El Director del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), Randall Zúñiga, clamó en la reunión de jefaturas de fracciones legislativas por una variación en las reglas que hay en Costa Rica en las investigaciones penales para los miembros de los Supremos Poderes, que calificó como «legislación arcaica» que está afectando el desarrollo del caso Barrenador, en el que está involucrada la ex presidenta ejecutiva de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) Marta Esquivel, actual Ministra de Planificación.
«A la fecha, no ha existido un solo juicio que se haya hecho bajo la figura esta de Supremos Poderes, nunca. Lo que se hace es investigar, robotizadamente por así decirlo, pero nosotros no tenemos esa fluidez o inmediatez para poder dar una respuesta. Si me entero que dos personas investigadas se van a reunir, no puedo hacer nada, ni me puedo acercar, tengo que comunicarlo al Fiscal, para que haga una resolución para ir a hacer lo que dice el Fiscal. Si algo se le olvidó, no lo incluyó, no podemos hacer nada», dijo.
Zúñiga hizo la declaración en la audiencia con las jefaturas de fracción solicitada desde la semana pasada por la diputada independiente Gloria Navas, para que el Director del OIJ expusiera ante los diputados las reformas que considera son necesarias ante la crisis de violencia y criminalidad que enfrenta el país desde hace dos años.
El funcionario planteó la necesidad de acompañar reformas legales con los recursos para poder enfrentar una criminalidad que está en aumento por varios factores, entre los que mencionó cambios en la legislación que aumentan facultades a los cuerpos de seguridad sin otorgarles recursos, y una transformación de la actividad delictiva, migrando de los delitos contra la propiedad, a delitos informáticos y contra la vida.
«Entre el 2003 y el 2007, se presentó una relativa estabilidad, alrededor de 50 mil denuncias de delitos, pero desde el 2008 se presentó un incremento alto en estas denuncias, pasaron a 70 mil, y eso estuvo relacionado con la eliminación de la cuantía en los hurtos», explicó Zúñiga, quien mencionó como reformas legales continuaron este proceso, entre las que citó las relacionadas con desaparición de menores, bienestar animal, acoso sexual callejero, ley de tránsito y relaciones impropias, que aumentaron las obligaciones de los cuerpos de seguridad, pero no sus presupuestos. «Es complejo, porque en el caso de desaparición de menores, tenemos como diez mil casos en siete años, pero ni uno solo fue real; eran fugas del hogar o del PANI, menores que se peleaban con la familia, se escapaban con quien creían que era el amor de su vida, huían de condiciones complicadas como padres alcohólicos, pero ni uno solo llegó a un juicio, y requieren muchos recursos», dijo.
Esto se complica con la mutación de las acciones criminales como delitos contra la propiedad, por otros como delitos informáticos, en los cuales los criminales pueden extender su actividad, desde una computadora y con menos riesgos, que se dispararon desde el 2021. De manera similar, el crecimiento de los delitos contra la vida en los últimos dos años ha obligado a multiplicar esfuerzos, con un modelo de lucha contra el crimen que ya presentaba deficiencias.
Zúñiga relató que existe un déficit de alrededor de 700 plazas para las sedes regionales, a pesar de los nombramientos realizados recientemente. Asimismo, existen tres puntos claves en los que se requiere presencia del OIJ, en la Península de Osa, en la frontera con La Cruz y en Tamarindo, para enfrentar «un año que se perfila como muy similar al anterior».
Reformas requeridas
Al pedirle los diputados que precisara posibles reformas, Zúñiga citó el caso de la investigación con los Supremos Poderes, citando que el caso reciente del Barrenador, el proceso se había visto afectado. «Se había realizado la apertura de un celular con el procedimiento ordinario; ahora se requerirá otra orden diferente, de un proceso extraordinario, para poder hacer la sustracción de la información, y todo de manera muy limitada», dijo.
El Director del OIJ solicitó a los diputados valorar una reforma ante una legislación que calificó de arcaica y que no ha podido arrojar ningún resultado. Recomendó una modificación para mantener el fuero de los miembros de los Supremos Poderes, pero posibilitar investigaciones bajo procedimientos ordinarios, o al menos, más ágiles.
«La recopilación de la información podría ser por la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción (FAPTA), o crear una fiscalía especial, y si el caso se eleva a juicio, que se respete el fuero, la acusación la haga el Fiscal, y podría incluso mantenerse el proceso en la Sala Tercera, pero que la recopilación de la prueba se pueda hacer con Juzgados ordinarios», señaló.
No fue la única reforma que solicitó. Manifestó la importancia de avanzar en la extradición de nacionales, ejecución de la pena, requisitos ante instituciones bancarias para solicitar permisos («no pedimos levantar el secreto bancario; solo preguntar si una persona tiene o no una cuenta en una institución nos lleva un largo proceso», resaltó), y casos de menores de edad, en el que admitió que se requerirá de una discusión profunda. También cito las reformas para ejecución de la pena y capitales emergentes, en los que los diputados trabajan en propuestas de reformas.
Varios diputados como Pilar Cisneros y Luis Diego Vargas solicitaron a Zúñiga que remitiera una lista de reformas de ley específicas para estudiar su aprobación, e incluso una segunda mesa de trabajo, como la que se realizó el año pasado con representantes de los presidentes de los Supremos Poderes, para buscar el avance de una nueva agenda de seguridad, a partir del período de sesiones ordinarias.
Por su parte, el presidente legislativo Rodrigo Arias enfatizó la importancia de dotar al OIJ de los recursos necesarios para enfrentar la creciente criminalidad. «Si no les damos las armas, ¿Cómo podemos empezar a reducir estas estadísticas del crimen?», recalcó.
