En total, en los dos regímenes que administra Jupema, hay 5.960 multipensionados, pero solo 270 son del “régimen nuevo” o de Capitalización Colectiva, que se creó hace 25 años y que sí generó las inversiones y rendimientos para cubrir sus pensiones. En este, ninguna pensión supera los ¢2,2 millones.
En cambio, el RTR –aunque ya está técnicamente cerrado– tiene 45.000 beneficiarios que ingresaron a laborar en el sector educación antes de 1992. Además, hay funcionarios activos que tienen el derecho de pensionarse en ese sistema, por lo que se estima que su cierre definitivo será en el 2090.
El RTR se cerró con una ley de 1995 porque no contaba con su propio fondo y, en cambio, generaba condiciones de retiro privilegiadas en cuanto a edad y montos, que resultaron muy costosas para el Estado.
En este régimen los funcionarios cotizan entre un 9 y un 16% del salario y, además, se impuso una contribución especial para quienes superen la suma del salario de un catedrático, más algunos pluses; es decir, montos superiores a ¢3,9 millones.
Este recorte fue impugnado en los últimos años en los tribunales por 339 personas, quienes por fallos judiciales evadieron ese pago, pero ahora, por nueva jurisprudencia, el Gobierno tiene un pulso para cobrarles ese dinero. Entre estas está la exrectora de la UCR, Yamileth González.
Entre los multipensionados de este régimen se encuentran excatedráticos de la Universidad de Costa Rica, como el profesor de Derecho, Víctor Pérez Vargas, quien además laboró en el Poder Judicial como director de una revista. Sus dos pensiones suman ¢11 millones en monto bruto y ¢5,5 millones en neto.
También el excatedrático de Ciencias Políticas, Johnny Meoño Segura, con pensiones de Jupema y del IVM que suman 9,6 millones de monto bruto y ¢5,5 millones de neto.
El médico Pedro Goyenaga Hernández cuenta con dos pensiones, del magisterio y del IVM, que suman ¢8,6 millones monto bruto y casi ¢6 millones de neto.
También recibe dos pensiones la enfermera y exdirectora del Consejo Universitario, María Griselda Ugalde Salazar, las cuales suman ¢8 millones en monto bruto y ¢4 millones en neto, y corresponden a Jupema y al IVM.
“Yo creo que lo que debe aplicarse es la justicia, porque tener dos pensiones ha sido porque en las dos he pagado una cuota mensual”, expresó.
Ugalde laboró 42 años en la UCR y en la CCSS, simultáneamente.
“listenSi van a imponer un tope, que lo pongan, pero no un tope nada más por impresionar al público de que están trabajando con justicia social, sino que corresponda a lo que la persona ha cotizado y que la persona haya trabajado ese tiempo”, añadió.
La ex vicedecana de la Facultad de Derecho de la UCR, Olga Marta Mena Pacheco, actualmente percibe dos pensiones del RTR que en conjunto suman un monto bruto de ¢7,6 millones y líquido de unos ¢3,5 millones.
Una de sus pensiones es producto de su labor universitaria, la cual culminó el año pasado, y la otra es por sucesión, debido al fallecimiento de su esposo, el reconocido médico Agustín Páez Montalbán, quien murió en el 2011.
“Mi esposo trabajó 30 y pico de años. Yo trabajé como 38 años en la UCR y dirigí toda el área de Acción Social de la Facultad de Derecho. Vino la ley y esa pensión se rebajó como a ¢4 millones. Yo creo que eso está bien que exista, porque yo siempre he sido consciente de que uno debe ser solidario con otras personas que están en estado de pobreza. Lo que a uno no le gusta es que hay personas que no han cotizado para sus pensiones y les den una pensión muy alta”, comentó la abogada.
Para el régimen “viejo” de Jupema, la ley no estableció como requisito la necesidad de verificar la necesidad o dependencia económica como condición para otorgar pensiones a familiares de fallecidos, como a los cónyuges, por lo que hay 2.300 multipensionados de ese régimen que tienen al menos un beneficio por sucesión.
En el régimen nuevo sí se establece ese requisito, explicó Gloria Elena Chávez, jefa del Departamento de Concesión.
