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Discriminación en familias e instituciones obstaculiza servicios de salud sexual a mujeres con discapacidad

Las acciones discriminatorias en el sistema educativo y de salud, así como el poco acceso a la educación y a información relevante sobre salud sexual y reproductivos son los principales obstáculos para que las mujeres que viven con alguna discapacidad accedan al ejercicio pleno de sus derechos en estos aspectos.

Así lo reveló el estudio «Salud sexual y reproductiva y violencia de género hacia las mujeres con discapacidad» elaborado por la oficina nacional del Fondo de Población de las Naciones Unidas (Unfpa) en conjunto con el Consejo Nacional de Personas con Discapacidad (CONAPDIS) y la Alianza Latinoamericana de Mujeres con Discapacidad (ALAMUD).

El documento analiza, bajo el enfoque de género, la información recopilada por la Encuesta Nacional de Discapacidad, realizada por el Instituto Nacional de Estadística y Censos en el 2018; con el fin de conocer las situaciones que más afectan la vida de las mujeres con discapacidad en el país, en relación con el acceso a derechos sexuales y reproductivos.

Durante la presentación de la investigación, la coordinadora residente del Sistema de Naciones Unidas, Allegra Baiocchi reconoció que el país está «muy lejos de la igualdad» y destacó algunos datos clave del estudio. Por ejemplo, explicó que las mujeres con discapacidad tienen menor acceso a acciones y servicios de prevención de la violencia basada en género y de salud reproductiva pues son inaccesibles para ellas o no están adecuados.

Además, explicó, se evidenció una falta de competencia y conocimiento por parte de los proveedores de estos servicios, «lo que aumenta la vulnerabilidad de estas mujeres a los embarazos no deseados, infecciones de transmisión sexual, etc.» Además, cuando a ellas se les violentan sus derechos, carecen de mecanismos de protección adecuados, por las mismas razones.

Damaris Solano, de Alamud, dijo que el estudio permite dar voz y rostros a los datos y aporta información para incidir en la politica pública. «Nos preocupa el poco acceso, especialmente el de las mujeres a la información sobre estrategias de prevención de la violencia y a datos sobre salud sexual y reproductiva», dijo al tiempo que señaló la «urgencia» de ofrecer capacitación al personal de salud y educación.

De acuerdo con el análisis las mujeres con discapacidad tienen muchísimo menor acceso a la educación, a información sobre salud sexual y reproductiva,  a mecanismos de protección contra la violencia basada en género.

Es esta población la que mayor número de incidentes discriminatorios reporta en Ebais, hospitales públicos, clínicas públicas y farmacias, mientras que a nivel de clínicas, hospitales o consultorios privados son las mujeres sin discapacidades las más afectadas.

Sobre situaciones de violencia, las mujeres que viven con discapacidades son las más impactadas por gritos, insultos, descalificaciones y humillaciones, acoso o forzamientos sexuales, violencia patrimonial (negativa a que administre sus propios recursos), forzamiento a procedimientos médicos, así como negativas a permitirles asearse, alimentarse o acceder a medicamentos.

Mientras tanto, actos violentos como golpes, heridas, empujones, halones de pelo o patadas se cometen en mayor medida contra mujeres que no tienen discapacidad (35.2%), que contra quienes tienen esta condición (31.1%).

El estudio concluye que los bajos niveles de inserción en el mercado laboral, el desempleo y los bajos ingresos, junto con la discriminación y la violencia, son los factores de exclusión que más afectan las condiciones de vida de las personas con discapacidad, especialmente de las mujeres.

El documento indica que en un contexto en el que las políticas e instituciones sociales no garantizan el acceso pleno de esta población a sus derechos, el apoyo que brindan las familias es muy relevante para su desarrollo, pero que a la vez que «la ayuda económica, el apoyo frente a servicios sociales hostiles, el respaldo a una vida autónoma, el respeto a las decisiones individuales, son manifestaciones de solidaridad que contribuyen positivamente», a nivel familiar y comunitario las personas sufren por «prejuicios y visiones estigmatizantes de las mujeres con discapacidad» que impactan su autonomía.

«Los cuestionamientos al libre ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos, el control sobre decisiones vitales como la elección de la pareja, la crianza de hijos e hijas y la administración del patrimonio, unido a los patrones socioculturales asociados a la “misericordia”, la “caridad” y la “lástima”, exponen a las mujeres con discapacidad a situaciones de diversas manifestaciones de violencias, a la vez que limitan su desarrollo pleno», reza la investigación.

Al mismo tiempo, los espacios institucionales de atención de la salud y educación cumplen solo de manera parcial su tarea de incluir a las mujeres con discapacidad. En grupos focales realizados como parte del estudio, las mujeres coincidieron en que estos espacios son «inseguros e intolerantes». Según explica el documento, no sólo se presentan obstáculos físicos en los servicios de transporte, las instalaciones y el equipamiento, si no que el trato poco humanizado y poco profesional se señala como principal factor de discriminación.

«En ausencia de una formación adecuada, las personas profesionales en los servicios públicos reproducen los estereotipos y prejuicios que prevalecen en la sociedad. La discriminación y la violencia en estos ámbitos excluyen a las mujeres del acceso a oportunidades determinantes para su desarrollo», afirma el estudio.

Por eso, señalan, se requiere trabajar con familias y comunidades, para concientizar sobre los derechos de las personas con discapacidad, especialmente de las mujeres, así como garantizar herramientas para que las situaciones de violencia sean denunciadas.

Francisco Azofeifa, director ejecutivo del Conapdis indicó durante la presentación del estudio que este deja patente la importancia de tener datos actualizados y útiles. «Un país que no sabe la realidad de la población no puede brindarle soluciones», indicó.

El segundo vicepresidente de la República, Marvin Rodríguez, dijo que al analizar bajo un enfoque de género los datos sobre discapacidad «se evidencian grandes brechas que enfrentan estas mujeres para acceder a sus derechos humanos, brechas basadas en sesgos y estereotipos asociados a la discapacidad y el género».

«No podemos estar tranquilos y felices mientras haya alguien a quien se le violen sus derechos fundamentales», dijo y agregó que eliminar todas las formas de discriminación contra las mujeres y especialmente, contra las mujeres con discapacidad «es una tarea que está en manos de todos y todas».

 

 

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