La jefa de la Dirección General de Migración y Extranjería (DGME), Martha Vindas, rechazó este jueves responsabilidad alguna sobre el decreto que se emitió en diciembre para endurecer los requisitos de solicitudes de refugio y que fue objetado por la Sala Constitucional por violación de derechos humanos.
Con el argumento de que tomó funciones en mayo, en sustitución de Marlen Luna (viceministra de Gobernación), Vindas expresó ante diputados de la comisión de Derechos Humanos que ni siquiera está en capacidad de calificar el decreto que ahora es objeto de modificaciones.
“No podría decir si el decreto estuvo bien hecho o mal hecho. Tuvieron sus criterios para hacerlo”, dijo Vindas durante la comparecencia ante los legisladores, acompañada de sus asesores Andrea Bonilla y Steven Jiménez.
Andrea Bonilla, asesora legal, reafirmó que hubo problemas con ese decreto N° 4381-MGP que el presidente Chaves anunció al comentar que muchos de solicitantes de refugio no eran tales, sino migrantes económicos. Después fue objeto de reprobación constitucional, cuando los magistrados de la Sala acogieron el recurso de hábeas corpus presentado por un periodista nicaragüense.
“Llegamos a la conclusión de que era necesario retrotraer los efectos del decreto y traer las normas a una versión similar a la normativa original de las personas refugiadas”, añadió Bonilla antes de mencionar que antes de mayo tuvo funciones distintas a las que tiene ahora.
“No podemos dar fe de cuál fue el fondo de ese decreto”, añadió Bonilla, aunque mencionó como posibilidad la alta cantidad de solicitudes de personas que en apariencia no cumplían los requisitos para obtener refugio.
La Sala Constitucional refutó reglas como la de rechazar las solicitudes de personas que presentaran su solicitud de refugio un mes después de haber ingresado al país, así como la prohibición de los solicitantes de refugio de salir del país, aspectos que fueron objetados también por el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur).
Aunque las autoridades actuales rechazan responsabilidad alguna sobre esas normas, aseguran que ya corrigieron las reglas en un primer borrador de decreto que ya se remitió al Ministerio de Gobernación para ser revisado y pasar para firma en la Presidencia.
“Ya está adelantada esa revisión”, dijo Bonilla, ante lo cual los diputados Antonio Ortega y Monserrat Ruiz, presidenta de la comisión, se ofrecieron para revisar el contenido de esas reglas y evitar que vuelvan a resultar lesivas para los derechos de las personas migrantes.
“Ya no sorprende que en este gobierno se hagan malos decretos”, criticó Ruiz antes de afirmar que “ese decreto fue una cosa de de terror, alejado de lo que ha representado Costa Rica en su historia”.
