La vejez de las normativas vigentes y los deficientes controles por parte del Estado fueron las principales razones que encontraron los diputados de la Asamblea Legislativa para explicar los desórdenes en materia de concesiones autobuseras, un problema recientemente revelado por una amplia investigación de UNIVERSIDAD.
El análisis encontró que 27 grupos familiares de autobuseros incluso han logrado obtener más de tres concesiones —y algunos incluso decenas de ellas—, un hecho prohibido por la legislación vigente, pero que no se respeta.
De hecho, el Consejo de Transporte Público (CTP) alega problemas de interpretación de la norma, motivo que ha permitido que diez de grupos acaparen la mitad de los ingresos que produce el sector: unos $385 millones al año.
La ley 2503 establece que “una misma persona no podrá ser dueña de más de dos empresas, ni socia mayoritario de más de tres empresas que operen en diferentes rutas” y también prohíbe que se otorguen más concesiones o permisos a “personas o empresas (…) ligadas a otro concesionario”. Sin embargo, ambas medidas se incumplen.
Al respecto, los diputados de la Asamblea Legislativa apuntaron con especial atención contra la vejez de la normativa, a la cual acusan de abrir portillos para malas interpretaciones y de no adaptarse a las condiciones actuales.
Además, algunos de los congresistas criticaron los controles públicos, encabezados por el Consejo de Transporte Público (CTP), que no ha logrado evitar concentraciones, como idearon los diputados que aprobaron la ley vigente.
CAMBIAR LA LEY
La Ley de Transporte Remunerado de Personas en vehículos automotores (Ley de Transporte Público) data del año 1965; es decir, han pasado 53 años desde que se publicó y empezó a regir en un contexto totalmente distinto.
En esa línea, diputados como Eduardo Newton Cruickshank, de Restauración Nacional (PRN), aseguraron que se trata de una ley desfasada que debería reformarse, un punto que considera esencial para evitar casos como los expuestos por este semanario.
Según Cruickshank, “la legislación es muy vieja y la regulación de transporte público requiere una legislación nueva y moderna”, un campo en el que dice apreciar las voluntades políticas necesarias para avanzar si los diputados se deciden a hacerlo.
Algo similar comentó el socialcristiano Pablo Heriberto Abarca, quien dijo no tener clara una posición en relación con la cantidad de concesiones que puede tener una sola persona, pero sí calificó como “necesario” tener un instrumento legal más certero. “Yo no sé si es bueno o malo que se tengan muchas concesiones si el servicio es de calidad.
A fin de cuentas, yo no tengo problema con quién sea el dueño de la concesión, lo que sí creo importante es que se clarifique cómo se obtienen para que sea visible y para que nadie recurra a figuras de subterfugio para tenerlas”, comentó. “Quizás también habría que determinar cuántos son las rutas aceptables, porque lo que no puede pasar es que se manipule la ley o que se usen figuras diferentes para evitarla”, añadió.
PEDIR CUENTAS
Aunado a las posiciones que se decantan por mejorar la legislación, también aparecen las voces que piden cuentas por la deficiente aplicación de la ley en los últimos años, además de que la intención de la ley era evitar concentraciones del servicio en pocas manos, pero eso no se está cumpliendo.
Al respecto, fue especialmente enfática la oficialista Paola Vega, del Partido Acción Ciudadana (PAC), quien aseguró que observa una mala aplicación de la ley en los últimos años por parte del CTP, de la que anunció que pedirá cuentas.
Comentó que emprenderá acciones legales y que propondrá llamar a cuentas a las autoridades involucradas en la materia, porque —desde su punto de vista— “no están haciendo su tarea”.
Así lo señaló en su intervención de este lunes en el Plenario legislativo, donde también aseguró que la inactividad de las autoridades abre la puerta a las dudas sobre por qué no se aplican medidas nacionales como la sectorización de las rutas o el cobro electrónico.
UNA REFORMA INTEGRAL
Ante todas estas posiciones, la diputada del Partido Liberación Nacional (PLN) y presidenta de la comisión de Infraestructura, Paola Valladares, aseguró que es necesario continuar estudiando la información disponible.
Según Valladares, si bien es necesario “reforzar” al CTP para que pueda realizar los controles que le pide la ley, también es necesario reconocer que existen “ambigüedades” en la legislación actual que deben ser corregidas. “Yo creería que es una necesidad remozar la ley, hace 53 años no viajaba la misma cantidad de usuarios, ahora salen muchos más buses porque las condiciones económicas variaron, especialmente en las zonas rurales, donde las personas tienen que migrar al Gran Área Metropolitana por fuentes de empleo.
La ley debería ser bastante más clara”, aseguró.
Sobre ese punto, concluyó diciendo que su despacho ya trabaja desde hace varias semanas en el tema, pues considera necesario analizar si lo correcto sería generar una reforma parcial o total de la ley. “Estamos analizando todo lo publicado y estamos investigando un poquito más, sé que en la legislatura pasada la diputada Marlene Madrigal había empezado con el tema y ahora seguimos con ese clic, queremos saber si con solo una mejora o remoza de la ley podríamos ayudarle al CTP a corregir estas situaciones o si tendríamos que ir un poquito más allá de eso”, concluyó.
