Con paciencia y orgullo, Yorleny Gutiérrez llevó a un equipo de UNIVERSIDAD, a través de potreros y del territorio de algún caballo malhumorado, hasta el sitio donde se puede apreciar la catarata Las Nubes, que forma parte de un sistema de caídas de agua del río Bonilla.
La vecina de dicha comunidad, en el cantón de Turrialba, dijo con claridad y concisión las razones por las que se opone a la construcción de dos proyectos hidroeléctricos (PH) sobre ese río: “Esa catarata se moriría con la represa, al igual que la Bruja, Trillizas, La Morfa y Cueva Quebrada. Son importantes porque traen turismo, hay personas que no valoran eso. Nos ofrecen el cielo y la tierra, pero siempre hemos dicho que la plata se gasta, pero la naturaleza no tiene precio” aseveró.Se trata del PH Bonilla 510 y Bonilla 1320 -ambos de la empresa H Solís-, que junto al PH Torito II, de la Junta Administrativa de los Servicios Eléctricos de Cartago (Jasec), se presentan como las nuevas iniciativas de generación hidroeléctrica sobre la cuenca del río Reventazón.
Estos proyectos generan preocupación entre ambientalistas y quienes habitan en sus cercanías, ante el número significativo de presas y represas que ya afectan el libre correr de las aguas en la zona.
La cuenca del Reventazón ya soporta 12 proyectos hidroeléctricos, lo cual incluye algunos de gran magnitud como el PH Angostura y el PH Reventazón sobre las aguas de ese río. Esa cifra ascendería a 15, si se llegan a concretar estas nuevas iniciativas.
Bonilla es una comunidad rural, donde la mayor parte de la población se dedica a la ganadería, los caminos dejan mucho que desear y no hay acueducto, por lo que la población toma el agua de varias quebradas en la zona a través de mangueras.
Gutiérrez relató que “hasta de ambientalista me han tratado, a todos les he dicho, hasta por la radio, que nunca fui a la escuela, no se leer ni escribir, pero sí sé defender mis derechos, que son los de mi hijo, y quiero ver la naturaleza igual a como está ahorita, que no se destruya”.
¿Son necesarios?
Esteban Barquero, de la organización Ríos Libres Turrialba, cuestionó la necesidad de construir más hidroeléctricas en el país, pues sostuvo que el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) “podría abastecer a todo el país” y subrayó, además, las consecuencias de la obligación legal que esa institución tiene de comprar energía a los generadores privados.
En ese sentido, recientemente, el diputado frenteamplista José María Villalta denunció que las leyes 7.200 y 7.508 “crearon un negocio redondo para enriquecer empresas privadas a costas de la estabilidad financiera del ICE, obligando a la institución a comprar energía más cara que la que puede producir y sin que exista la necesidad de hacerlo”.
La investigación desarrollada por el despacho del legislador, apunta que entre el 2010 y 2018 se obligó al ICE a pagar una suma cercana a los ₡709.936 millones a generadores privados. “Esta obligación ha tenido un fuerte impacto sobre las finanzas de la institución: el peso de la compra de energía privada fue de un 37% dentro de la estructura de costos del sistema de generación del ICE para el año 2018”, añade la información.
Irene Cañas, presidenta ejecutiva del ICE, en declaraciones a UNIVERSIDAD en noviembre del año pasado dijo que en el 2017 “se concretaron varios proyectos de generación privada, principalmente eólicos e hídricos pequeños y llegamos a tener casi 500 megawatts (MW) de capacidad instalada, y se suma a 300 megawatts del Reventazón”.
En el contexto de la suspensión indefinida del PH Diquís, dijo que “vemos que la demanda eléctrica ya no crece a 5% sino a menos del 1%… y Diquís ya no aparece en el 2012, ni 2013, ni 2030, ni 2035. Yo podría construirlo, pero esa energía no se va a consumir, porque no tenemos la demanda creciendo a esa tasa”.
La oficina de prensa del ICE se informó que en el 2018 la demanda total de energía fue de 11.114 gigawatts (GW) y que el pico máximo fue de 1.716 megawatts, mientras que la capacidad instalada, a diciembre 2018, fue de 3.631 megawatts.
Desde la empresa H Solís, el gerente de los proyectos Raúl Vargas subrayó que la capacidad máxima instalada se refiere al potencial teórico máximo de generación que se puede alcanzar. Esto si las represas hidroeléctricas, plantas eólicas y demás cuentan con el 100% del recurso necesario para generar energía en un momento dado.
“El punto es -recalco- que tenemos 3.600 megawatts instalados, pero no podemos generarlos en cualquier momento, dependemos del recurso disponible, por eso es que todavía tenemos plantas térmicas” y que “muchas veces, el factor de planta solar, eólico e hidroeléctrico combinados, no son suficientes para cubrir los 1600 megawatts”.
