Hidrotárcoles y solo está en espera de los procesos administrativos y judiciales.
Chacón encargó, además, un análisis del tema al director jurídico de Casa Presidencial, Marvin Carvajal, quien indicó a UNIVERSIDAD que había concluido que consideraba como correcta la posición del ICE.
El ICE incluso rechazó la propuesta del BNCR de constituir un fideicomiso para hacerse cargo de la construcción, pues argumentó que no resuelve el problema de los atrasos en las obras y no responde a las condiciones bajo las cuales el ICE firmó el contrato con Hidrotárcoles S.A., el 24 de abril del 2012.
La idea era crear un BOT (siglas en inglés de construir, operar y transferir) para que, a partir de agosto de 2015, la planta entrara en operación comercial y el ICE empezara a comprar esa energía eléctrica. Sin embargo, la institución estatal señaló graves rezagos y un mes antes, en julio, anunció que pretende desistir del contrato. Para entonces el avance era solo del 25%, señalaron.
Hidrotárcoles y su soporte financiero, el BNCR, alegan que los cambios en los plazos fueron avalados por el ICE y, por tanto, debería mantener vigente el contrato o asumir la responsabilidad sobre su disolución.
El Banco publicó en febrero, después de una información de UNIVERSIDAD sobre el caso, una respuesta con tres opciones: que el ICE y el BNCR retomen el desarrollo de la obra, que ante la interrupción del contrato el ICE pague al banco la deuda acumulada al momento de la resolución del contrato o que ambas entidades estatales busquen un tercero que desarrolle el proyecto.
“El ICE se lo ha tomado muy a la ligera. No sé si olvida que firmó un contrato y estamos en un país de derecho. El ICE puede resolver pero con esas tres opciones”, dijo Juan Carlos Corrales, gerente del BNCR.
Corrales se refirió así sobre el proyecto que estuvo a cargo de Gerardo Ulloa, quien fungió como subgerente hasta este mes, cuando presentó la renuncia por una supuesta oferta fuera del país.
“La renuncia no tiene nada que ver con este caso ni con Yanber”, dijo Corrales, en alusión a otros créditos otorgados a la conocida empresa fabricante de plástico que también se cuestionan.
[padding type=”medium_right”][quote_colored name=”Juan Carlos Corrales, Gerente del BNCR” icon_quote=”no”]
‘‘El ICE se lo ha tomado muy a la ligera. No sé si olvida que firmó un contrato y estamos en un país de derecho. El ICE puede resolver pero con esas tres opciones”
[/quote_colored][/padding]
Ahora la construcción está suspendida por decisión de Hidrotárcoles, según reporta el ICE con base en informes dados por Hidrotárcoles a la Unidad Supervisora de la institución.
Incluso, la empresa constructora contratada por Hidrotárcoles, Hydrochina, se retiró de manera temporal, confirmó el gerente del BNCR.
La concesionaria, sin embargo, reporta mantener los trabajos en los terrenos ubicados entre Atenas y San Pablo de Turrubares, sobre la cuenta del río Grande de Tárcoles. Ante la suspensión de desembolsos del BNCR, operan con recursos propios.
“Tenemos el resguardo legal del contrato refrendado por la CGR para garantizar la recuperación de lo invertido. En caso de la interrupción definitiva del contrato, el BNCR ejercerá las acciones que se estimen necesarias para la recuperación de sus créditos”, insiste la entidad bancaria.
El proceso aún está inconcluso. El ICE anunció su intención de finiquitar el contrato, pero este aún rige. En términos legales, la institución todavía está obligada a comprar la energía que genere la planta Capulín San Pablo, si llegara a finalizarse y a entrar en operaciones. Por eso en La Sabana pugnan por la disolución.
El ICE e Hidrotárcoles tenían programada para este miércoles 20 de abril una audiencia oral y privada en el proceso de resolución judicial, pero 24 horas antes el Tribunal Contencioso Administrativo admitió de manera provisional la solicitud de medida cautelar de Hidrotárcoles.
Esto implica la continuación de la ejecución del contrato “hasta que esta autoridad tenga mayores elementos de juicio para resolver definitivamente la solicitud de medida cautelar”, para lo cual también dio audiencia a funcionarios del ICE en los tres días hábiles siguientes.
En el Banco, esta resolución del Contencioso es objeto de análisis jurídico, explicó Corrales. “Tenemos que analizar cuándo el ICE va a tomar resolución del contrato y qué procedería. Nosotros somos solo el vehículo financiero y si el proyecto sigue, nosotros seguimos”, añadió.
