Los diputados —tras una votación de 36 a 21— decidieron continuar con la discusión del plan fiscal de cara a su votación en primer debate, a pesar del reciente informe de Servicios Técnicos de la Asamblea Legislativa que cuestionó que no se hubiera hecho antes la publicación y las consultas obligatorias institucionales de la última versión del proyecto.
Al respecto, la presidenta legislativa, Carolina Hidalgo, determinó que “no se había incurrido en ningún vicio de procedimiento”, pues la vía rápida mediante la que se tramita el proyecto sólo establecía la obligación de realizar dos consultas y dos publicaciones, una que se hizo con la primera redacción de la iniciativa modificada por los anteriores diputados y otra posterior a la votación en primer debate.
Lea también: Todo listo para la primera votación del plan fiscal, la segunda es el verdadero reto
No obstante, el criterio de Servicios Técnicos recordó que el artículo 126 del Reglamento legislativo solicitaba las consultas cuando se aprueben mociones que puedan afectar a las instituciones, algo que no incluía la vía rápida, pero que la dependencia sí unió en sus razonamientos.
De cualquier manera, Hidalgo subrayó que siempre se siguió el acuerdo de las fracciones legislativas que se aprobó en febrero y se amplió en junio pasados, y se actuó “conforme con la literalidad del procedimiento”.
Así mismo, recordó que la costumbre de consultar los proyectos hasta después del primer debate ha sido respaldada por criterios de la Sala Constitucional, que estiman “resorte” de la Asamblea elegir “las reglas y los caminos” que sigue.
Ante esta decisión, el diputado frenteamplista José María Villalta, férreo opositor al proyecto y uno de los diputados que pedía adelantar las consultas antes de votar el proyecto, afirmó que “no entraría a discutir si Servicios Técnicos tenía razón o no” sino que su intención era garantizar que las recomendaciones institucionales pudieran acogerse.
“Cuando aquí planteamos la necesidad de hacer la consulta en este momento procesal, los argumentos no son de índole jurídico. Lo que planteamos es la lógica, el sentido común, la prudencia de consultar, si queremos que este proceso termine bien”, señaló.
Entre las consultas pendientes está la de la Corte Plena del Poder Judicial, organismo que afirmó que el proyecto afectaba su “funcionamiento” y su “autonomía presupuestaria”, por lo que si externara su rechazo al proyecto podría calificar la votación. Es decir, que no se necesiten 29 votos sino 38.
Lea también: ¿Cómo el criterio de la Corte podría traerse abajo la reforma fiscal?
No obstante, el Gobierno sostiene que incluso si eso pasara el trámite podría seguir, pues la reforma fiscal no se creó para modificar al Poder Judicial sino a toda la estructura nacional en relación con sus finanzas públicas.
Esa posición es mayoritaria también en el Congreso y así lo recordó el jefe de la fracción más grande, Carlos Ricardo Benavides, del Partido Liberación Nacional (PLN), quien señaló que Servicios Técnicos “leyó solo parcialmente” el procedimiento aprobado, en el que se “ha permitido consultas y publicaciones después de avalado el primer debate”.
La decisión final, sin embargo, parece que quedará en manos de la Sala Constitucional.
Al cierre de esta nota, las fracciones de Integración Nacional (PIN) y Restauración Nacional (RN) ya habían anunciado oficialmente su voto negativo al proyecto que se discute esta tarde en el Plenario; sin embargo, las fracciones del Partido Acción Ciudadana (PAC), el Partido Unidad Social Cristiana (PUSC) y el Partido Liberación Nacional (PLN), junto con el independiente Erick Rodríguez, aportarían los votos necesarios para dar el primero de dos vistos buenos que requiere la iniciativa.