Como muestra, Vargas llamó la atención al sitio del Centro Nacional de Control de Energía (Cence) del ICE, en la que se muestra un gráfico diario de la generación energética de las últimas 24 horas según el tipo de generación: “Estos últimos tres meses hemos generado en Costa Rica con térmico, porque no hay suficientes plantas renovables, hidroeléctricas, solares o eólicas que cubran la demanda”, afirmó.
Añadió que el pico de consumo suele darse entre finales de marzo y principios de abril, que es una época seca.
PH Bonilla2
De los dos proyectos que la empresa H Solís pretende desarrollar sobre este río, uno -Bonilla 1320-, se establecería en territorio turrialbeño y el otro quedaría en el cantón de Siquirres. De acuerdo con información en el expediente de la evaluación de impacto ambiental (EIA) en la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (Setena), el PH Bonilla 510 requiere una inversión total de $21.960.800, mientras que el Ph Bonilla 1320, de $17.303.532,36.
Esteban Barquero, de Ríos Libres Turrialba, observó que no existe al día de hoy ninguna presa o embalse sobre el río Bonilla, pero que estos proyectos implican la construcción de ese tipo de obra en una zona muy cercana al límite de la represa que colinda con la reserva forestal Cordillera Volcánica Central.
El activista reconoció que los embalses propuestos en este caso “en realidad son pequeños y generarían entre los dos unos 11 megawatts”; sin embargo, recalcó que tendrían una afectación en 8,1 kilómetros de río, “además de otras repercusiones, como hacer tuberías o la tala de bosque primario”.
Yorleny Gutiérrez declaró que “hemos hablado con personas de otras comunidades, nos han contado que eso no trae ningún beneficio para la comunidad, es beneficio solo para ellos mismos” y se refirió al compromiso propuesto por la empresa de reparar el camino, “es de como seis kilómetros, para beneficio de ellos, no de la comunidad”.
Además, se quejó de que “la comunidad no ha sido tomada en cuenta”, aunque reconoció que la empresa sí organizó una reunión, antes de la cual “se reunían solo con el presidente de la Asociación, él está a favor de la represa”.
Desde H Solís, Vargas subrayó la diferencia entre los proyectos de gran embalse, como PH Reventazón o PH Angostura, y los filos de agua. Los de gran embalse tienen “una gran pared de concreto que efectivamente interrumpen el paso de agua de un río, lo cual ocasiona que se inunde un ecosistema que era terrestre y se vuelva acuático”
Añadió que “los proyectos nuestros son filos de agua”, que “no inundan ecosistemas, nosotros lo que tenemos es una presa, una pared de concreto de lado a lado del río con una altura de dos a cuatro metros y lo que hace es un espejo de agua más pequeño que una piscina, donde nosotros captamos el agua en un lado con un tubo y generamos la electricidad. Tiene un menor impacto ambiental, pero tiene la desventaja de que es mucho más pequeño que un proyecto de gran embalse”.
Sobre el impacto que puede darse sobre las cataratas y la comunidad, Vargas mencionó que “las comunidades del área están muy contentas con el proyecto” y dijo contar con el apoyo del presidente de la asociación de desarrollo, Gerardo Vargas Bonilla, cuyo bisabuelo fundó el pueblo y afirma que, “hasta el año pasado, es la primera vez que llega gente a visitar turísticamente el río, eso lo que me dice es que el hecho de que estamos haciendo el proyecto ha sido un beneficio para identificar el potencial turístico de las comunidades”.
Asimismo, reconoció que se talará bosque primario, pero que se tiene el compromiso de sembrar 20 árboles por cada uno que se tale. Además, reconoció que aún se requiere de una declaratoria de conveniencia nacional para ambos proyectos.
“Lo único que falta…”
El PH Torito II, según explicó Alberto Agüero, vecino de Turrialba, quien también integra la organización Ríos Libres, tomará las aguas ya turbinadas del PH Angostura, que luego pasan al PH Torito I y “las van a volver a turbinar” antes de que lleguen al enorme PH Reventazón.
Dijo que el proyecto se encuentra en el margen derecho del río, a la altura de la comunidad de Peralta. “Justo este tramo de bosque entre Torito I y la represa del Reventazón es el único que falta por destruir”, lamentó, al tiempo que insistió en cuestionar si aún el país necesita de este tipo de iniciativas.
Ante la pregunta de qué tipo de beneficios implican las represas para las comunidades, Agüero cuestionó: “¿qué beneficio ha traído a Peralta la cantidad de hidroeléctricas que tienen encima?, les han tirado el río encima, ¿por qué la última inundación se les llevó el camino? Hay grandes preguntas y a los últimos que se toma en cuenta es a los vecinos”.
