La discriminación por nacionalidad, condición de salud o discapacidad, edad, orientación sexual, identidad y expresión de género, entre otras, son obstáculos para el acceso pleno al derecho a a salud en Costa Rica, informó este lunes la Relatora Especial de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) sobre el derecho a la salud, Tlaleng Mofokeng.
Al final de su misión a Costa Rica, Mofokeng dio una conferencia de prensa en la que expuso sus observaciones preliminares, que se desarrollarán en detalle en un informe que se presentará al Consejo de Derechos Humanos de la ONU en Ginebra en junio de 2024.
En su visita, la relatora se reunió con personeros de decenas de instituciones públicas y también con mujeres activistas, mujeres privadas de libertad, personas indígenas, afrodescendientes, personas LGBTIQA+, con discapacidad, migrantes, solicitantes de asilo y refugiadas.
Si bien la relatora resaltó la universalidad del sistema de salud costarricense y el marco normativo que garantiza el derecho a la salud, señaló que hay vacíos, como que el aborto es considerado un delito, y que incluso, los médicos que sospechan que una mujer se sometió a un aborto tienen la obligación de informarlo.
Sobre la protección del derecho a la salud de las diversas poblaciones, la relatora dijo que “el objetivo de lograr el más alto nivel posible de salud física y mental es cada vez más difícil de alcanzar” especialmente para personas en situaciones vulnerables.
Entre otros, señaló a pueblos indígenas, personas migrantes, desplazadas internas, solicitantes de asilo y refugiadas, personas que usan drogas y aquellas afectadas por factores como la pobreza, la discapacidad, el racismo, la xenofobia, el estado de salud, “como ser VIH positivo o requerir un aborto” y aquellas personas que enfrentan discriminación basada en la edad, orientación sexual, identidad y expresión de género.
“La discriminación estructural conduce a un acceso diferenciado a servicios, bienes e instalaciones y, en el marco del derecho a la salud, este acceso diferencial es inaceptable. Además, la falta de datos desglosados impide analizar completamente la situación de grupos específicos y, por lo tanto, adoptar políticas específicas desde una perspectiva de equidad”, señaló la Mofokeng.
La relatora destacó obstáculos como los altos costos de las contribuciones al sistema de salud que dejan a poblaciones descubiertas, la ausencia de traductores y asesores culturales en el sistema de salud, el uso de citas electrónicas que excluye a quienes no tienen conectividad, falta de instalaciones adecuadas de atención primaria y secundaria, y otras.
Sobre la salud mental, Mofokeng dijo que esta está bajo presión “tanto para la población como para la respuesta del sistema de salud” y destacó su preocupación “sobre los asuntos de suicidio, adicción, salud mental infantil y adolescente”.
La relatora agregó que hay poca comprensión de los derechos humanos de las personas con discapacidad y que “su voz colectiva no se tiene en cuenta” y aseguró que a causa de la discriminación y la violencia que viven, las personas LGBTIQA+ experimentan niveles más altos de trastornos de salud mental.
“Estas disparidades en los resultados de salud están vinculadas a prejuicios, abusos y violencia” dijo y destacó que le “preocupa saber que la terapia de conversión no es ilegal en el país, exponiendo a las personas LGBTQIA + a una violencia institucionalizada que queda impune y subrayó que este es un asunto de urgencia que debe abordarse”.
Así mismo, dijo que las restricciones al aborto “son de naturaleza discriminatoria”, pues limitan la autonomía e interfieren con la relación médico-paciente.
“La moralidad pública y las creencias religiosas no pueden servir de justificación para la promulgación o aplicación de leyes que den lugar a violaciones de derechos humanos. El Estado debe imponer una moratoria en la aplicación de las leyes penales relativas al aborto, incluida la obligación legal de los profesionales médicos de denunciar a las personas embarazadas que buscan abortar a las autoridades encargadas de hacer cumplir la ley”, sentenció.
La funcionaria agregó que los relatos “profundamente personales del racismo y la xenofobia” así como la falta de empatía hacia personas indígenas, afrodescendientes, migrantes y refugiadas, evidencian obstáculos a la realización del derecho a la salud.
“Los desafíos que enfrenta Costa Rica no son insuperables. Mediante la administración, la voluntad política y la rendición de cuentas, el Estado puede y debe alcanzar el objetivo de la igualdad sustantiva” finalizó.
