Bernal Jiménez, economista y empresario presidente de una de las principales empresas importadoras de arroz del país, aportó más de ₡30 millones a la campaña electoral del hoy presidente Rodrigo Chaves, según datos del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE).
El dato es notable, pues los decretos de la administración Chaves, respecto a reducir sustancialmente los aranceles a la importación de arroz, así como la eliminación de todo el esquema de fijación de precios, beneficiarán directamente al reducido sector de un puñado de empresas que actualmente dominan el mercado de la importación de arroz.
A pesar de la anunciada intención de que los decretos —que se encuentran en etapa de consulta pública— buscan una reducción de precios que beneficie al pueblo consumidor, lo cierto es que si se toma en cuenta que la producción nacional abastece al 38% del mercado costarricense, de acuerdo a la Corporación Arrocera Nacional (Conarroz), el beneficio decretado para estos importadores bien puede darles una posición prácticamente hegemónica.
Las empresas Importadora el Armenio S.A., La Maquila LAMA S.A., Mercadeo de Artículos de Consumo S.A., Comercios de El Barreal S.A., y Comercializadora Internacional de Granos Básicos S.R.L., en conjunto, representan el 94,93% de las importaciones de arroz pilado, —es decir, limpio de granza— de 2021.
Jiménez específicamente preside la empresa Mercadeo de Artículos de Consumo S.A., que en 2021 ocupó el tercer lugar. Según datos del TSE, Jiménez realizó siete contribuciones a la campaña de Chaves, cuatro en efectivo y tres en especie, para un total de ₡32.102.674,87. Entre ellas, destaca una por ₡25,6 millones.
Ante la pregunta de si sus donaciones a la campaña influyeron en la posición del Gobierno y en la emisión de los decretos, el empresario replicó que “no creo, porque esa posición la tengo desde hace más de 20 años, desde que tenía 19 años, usted puede preguntar la posición que tiene cualquiera de las personas que está en el Gobierno sobre la competencia y sobre la apertura, creo que datan de antes de que tuviéramos el gusto de conocernos”.
Insistió en que no conocía “a ninguna de las personas que está en el Gobierno hace 5 años, ni 8, ni hace 12, ni mucho menos cuando tenía 19 años, cuando empecé a aprender que lo que pasa es que ciertos grupos de poder se apropian de las instituciones del Estado, capturan el Estado y cierran la competencia. Entonces, suben los precios, el consumidor paga más y no necesariamente se da eficiencia”.
Jiménez puntualizó que “la razón por la que el Gobierno está haciendo esto es porque cree en el modelo correcto, que es el mismo en el que cree la OCDE. Es difícil encontrar un economista que no piense eso”.
Concretamente, sobre las medidas contenidas en los decretos, declaró que “hay que abrir la importación a todos los posibles importadores por todo lado, de manera que la competencia se abra completa y totalmente”.
Elaboró al respecto que “la importación se va a ampliar, en el momento en que el número de importadores entre, no vamos a tener problema de competencia”, que según dijo “siempre tiene que ver con la entrada, si usted la cierra, restringe la competencia y el capitalismo funciona menos bien, entonces, la única manera de que usted controle a un capitalista es poniéndole otro capitalista que lo persiga, entonces, entre más capitalistas hay persiguiendo a los otros, mejor”.
Ante la pregunta de si se pone en riesgo la producción local, Jiménez sostuvo que “no se va a perder, siempre que sea eficiente”.
Añadió al respecto que, “como toda producción que no es eficiente, va a tener que enfrentar la eficiencia. Toda la producción que queremos que se haga en el país es la que sea eficiente, no una producción por el hecho de producirla”.
Según dijo “eso es el comercio internacional, someterse a una posibilidad de que haya gente más eficiente afuera o que uno sea más eficiente que ellos. No sacrificar a los consumidores para que se produzca algo que se puede hacer más eficientemente en otro lugar”.
Así, Jiménez además apuntó que los productores que se van a perder, “posiblemente, son los ineficientes” y aportó datos según los cuales Costa Rica produce 4,54 toneladas de arroz por hectárea “habiendo reducido sustancialmente el área productiva, quitando la producción que no era eficiente, antes producía 3,8 o 3,9 toneladas por hectárea. Los países eficientes producen 7 y 8 toneladas por hectárea. Estamos muy por debajo de la eficiencia internacional”.
Un oligopolio por otro
De acuerdo con datos de Conarroz, en el país existen 534 productores de arroz, repartidos en 27 cantones y la actividad genera 4.746 empleos directos y 28.476 indirectos.
El economista Luis Paulino Vargas consideró que la fuerte reducción en los aranceles que impulsa la administración Chaves, “probablemente, implicará que desaparezcan las empresas que industrializan el arroz, puesto que los generosos subsidios que se aplican en otros países permitirán introducir el producto a un precio más bajo”.
“El efecto —escribió Vargas en sus redes sociales— será sustituir un oligopolio por otro: el de los industriales cederá su lugar al de las empresas importadoras. Una vez que estas dominen el mercado, y en ausencia de regulación estatal (y hacia ahí nos llevan), nada, absolutamente nada permite anticipar que el oligopolio importador sea más generoso y desprendido que el actual oligopolio agroindustrial”.
Ello puede tener serias consecuencias, pues ese sector agroindustrial “genera más empleos y encadenamientos productivos”.
El economista criticó que el Gobierno ofrezca “un regalito de ₡3 millones para cada pequeño productor o productora”, así como la noción de que el Programa de Abastecimiento Institucional (PAI) se encargará de comprarle a esos pequeños productores. “Todo esto es extremadamente confuso, puesto que el mercado estará en manos de las importadoras, y estas regularán el precio. El PAI ¿comprará por encima del precio que ponen las importadoras para luego vender con pérdidas?”.
Apuntó además que el ofrecimiento de asistencia técnica para el productor pequeño constituye “la típica salida ad-hoc, puesto que una política de seguridad y soberanía alimentaria en serio no existe y no está siendo propuesta por nadie”.
“En este caso, como en el de Caldera, algunos cercanos amigos del presidente han de sentirse muy galanos y satisfechos”, añadió.
Negocios familiares
En las juntas directivas de cada una de las cuatro principales empresas importadoras de arroz, se encuentran nexos de parentesco muy cercano:
Importadora El Armenio S.A.: Figura como presidente Luis Claudio Cordero Vargas; como tesorera, su madre Deyanira Vargas Angulo; como fiscal, Paola Cordero Vargas, hija del presidente; y, finalmente, como secretaria, su esposa Iris Pérez Salazar.
La Maquila Lama S.A.: El presidente es el conocido empresario Carlos Tanzi Peña y como tesorera aparece su esposa, Ana Cecilia Arguedas Tinajero.
Mercadeo de Artículos de Consumo S.A.: Además del presidente Bernal Jiménez, aparece su exesposa Graciela Gutiérrez como vicepresidenta.
Comercios de el Barreal S.A.: El presidente es Elicio Montoya Fernández; su esposa, Dorís María Conejo Trejos, es secretaria. El hijo de ambos, Elicio Montoya Conejo, funge como tesorero y la hija, Lilliana Montoya Conejo, como fiscal.