Los criterios de la Contraloría General de la República (CGR) y el Departamento de Servicios Técnicos de la Asamblea Legislativa sepultaron el proyecto de ley que pretendía subsidiar a los arroceros como parte de la Ruta del Arroz, antes de que lo retirara el Gobierno de corriente legislativa el pasado 21 de noviembre.
La CGR dijo la “donación incondicionada” que planteaba el proyecto carecía de fundamento técnico y estudios que analizaran si solucionaba realmente la “problemática real” que afecta a los arroceros nacionales, desconoce la cantidad de productores afectados e ignora el impacto negativo que tendría en el presupuesto nacional.
El documento indica que el proyecto de ley “no dice para qué son los fondos públicos que se pretenden trasladar a las personas privadas”, ni establece “estimación del monto total a transferir, que permita demostrar que la vía del subsidio directo, por una única vez, es la mejor forma de lograr solventar la problemática señalada y contribuir a fomentar la productividad, referente al aumento de productores y el área sembrada; así como, a mantener en el tiempo precios asequibles a los consumidores de bajos y medianos ingresos”.
Por otro lado, el Departamento de Servicios Técnicos de la Asamblea Legislativa cuestionó su eficacia, tomando en cuenta que los altos precios del arroz responden al incremento de las materias primas que afectan alrededor del mundo, según señaló el propio Banco Central de Costa Rica y el Departamento de Análisis Estratégico de Mercados de la Dirección de Investigaciones Económicas y de Mercados (DIEM).
El informe no descarta que un subsidio pueda tener una justificación, ya que países como Estados Unidos, China o Francia lo hacen en grandes proporciones para asegurar seguridad alimentaria, pero da una advertencia:
“Aunque llamamos la atención que el subsidio de un único pago no resolvería las condiciones adversas de naturaleza estructural que se pudieran presentar en el mediano y largo plazo, en amenaza de la desaparición del cultivo en el territorio nacional”.
Agrega que el “pago único” no compensa la desarticulación de las medidas de protección que la Ruta del Arroz quitó, refiriéndose a los aranceles y la regulación de precios, y que “se desentiende, por ejemplo, de exenciones tributarias, créditos preferenciales, subsidio al transporte, pagos compensatorios y otros, ello en aras de la disminución de los costos”.
Otros críticas realizadas al proyecto por los dos criterios fueron: que no indica que institución pagaría los fondos, que no hace una análisis de impacto presupuestario, que el proceso del proyecto no coincide con las necesidades de tiempo que las cosechas requieren y que carece de motivaciones claras en relación con el problema que sufre la actividad.
A pesar de haber retirado el proyecto, y de recibir estos criterios, el Gobierno aún tiene sobre la mesa de negociación con los arroceros la posibilidad de subsidiar a cambio de que cierren Conarroz, sin embargo, ninguna de las propuestas de subsidio ha convencido al sector quienes lo califican de burla tomando en cuenta que no subsana los gastos mínimos de una sola cosecha.
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El día de ayer sostuvo una reunión con representantes del sector arrocero, que aseguran que el mandatario los está llevando a la ruina al beneficiar importadores sin que consumidores perciban una reducción de precio