Contrataciones en la CCSS

Directivo alerta que reforma propuesta abre vía a privatización de servicios de salud

Polémica sobre cambio en política de compras a terceros surge en momentos en que la intervención en la unidad de compras comprueba cuantiosos daños por contratos incumplidos con impunidad.

Una propuesta de reforma al reglamento para la contratación de servicios por parte de la estatal Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) genera temores de privatización de la asistencia en salud.

Al mismo tiempo, una intervención en la dirección de compras de la entidad comprueba la existencia de cientos de casos en que no se sanciona a proveedores que incumplen los contratos, e informes de la auditoría dan cuenta de fallas en la fiscalización de servicios de salud contratados a terceros.

El miembro de la junta directiva y representante de los trabajadores en la Caja, Mario Devandas, alertó que un proyecto de reforma a la política de contrataciones, entregado por la administración, conduce a una privatización de los servicios de salud, camino que calificó como peligroso.

La política actual dice que la compra que se efectúe de estos servicios esenciales debe ser de carácter excepcional y transitorio, y no podrá exceder el plazo que prudencialmente resulte razonable para resolver el problema de operación o funcionamiento que la originó. De manera que en el menor plazo posible y de acuerdo con la demanda existente se brinden tales servicios directamente por la institución, pero ese párrafo fue eliminado en la propuesta, declaró Devandas.

Con la preocupación del directivo coincidieron algunos dirigentes sindicales del sector salud, así como la médico, funcionaria de la Caja y exdefensora de los habitantes, Lizbeth Quesada.

“Esta es una nueva iniciativa de una elite que quiere privatizar la CCSS, que es dadora de paz y democracia en el país, y los costarricenses no lo podemos permitir”, aseveró Quesada en una entrevista con Canal 13.

Señaló que la CCSS no fue creada para ser concesionaria, sino que el espíritu de su creación y su ley orgánica es que la institución sea la que preste el servicio de salud, y solamente cuando no tenga los recursos entonces se busca en otra parte. Pero esa especificidad se elimina en el documento y se abre para todo.

Los intentos de privatizar la Caja vienen desde hace mucho tiempo y este es uno nuevo, indicó Quesada, y afirmó que los enemigos están dentro de la misma institución.

Por su parte Devandas remarcó que actualmente se contratan servicios de salud a terceros en casos de urgencia de carácter médico, debidamente analizados, y donde se establece la “inviabilidad” de prestarlos en la Caja.

En el reglamento actual se establece que “la provisión de salud por proveedores externos deberá estar amparada en una determinación de la necesidad o calificación de insuficiencia o inexistencia de la capacidad resolutiva de la red de servicios de salud institucional”.

La propuesta de reforma dice que “la provisión de servicios de salud por proveedores externos deberá estar amparada en una determinación de la necesidad y factibilidad institucional, en caso de que se determine que esto es la mejor manera de satisfacer el interés público (…)”.

La gerente de Infraestructura, con recargo temporal de la gerencia de Logística de la Caja, Gabriela Murillo, manifestó que el documento fue preparado a petición de la Junta Directiva, que instruyó al cuerpo gerencial coordinado por Logística para redactar un documento que unifique una sola política de servicios que no solo tome en cuenta los servicios de salud, sino otro tipo de servicios que se contrata a terceros.

La Caja está enfocada en servicios de salud, pero contrata muchos otros tipos de servicios técnicos, como los de construcción y legales, porque no es autosuficiente.

En el documento se plantea que la Caja tendrá como actividad ordinaria la prestación directa, por medios propios, de los servicios de salud a la población. No obstante, por criterios de oportunidad y conveniencia institucional estos se pueden contratar a terceros, y en ese caso será una contratación de carácter temporal y excepcional, explicó la jerarca.

Dijo que actualmente no está claro qué se entiende por la inviabilidad, la Junta Directiva lleva años discutiéndolo, y a veces se hace de una forma y a veces de otra, de ahí que el documento busca aportar elementos técnicos para la toma de decisiones.

No obstante, “si lo que se quiere es que se acentúe la inviabilidad y darla como una condición previa a la contratación, eso se podría hacer; y si hay interés de la Junta Directiva en que haya un mayor análisis se podría abrir un proceso de diálogo antes de la presentación” oficial del documento, dijo Murillo.

