Carlos Vásquez Landregreen, ex jefe del grupo «Costa Rica Próspera» que acabó impulsando políticamente a Rodrigo Chaves, declaró que durante el período que estuvo al frente de la organización no se realizaron las compras vinculadas a un posible financiamiento electoral ilegal, y pasó la polémica por este tema a su sucesora de entonces, Fabiola Romero, actual presidenta ejecutiva de la Dirección Nacional de Desarrollo Comunal (DINADECO).
Vásquez indicó a los diputados que no dirigió el fideicomiso, sino que fue invitado en febrero del 2021 a participar en «Costa Rica Próspera», como director de operaciones de un grupo de estudio de los problemas nacionales, del que se retiró en junio del 2021 cuando se hizo evidente que no se lograría el objetivo de alcanzar una gran coalición electoral.
«No dirigí el fideicomiso. Era uno de los autorizados para solicitar egresos», dijo Vásquez, quien, empero, admitió que la operación del grupo Costa Rica Próspera tenía como brazo financiero el fideicomiso.
Vásquez alegó que únicamente se produjo el pago de un mes por el alquiler de la Casa Progreso, pero expresó que se utilizaba para las reuniones en las que se procuraba construir una coalición. Cuando le consultaron por la posible desviación de recursos a la campaña electoral, indicó que durante su período no se realizaron las compras que se han cuestionado, como el pago de banderas o la compra de mobiliario, que posteriormente se utilizaría en la campaña.
Sin embargo, admitió que poco antes de su salida, autorizó la compra de mobiliario por alrededor de ₡2 millones, pero insistió en que no podía dar detalles al respecto, porque la compra no se concretó bajo su período. Mencionó que posteriormente, la persona que lo sucedió en el puesto de directora de operaciones fue la encargada de los siguientes procesos. «Se nombró a Karla Fabiola Romero, presidenta del partido Unidos por Costa Rica», indicó.
Romero fue designada por Chaves como presidenta ejecutiva de DINADECO, y fue convocada por la comisión para solicitarle la explicación de las compras que se realizaron en su gestión.
Entre los pagos que interesan a los diputados, se mencionó la contratación de una encuestadora, Enfoques estudios de opinión.
Vásquez mencionó que no realizó pagos de planilla, y que en esta materia, solo recordaba que se le informó que en junio llegarían dos personas, pero no tenía que pagarles salario, porque «las aportaba Calixto Chaves». Aseguró desconocer si se concretó esta situación.
También indicó que antes de la operación del fideicomiso, hubo movimientos de recursos. Citó que antes de la apertura del fideicomiso, hubo un aporte del empresario e importador de arroz Bernal Jiménez, quien le entregó una partida de $15 mil a Rodrigo Chaves. Esos recursos se utilizaron principalmente para contratar a un consultor u operador político, el exdiputado del PLN Carlos Vargas Pérez.
«Carlos Vargas Pérez era uno de los miembros del grupo fundacional de Costa Rica Próspera, pero no uno de los seis aportadores, como Bernal Jiménez o Luis Diego Soto Clausen; él (Vargas) si cobraba honorarios», indicó Vásquez, quien ante las consultas de los diputados especificó que no se le giraron pagos a través del fideicomiso.
Los integrantes de la comisión acordaron convocar para audiencias tanto a Vargas como a Soto.
