El Director del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) Walter Espinoza y su equipo recibieron esta tarde a una delegación del Pueblo Cabécar de China Kichá, la Coordinadora de Lucha Sur Sur y de la organización ecologista Bloque Verde y se comprometieron a responder un documento sobre el estado de investigación de las denuncias de múltiples agresiones, asesinatos, tentativas de homicidios, quema de casas, de cultivos y amenazas de muerte contra personas indígenas.
Edward Torres, indígena del territorio de China Kichá, ubicado en el sur del país, declaró después de la reunión: “Hemos vivido momentos muy difíciles donde hemos vivido violencias, racismo, discriminaciones, intentos de homicidio y nosotros queremos que las leyes sean cumplidas. Es triste ver a los compañeros golpeados. Queremos lo mejor para nuestro territorio. Allá hemos vivido muchos casos de quemas, nos han quemado los cultivos, las casas, que con tanto esfuerzo nos ha costado tener. No queremos más violencia. Queremos una tranquilidad para nosotros”.
Torres afirmó también que cada vez que van a poner una demanda, una denuncia, “nos dicen que no hay evidencia, no hay testigos, y ahí archivan todo, pasan los días y nunca nos dan informe de lo que uno fue a demandar”.
En el documento entregado, las organizaciones de pueblos originarios recuerdan: “como hemos comunicado reiteradamente y desde hace muchos años, la ocupación ilegal de nuestros Territorios por parte de personas que no pertenecen a nuestros Pueblos, es la causa principal de la violencia y violación sistemática de nuestros derechos humanos y es obligación del Estado, en este caso del Poder Ejecutivo, ejecutar los desalojos administrativos necesarios para devolvernos nuestras tierras”.
Gustavo Oreamuno, defensor de derechos humanos de la Coordinadora de Lucha Sur Sur (CLSS), comentó que al director del OIJ le externaron su preocupación por la violencia creciente en la zona sur y el Caribe y por la aparición de grupos organizados, que planifican, financian y ejecutan muchas de las agresiones con personas indígenas.
Al finalizar la reunión, Oreamuno informó que el OIJ se comprometió “a contestar sobre los casos denunciados de múltiples agresiones, asesinatos, tentativas de homicidios, quema de casas, de cultivos y amenazas de muerte”.
También se comprometió a facilitar el diálogo con el Ministerio Público y también a que cuando las personas indígenas interponen denuncias se les entregará el documento físico, ya que actualmente les dicen que les enviarán los documentos por correo electrónico, cuando las personas en los territorios tienen limitado acceso a Internet o no tienen saldo en sus teléfonos.
Fabián Pacheco, de la organización ecologista Bloque Verde, dijo que la reunión se dio en seguimiento a la acción que se hizo en el marco de la campaña ¡Sin Justicia no hay democracia!. El 26 de enero se realizó una manifestación frente a los edificios del Poder Judicial, en San José, para denunciar el intento de asesinato de Leonel García Segura, indígena cabécar de Territorio de Bajo Chirripó, en Matina.
“Yo salí optimista”, expresó Pacheco y precisó que las autoridades se comprometieron a dar un informe en 10 días. “Esto es parte del acompañamiento; quedó claro que las personas indígenas no están solas, que habemos personas dando seguimiento y monitoreando, apelando por una justicia pronta y cumplida para los territorios indígenas”, agregó Pacheco.
“Este tema nos apremia porque el nivel de agresión es infame, es obsceno”, destacó Pacheco.
Las demandas
Las organizaciones de pueblos originarios demandaron “un informe pormenorizado del actuar del OIJ” en varias causas judiciales por ataques contra indígenas en Bajo Chirripó, China Kichá, Salitre, Cabagra, así como amanezas a líderes indígenas y defensores de derechos humanos.
También se exigió un “compromiso para que se inicien nuevas investigaciones, y que las pendientes o en curso indicadas, sean realizadas con absoluta imparcialidad, diligencia y libres de racismo y cualquier otra discriminación por parte del OIJ”.
Asimismo, se pidió que se establezca “alguna directriz o manual de procedimientos culturalmente apropiados y pertinentes para la atención de casos en los cuales estén involucrados Pueblos Originarios y que dicho instrumento sea consultado con los mismos”. Por último, que se establezcan “los canales de comunicación adecuados, ágiles y oportunos entre las partes”.
Posteriormente el documento detalló todas las causas judiciales en detalle.
El grupo fue atendido por el director del OIJ, el jefe de operaciones del OIJ, y representantes de la oficina de prensa y de la oficina de atención a la víctima.