De hecho, en octubre del 2012 este semanario publicó las denuncias de los pobladores de Peralta por los serios daños al camino de acceso a la comunidad provocados por la construcción de Torito I.
Desde Jasec, el vocero Dagoberto Quirós apuntó que ya en 2013 esa empresa pública coordinó “lo necesario con el ICE y otros actores nacionales” para el desarrollo de este nuevo proyecto. Añadió que fue hasta octubre del año pasado que el ICE “advierte que de acuerdo a sus proyecciones, el Sistema Nacional Interconectado no requiere de nuevas adiciones de generación; no obstante, nunca antes de esta fecha se habría advertido a Jasec de tal situación”, lo cual calificó como “inoportuno”.
Quirós también subrayó enfáticamente el hecho de que el PH Torito II “no tendrá ninguna represa como se ha querido interpretar”, pues “no tomará agua del cauce del río Reventazón” de modo que utilizará “el agua almacenada en el embalse Angostura”, la cual “se encausará a través de un túnel hasta la casa de máquinas para restituir el agua al río Reventazón en las cercanías de la comunidad de Bajo 52 Millas en Siquirres”.
Reiteró que “no se afecta la fauna ni el cauce del río, ya que el PH Torito II utilizará la misma agua turbinada por las plantas Angostura y Torito”.
Sobre una posible afectación a la comunidad de Peralta, recalcó que este nuevo proyecto se ubicaría en el margen opuesto del río.
Presión sobre la cuenca
José Miguel García, vecino de la comunidad de Guayabo, se preocupó por el estado de poblaciones de dos especies de peces importantes para la población local desde tiempos precolombinos: el pez bobo y el tepemechín.
Describió, por ejemplo, las serias consecuencias que significó la construcción de la Hidroeléctrica Río Lajas, que entubó las aguas de ese río, el Guayabo y el río Torito. Relató cómo en el 2006 cantidades de peces aparecían triturados en la casa de máquinas de esa hidroeléctrica y cómo, con ayuda de una tercera persona porque no se le permitió la entrada, logró capturar 50 especímenes de tepemechín, que posteriormente logró mantener vivos en unos estanques artificiales en su propiedad.
“El único proyecto de rescate de tepemechín en el mundo es el mío, nadie ha podido tener esos peces en cautiverio”, aseveró.
De hecho, la tesis de licenciatura en Ecología y Gestión de Ambientes Acuáticos de Aldo Farah, presentada en el 2016, se concentró en la fragmentación del hábitat por represas hidroeléctricas y concluyó que “la producción hidroeléctrica y la conservación de la fauna dulceacuícola se encuentran en posiciones antagónicas”.
Recomendó, además, que a mediano y largo plazo, la planificación eléctrica del país “debe disminuir la importancia relativa de la generación hidroeléctrica, ya que a pesar de que tiene un menor impacto que la generación térmica, también tiene muchas consecuencias sobre los ecosistemas lóticos y los organismos que los utilizan”. Son los ecosistemas de ríos y otros cuerpos de agua dulce los que se ven afectados.
Como ya se dijo, si se llegan a construir estos tres nuevos proyectos, la cuenca alcanzaría un total de 15 en sus diferentes ríos.
“Ni una sola más”
Desde Ríos Libres Turrialba, Esteban Barquero informó que se impulsa la iniciativa de un plebiscito sobre una eventual “moratoria hidroeléctrica en Turrialba, ni una sola más; eso engloba al río Reventazón”.
Según dijo, la legislación de plebiscitos establece que tiene que tratarse de un problema actual, “y este lo es, como lo fue en su momento el del Pacuare”.
Subrayó que, “al fin de cuentas, destruimos los ríos de áreas rurales para satisfacer necesidades de áreas urbanas”.
Reconoció que se trata de una campaña difícil, pero “enfocamos la lucha a partir de la legislación que nos ampara”, concretamente el artículo 66 de la Ley de Biodiversidad, el cual reconoce “el derecho a que las comunidades locales y los pueblos indígenas se opongan al acceso a sus recursos y al conocimiento asociado, por motivos culturales, espirituales, sociales, económicos o de otra índole”.
Barquero puntualizó que “los pueblos tenemos derecho a oponernos a proyectos que afecten a nuestras comunidades. Tenemos antecedente del río Pacuare y el Chirripó”.
Nota: La gira de UNIVERSIDAD a la zona de los proyectos propuestos fue organizada por el trabajo comunal del programam Kioscos Ambientales, de la Vicerrectoría de Acción Social (VAS) de la UCR.
