El director del Sistema Nacional de Registro Único de Beneficiarios del Estado (Sinirube), Erickson Álvarez Calonge, trasladó datos personales de los costarricenses al asesor presidencial Santiago Álvarez Ovares sin que existiera un convenio entre las instituciones, sin acuerdo de confidencialidad y sin anonimizar los datos, según se desprendió hoy en una audiencia en la Asamblea Legislativa.
El director del Sinirube compareció hoy ante la comisión legislativa que analiza la desaparecida Unidad Presidencial de Análisis de Datos (UPAD).
El Sinirube es una base de datos adscrita al Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS) de ciudadanos que reciben ayudas del Estado y recolecta información de diversas instituciones públicas.
Pero el funcionario detalló que “viene a convertirse en un centro de inteligencia” con el objetivo de “tomar decisiones de políticas sociales basadas en información, ya que incluye datos de un 80% del total de hogares de Costa Rica, con 1.365.000 hogares registrados y alrededor de 4,5 millones de personas registradas.
A la fecha, el Sinirube tiene 48 convenios de intercambio de información con otras instituciones.
Las legisladoras liberacionistas Silvia Hernández y Ana Lucía Delgado presentaron documentación y realizaron preguntas que confirmaron que Erickson Álvarez Calonge habría autorizado el traslado de datos personales sensibles de los costarricenses registrados ante el Sinirube al asesor presidencial Santiago Álvarez Ovares sin autorización legal.
El 17 de setiembre de 2018 el entonces ministro de la Presidencia Rodolfo Piza solicitó a la dirección del Sinirube un convenio para poder tener acceso a la base de datos. Dicho convenio fue firmado el 19 de marzo de 2019.
Sin embargo, la diputada Hernández mencionó los oficios que muestran que el asesor del Ministerio de la Presidencia Álvarez Ovares solicitó y recibió la base de datos del Sinirube antes de que el convenio estuviera firmado y mucho antes de que se emitiera el decreto de creación de la UPAD.
Según el oficio DP-0182-2018, el 15 de noviembre de 2018, Álvarez Ovares solicitó a la entonces jerarca del IMAS, María Fulmen Salazar, la base de datos del Sinirube contemplando las siguientes variables para personas de 18 a 44 años: vivienda, ubicación, zona, tipo de vivienda,material y estado del piso, techo y cielo raso, número de aposentos, tipo de energía, empresa proveedora de electricidad y agua, equipos y tenencia de Internet, información sobre los ocupantes de la casa, sexo, estado civil, nacionalidad, nivel educativo, estabilidad en el empleo, existencia o no de violencia intrafamiliar, personas con discapacidad, ocupación, duración del desempleo, ingresos y beneficios sociales que reciben. El asesor especifica que requiere los datos “despersonalizados”, sin nombre, número de cédula, teléfono, dirección ni correo electrónico.
El asesor especifica que requiere los datos “despersonalizados”, sin nombre, número de cédula, teléfono, dirección ni correo electrónico y que son para una estrategia de empleabilidad de esta población.
El Consejo Rector del Sinirube traslada la solicitud a Erickson Álvarez, quien el 23 de noviembre de ese año, mediante el oficio Sinirube 297-11-2018 envía “la información solicitada con datos sensibles de la base de datos del Sinirube” aclarando que “esta información debe tratarse con los aspectos de confidencialidad y seguridad necesarios” y que “esta debe ser resguardada por su persona con la mayor discreción”.
El 20 de noviembre el mismo asesor solicitó a la jerarca del IMAS la base de datos del Sinirube de las personas beneficiarias del Fonabe contemplando las siguientes variables: nombre completo de padre, madre o encargado, número de cédula, teléfonos, nombre del beneficiario, ubicación, zona, estado civil, nacionalidad, centro educativo y beneficios que recibe. Se indica que es para el tema de bancarización de personas beneficiarias de programas del sector social. Erickson Álvarez envió la información solicitada el 14 de diciembre.
Los oficios -de los cuales tiene copia UNIVERSIDAD- fueron presentados por el mismo Sinirube a la comisión legislativa como parte de la documentación requerida para la investigación.
A principios de diciembre de 2018 -antes de que se firmara ningún convenio – Erickson Álvarez dio acceso a la base de datos del Sinirube al asesor presidencial. Con este funcionario tampoco existía – ni ha existido – un acuerdo de confidencialidad para proteger dichos datos, indicó Erickson Álvarez.
La diputada Hernández preguntó bajo qué norma, criterio o acto administrativo válido se le dio acceso a esta base de datos. De igual forma, la legisladora Delgado cuestionó cuál es el acuerdo del consejo asesor del Sinirube que lo autorizó a transferir la información. No obstante, Álvarez Calonge se acogió a su derecho de abstenerse de responder.
La diputada Silvia Hernández anunció que presentará una acción legal ante la Fiscalía General contra el asesor presidencial Santiago Álvarez Ovares y contra el director del Sinirube Erickson Álvarez Calonge por el intercambio de información sin tener un convenio firmado que lo autorice.
