Diputados ticos participaron en encuentro ultraconservador que presiona a OEA contra labor de CIDH

Fabricio Alvarado, de Restauración Nacional, y Mario Redondo, de Alianza Demócrata Cristiana, participaron de congreso en México

Los diputados evangélicos Fabricio Alvarado (Restauración Nacional) y Mario Redondo (Alianza Demócrata Cristiana) participaron la semana pasada, en la ciudad de México, de un encuentro de legisladores ultraconservadores de todo el continente, quienes abogaron por limitar el alcance las resoluciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

El encuentro, que reunió a parlamentarios de 17 países, emitió una declaración en la que los congresistas expresaron su “consternación ante los agresivos y continuados esfuerzos de la Organización de Estados Americanos (OEA), la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos por adelantar e imponer a los Estados miembros ciertas políticas y perspectivas ideológicas que atentan contra el derecho a la vida, la familia y las libertades de expresión, de asociación y religiosa”.

Esa reunión fue la antesala del acalorado debate que se desarrolla hoy dentro de la inauguración de la 47 Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA).

La reunión inició sus deliberaciones con una fuerte presencia de grupos conservadores de la sociedad civil que impulsan una agenda para mantener las limitaciones legales que tienen los  grupos de diversidad sexual y de derechos humanos en distintos países de América.

Fabricio Alvarado fue uno de los oradores de ese Congreso Hemisférico de Parlamentarios y presentó allí “el caso Costa Rica”, un alegato contra la resolución de la CIDH a favor de que la seguridad social realice tratamientos de Fecundación in Vitro (FIV) en el país y en contra de la opinión consultiva para grupos LGTBI.

Esta última es una solicitud presentada por el gobierno costarricense ante la CIDH para que ese organismo indique si los derechos relacionados con la orientación sexual y la identidad de género están bajo la protección de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

Otros diputados de Costa Rica que suscribieron la declaración del Congreso Hemisférico de Parlamentarios son  Abelino Esquivel (Renovación Costarricense), Jhonny Leiva (PUSC), Óscar López (PASE), Rafael Ortíz (PUSC), Gonzalo Ramírez (Renovación Costarricense), Rosibel Ramos (PUSC), William Alvarado (PUSC), Jorge Rodríguez(PUSC), , Gerardo Vargas Rojas(PUSC).

Las tensiones entre grupos conservadores de corte religioso y activistas por los derechos humanos es uno de los ejes de tensión y debate dentro del cónclave de la OEA que se desarrolla hoy en Cancún, México.

 

¿Limitar a la CIDH?

Los legisladores costarricenses expresaron su inconformidad por las potestades que tiene la Corte Interamericana de Derechos Humanos para emitir resoluciones que afecten el funcionamiento interno de los paises miembros, en materia de derechos humanos.

“Definitivamente, la intromisión a la soberanía por parte de la Comisión de Derechos Humanos (sic) y la Corte de Derechos Humanos ha sido mayúscula en el caso de Costa Rica, hoy todos tenemos claro que los tratados de derechos humanos constituyen fuente de derecho pero no pueden suplantar al derecho doméstico, no pueden suplantar lo que ocurre en las Asambleas Legislativas y Congresos de los países”, señaló Alvarado en su discurso.

El diputado por Alianza Democrática, Mario Redondo, alegó que no pretenden limitar el trabajo de la Corte IDH sino “ajustarlo a lo que ha derecho corresponda”.

Para Redondo la CIDH se ha excedido en sus facultades, “la Convención de Viena sobre interpretación de tratados establece que los tratados internacionales deben interpretarse de acuerdo a la intención del país que los suscribió y en casos como en el del derecho a la vida, la CIDH hace una interpretación evolutiva que excede sus facultades”.

Este debate se inscribe, además, en el marco de la fuerte crisis fiananciera que atraviesa la  CIDH y las posibilidades de que la Asamblea General de la OEA le inyecte al presupuesto del sistema interamericano los recursos económicos adicionales que la entidad necesita para mantener sus labores por defender los derechos humanos en el continente.

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