Dos nuevas comisiones se crearon la tarde de este lunes para investigar el trámite de dos documentos que se atascaron en la corriente legislativa; la primera impulsada por los partidos de oposición (con excepción del Frente Amplio) y la segunda por el oficialismo.
La oposición solicitó que se investigara el trámite del informe que desestimó una denuncia hecha por el Congreso contra el expresidente Luis Guillermo Solís, al que acusó de faltar a su deber de probidad tras la recordada investigación legislativa del caso del “cemento chino”.
Este proceso estuvo marcado por la notificación que llegó hasta el cierre de la legislatura anterior por parte de la Procuraduría de la Ética Pública (PEP); así como por la desordenada transición entre los directorios legislativos y su falta de comunicación con la Dirección Ejecutiva, que provocó que los diputados —nuevos o anteriores— no pudieran apelarlo por el vencimiento del plazo perentorio.
El oficialismo, por su parte, solicitó investigar por qué el antiguo directorio engavetó una denuncia de la Contraloría General de la República, entidad que alertó sobre irregularidades en el levantamiento de varias instalaciones parlamentarias provisionales y alegó su desatención este 17 de mayo a la nueva presidenta legislativa, Carolina Hidalgo.
La creación de estas comisiones estuvo marcada por la polémica pues, apenas el martes anterior, el jefe de fracción del PLN, Carlos Ricardo Benavides, comentó que veía este último caso como una “represalia” del PAC ante su anuncio de la primera investigación.
“Después de que yo le comuniqué a don Víctor Morales (jefe de fracción del PAC) que íbamos a presentar la moción, unos 40 minutos después él me llega a decir que van a presentar la moción para investigar el caso de la Contraloría. Eso me pareció una clara represalia, pero se vale en la política”, comentó.
No obstante, el jefe del PAC, Víctor Morales Mora, comentó que la moción se trató de “un genuino interés de transparentar los procedimientos seguidos”, a pesar de que —ciertamente— uno de los tres integrantes del Directorio Legislativo pasado, el que habría engavetado la denuncia, estaba compuesto por Michael Jake Arce, el exdiputado liberacionista y hoy jefe de asesores del PLN, quien era uno de los secretarios del expresidente del Congreso, Gonzalo Ramírez, junto con la independiente Carmen Quesada.
Ambas comisiones estarán compuestas por siete diputados; dos de Liberación Nacional, dos de Restauración Nacional y otros tres entre la Unidad Socialcristiana, Acción Ciudadana y los partidos minoritarios. La conformación específica será propuesta por los partidos correspondientes en los próximos días.