Devandas es del criterio que la decisión sobre ese asunto no debe quedar solo en manos de las nueve personas de la Junta Directiva, sino que debe abrirse un debate nacional con participación de la ciudadanía y representantes políticos y sociales.

FALLAS

Mientras tanto, distintos informes de la auditoría interna de la Caja evidencian fallas sin resolver en la prestación de servicios de salud que afectan a los usuarios en los centros de la institución, así como en el control de servicios contratados a empresas privadas.

Así, por ejemplo, una evaluación de la auditoría en servicios concesionados a la Universidad Unibe en las áreas de Montes de Oca, Curridabat y San Juan –San Diego– Concepción, al este de la capital, evidenció la ruptura de la cadena de frío en la droguería de la Unibe, lo que ocasionó el daño de 3.786 vacunas por un monto de $34.934,60 (cerca de ₡20 millones).

No se activaron los planes de contingencia establecidos, lo que refleja debilidades en la gestión técnica por parte del proveedor, y hay un incumplimiento de las cláusulas establecidas en el cartel que originó la contratación, indicó el informe (ASS-78-2017).

Esta situación ocasionó no solo una afectación económica, sino también un riesgo en el abastecimiento de vacunas para otras unidades institucionales; además de una afectación a la población adscrita, por desabastecimiento de la vacuna neumococo 23-valente, ya que no fue posible su reposición. Eso implica la necesidad de que la institución ejecute las acciones pertinentes para resarcir el daño patrimonial y establecer medidas de control, apuntó la auditoría.


Impunidad

El jefe interventor de la Dirección de Adquisiciones y compras de la Caja, David Valverde, confirmó que a tres meses de iniciada la investigación han logrado identificar alrededor de 400 expedientes de sanción por incumplimiento de proveedores que se habían dejado inactivos inexplicablemente.

Por el momento no se puede cuantificar el daño total causado, pero se ha establecido que en 38 casos que están para imputarse hay presunto daño patrimonial de $662.000 (unos ₡380 millones), indicó.

Se han encontrado expedientes que tienen el informe final de conclusiones y nada más faltaba que el revisor firmara los borradores, y hay hasta proyectos de resolución que “desconozco por qué no se firmaron”. Algunos inexplicablemente tenían meses y hasta años de inactividad, dijo Valverde al comparecer la semana pasada ante la Comisión de Control de Ingreso y Gasto Público de la Asamblea Legislativa.

La comisión legislativa inició una investigación tras denuncias en la prensa de irregularidades en el departamento de compras de la Caja, y un desabastecimiento creciente de medicamentos en los hospitales y dispensarios de la institución, lo cual motivó que en mayo pasado la Gerencia de Logística ordenara la intervención de esa unidad, que maneja un presupuesto anual de ₡180.000.

Valverde informó que al 16 de mayo las existencias de 28 medicamentos estaban en cero, incluidos algunos muy críticos, y también faltaban insumos médicos como jeringas de insulina, catéteres y reactivos.

Con algunos ajustes, el equipo interventor ha logrado revertir parte del desabastecimiento, que hoy es de 17 medicamentos, añadió.

A tres meses de la intervención, una conclusión está clara: la cadena de abastecimiento es impactada por la impunidad en el régimen sancionatorio a las empresas que incumplen y la sensación de que “no pasa nada.”

Un informe de la Contraloría General de la República advirtió en el 2015 que el proceso de contratación de la CCSS está vulnerado, pues no tiene mecanismos internos para prevenir pagos por sobreprecios. Hace falta un sistema para detectar riesgos de esas adquisiciones, se realizan compras que no están en el plan anual, la institución ha aceptado precios ruinosos en la compra de medicamentos y hay una total carencia de multas y cláusulas penales para prevenir defectos en la ejecución de los contratos.

La diputada Paola Vega, del gobernante Partido Acción Ciudadana, manifestó en la Comisión Legislativa, que no puede concebir cómo una institución tan grande e importante para la ciudadanía no cuenta con las alarmas y mecanismos pertinentes para evitar que se llegue a tal nivel de desorden, y que al final de cuentas es dinero que cuesta a todos los costarricenses.


 


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