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Disputa por zona marítimo terrestre en playa Cabuyal espera comienzo de juicio

Tribunal Contencioso Administrativo ya realizó audiencia preliminar, luego de que tomara tres años a autoridades judiciales determinar que no se trata de un tema agrario.

“Estamos a la espera de que el Contencioso decida que se eleva a juicio el tema”, informó el activista e integrante de la Asociación de Rescate de la Zona Marítimo Terrestre (Arezomate) Marco Fournier, respecto al diferendo que se tiene con la familia de la exdiputada liberacionista María Ocampo, sobre la zona marítimo terrestre (ZMT) en playa Cabuyal.

Esa playa pertenece al cantón de Liberia y fue hace 20 años que la familia Román Ocampo realizó una localización de derechos y presentó un estudio histórico, alegando que la playa era de su propiedad.

De acuerdo con Fournier, en una audiencia realizada ante ese Tribunal la semana pasada, se alegó de parte de quienes pretenden la playa que “ya todo esto caducó, que ya prescribió y que el juicio no tiene sentido. Por supuesto nosotros inmediatamente argumentamos que la ZMT es inalienable e imprescriptible, así lo dice la ley, de modo que nuca prescribe a pesar de que pasen los años y los años”.

“Ellos pretendieron ganar tiempo con todas estas argucias legales, ahora habrá que esperar que se monte el juicio. Esto era una primera audiencia para ver que qué pruebas y qué argumentos se aceptaban”.

Playa para el pueblo

Fournier insistió en que la ZMT es inalienable y “de todo el pueblo”, pero observó que solo existen dos excepciones: la figura de algunas cédulas reales otorgadas durante la colonia, “que son muy escasas”, y una ley de corta vigencia promulgada durante la administración Oduber, que “abrió las compuertas y un montón de políticos se aprovecharon y declararon propiedad privada parte de la ZMT”.

De hecho, fue la existencia de una de esas cédulas reales lo que alegó la familia de Ocampo para reclamar el registro de la propiedad en la playa. “Ellos insisten que tenían la cédula real, nunca la han presentado y últimamente dicen que se perdió, pero que ellos pueden demostrar que existió”, apuntó Fournier.

“Entonces -continuó- con base en esa en esa historia, la Municipalidad visa los planos y se inscriben en el Registro”.

“Ellos registran la propiedad, detrás se da todo un proceso bastante evidente en la Municipalidad y cuyo Alcalde (de entonces) ha estado dispuesto a declarar, aunque ahora en la audiencia la semana pasada no nos lo aceptaron como testigo”, lamentó.

Informó que en su momento la Procuraduría General de la República (PGR) presentó un juicio sobre el tema “que ya se dio y que fue muy mal planteado, entonces a nosotros pedimos coadyuvancia, nos la aceptaron pero ni siquiera nos mencionan en el análisis y las conclusiones, a ellos les rechazan la demanda e inclusive los jueces dicen que porque está precisamente mal planteada”.

Así, la Arezomate planteó su propio proceso ante el Contencioso, que “ellos han venido atrasando y atrasando”. Relató que hace unos tres años argumentaron que en las tierras hay ganado y que entonces es un problema agrario, no para el Contencioso Administrativo y que por lo tanto el caso debría trasladarse a Liberia, “donde tienen sus contactos” , apuntó Fournier.

Dijo que muy a pesar del reclamo de los abogados de la Asociación y de una abogada de la contraparte, el juez decidió tomar esa decisión, lo cual significó que le caso fue elevado a la Sala I, que finalmente se trajo abajo la decisión de ese juez, pero “se ganaron tres años”.

Así se llegó a la audiencia de la semana pasado donde, como se dijo, la familia Ocampo argumentó que el tema había prescrito. Al iniciar le juicio “ellos estarían obligados a demostrar que no es ZMT, no se cómo lo van a hacer, porque la cédula real nunca apareció. Han argumentado un plano un plano de 1920 pero eso no demuestra que no fuera ZMT y no tienen muchas pruebas, pero uno no sabe qué pasa dentro de un juicio”.

Ante pregunta sobre lo que ha costado mantener la lucha todos estos años, Fournier replicó con algo de humor que al conocer de las pretensiones de privatizar la playa, “nos juntamos varios envenenados, para decirlo de alguna manera, y no estamos dispuestos a ceder un ápice, entre más tiempo pasa, más nos envenenamos”.

Insistió en que la playa pertenece a “todo el pueblo de Costa Rica” y que para garantizarlo la pretención es que se convierta en un refugio.

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