El 2019 registró la cantidad más baja de Grandes Contribuyentes Nacionales (GCN) que reportan pérdidas o cero ganancias ante Hacienda de los últimos 11 años, según datos obtenidos del Ministerio de Hacienda y publicados por el despacho del diputado José María Villalta del Frente Amplio.
En el 2018 se publicó la lista por primera vez, tras declararse de carácter público por la Sala Constitucional, lo que provocó un escrutinio sobre los nombres de las empresas que figuran en la lista, ya que la declaración de pérdida o cero ganancias exime a las empresas del impuesto sobre la renta que equivale al 30% de sus utilidades.
Polymer, Banco Lafise, Reservas Conchal, Occidental Esmeralda y Clorox de Centroamérica son algunas de los grandes contribuyentes que han reportado al Ministerio de Hacienda cero ganancias por hasta 11 años desde el 2008 y ya no figuran en la lista en el 2019, a pesar de que siguen considerándose grandes contribuyentes.
La Contraloría General de la República publicó un informe en el 2015 y otro en el 2018, previos a la primera lista del 2018, que identificaron comportamientos irregulares en los GCN y también en las Grandes Empresas Territoriales (GETES).
A raíz de la publicación de la lista el diputado Villalta propuso un proyecto de ley que obligaría al Ministerio de Hacienda a realizar una publicación periódica de los grandes contribuyentes que reportan pérdidas o cero ganancias.
El proyecto de ley fue archivado hoy en la Comisión de Hacendarios con 7 votos en contra y 2 a favor de parte de las diputadas del Partido Acción Ciudadana Laura Guido y Nielsen Pérez. En contra del proyecto votaron: María Inés Solís (PUSC), Carlos Avendaño (Restauración Nacional), Harlam Hopellman (independiente), Silvia Hernández (PLN), Ana Lucía Delgado (PLN), Gustavo Viales (PLN), y Oscar Cascante (PUSC).
La diputada María Inés Solís del Partido Unidad Social Cristiana argumentó, en contra del proyecto, que la publicación de la lista afectaba la imagen pública de empresas que no necesariamente eluden impuestos.
Actualmente se consideran “grandes contribuyentes” a las empresas que liquidan ¢450 millones de colones en impuestos o más en promedio de los últimos tres períodos fiscales y se consideran GETES a las que liquidan ¢120 millones de colones o más.
La actualización de criterios para la clasificación de los grandes contribuyentes y las grandes empresas territoriales propuesta por el Ministerio de Hacienda pudo tener un efecto importante en la lista.
Por ejemplo, ese cambio único excluyó de la lista a 33 de las 85 empresas que hasta el 2017 habían sido consideradas grandes contribuyentes; y que, además, reportaron pérdidas o cero ganancias hasta entonces. En el 2019 solo reportaron cero ganancias 21 empresas.
Hasta el 2018, Hacienda consideraba como grandes contribuyentes si registraban utilidades a partir de los ¢250 millones. Entre otros cambios, los activos totales de las empresas también pasaron a considerarse a partir de los ¢50 mil millones.
En los últimos dos años la cifra pasó de 47 a 21, sin contar las empresas que a partir del 2018 se excluyeron de la lista de grandes contribuyentes. O sea, de un año a otro, la cifra se redujo más de la mitad. En total 234 empresas han reportado cero ganancias en los últimos 11 años pero solo 165 de ellas todavía son grandes contribuyentes a los ojos de Hacienda.
Cambios tributarios y presión pública
Fernando Rodríguez, economista y exviceministro de Hacienda, considera que el cambio en el ciclo de fiscalización tributaria, por el cual el Ministerio empezó a solicitar información de forma periódica a las empresas, y la retención del impuesto de renta en el pago con tarjeta puede desincentivar a las empresas a declarar cero ganancias como mecanismo de elusión de impuestos.
“Si las empresas querían una devolución de ese pago anticipado tenían que justificar porqué y las empresas preferían que les retuvieran con tal de mantenerse bajo el radar” explicó Rodríguez.
Jonathan Acuña, economista y asesor legislativo del diputado Villalta, indicó que el despacho de este legislador quiere que la publicación de la lista se convierta en un requisito, ya que considera que la presión pública que surgió sobre los grandes nombres listados también incentivó a las empresas a salir de la lista y que es de interés público conocer quién está pagando impuestos.
“Pueden haber muchas razones por la que una empresa salga en esa lista y algunas pueden ser lícitas, como iniciar operaciones, pero que una misma empresa salga varios años seguidos ¿Cuál negocio aguanta tantos años sin ganancias?” dijo Acuña, quien asegura que la publicación fue un gran paso en la transparencia tributaria del país.
Fernando Rodríguez, considera que la información de la lista debe ser pública pero debe ir acompañada de un análisis técnico para no caer en explicaciones simplistas, sino entender el fenómeno.
“En principio todos nos beneficiamos de los servicios públicos y cuando hay un quiebre todos nos vemos perjudicados pero no basta con saber quién está pagando y quien está pagando poco sino que tenemos que entender el porqué”, dijo Rodríguez.
La publicación de la lista en el 2018 se consiguió por un recurso de amparo interpuesto por el movimiento cívico Territorios Seguros quienes se preocuparon por un informe de la Contraloría General de la República que identificó que 1 de cada 4 empresas reportaban cero ganancias.
Ahora que la lista percibió una disminución en la cantidad de empresas, el despacho del Frente Amplio cree posible que las empresas salieran de la lista reportando cantidades pequeñas, por lo que solicitaron al Ministerio de Hacienda la lista de aquellas que reportan menos del 5% de sus utilidades. Sin embargo, esta información se les negó y ahora se encuentra en disputa en la Sala Constitucional.
Villalta considera que también le permite a los consumidores identificar a las empresas que sí cumplen con sus obligaciones fiscales y por lo tanto tomar decisiones de consumo responsables.
La entonces ministra de Hacienda, Rocío Aguilar, y el mismo presidente de la República, Carlos Alvarado mostraron su anuencia a que la lista se continuará publicando de forma anual.
Bajo la nueva clasificación, históricamente, la cantidad de empresas que figuran en la lista se duplicó en el 2009 y se mantuvo estable hasta el 2019. Precisamente, ese año se reduce a la tercera parte con respecto al 2018.
El crecimiento del 2009 tiene dos explicaciones, según Rodríguez: La primera es que hay empresas que efectivamente se ven afectadas por la crisis económica del 2008 y la segunda es que a partir de ese año se “sofistica” la planificación tributaria que se empieza a valer de vacíos legales para eludir impuestos sin infringir la ley.
Por esta razón el exviceministro aseguró que el problema está en la legislación que creó los impuestos y en los vacíos legales que tiene en su aplicación. Ahora, tras la publicación de la primera lista en el 2018, el Ministerio de Hacienda puede identificar en las justificaciones que dieron las empresas algunos de los mecanismos que podrían estar usando para eludir impuestos de forma legal.
El registro de accionistas de las sociedades anónimas y el fortalecimientos de los controles en la reducción de intereses para evitar la subcapitalización son medidas que Rodríguez consideró pendientes en materia fiscal y que podrían afectar en el futuro la cantidad de empresas en la lista.
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