Los diputados de la comisión de Cartago retiraron la mañana de este lunes el artículo número 5 del expediente 20.525, cuyo contenido era la cuestionada bonificación a los extrabajadores del Banco Crédito Agrícola de Cartago (Bancrédito) calificada como “ruinosa” por el interventor de la institución.
El cambio llegó después de que los congresistas aprobaron una moción para devolver el texto a la comisión dictaminadora, ante la amenaza de que el documento fuera aprobado para luego terminar siendo vetado por la Presidencia.
Ya el ministro de la Presidencia, Sergio Alfaro, había advertido que recomendaría ese movimiento de ser necesario, argumentando que el artículo mencionado constituía “un riesgo financiero para el país” y “una decisión inapropiada en la actual coyuntura fiscal”.
Este movimiento había sido calificado como “ruinoso” para el banco por el interventor de la entidad estatal, Marco Hernández, quien dijo a la comisión especial que investiga el trámite de Bancrédito que el costo de la cuota podría oscilar entre los 2.000 y los 3.000 millones de colones.
Hernández dijo que el monto era “muy importante para el banco, siendo que es un banco que ahora no genera una actividad comercial sostenible y no tiene la liquidez para hacer un pago de ese tipo”.
La intención de vetar el proyecto quedó clara después de que en Presidencia analizaran los criterios de la Dirección General de Presupuesto Nacional, la Tesorería Nacional, el Banco Central, la Superintendencia de Pensiones y el interventor de la entidad; entes que fueron consultados tras la aprobación en primer debate (el 8 de marzo pasado), que contó con la única oposición de los libertarios Otto Guevara y Natalia Díaz y el oficialista Ottón Solís.
En aquel entonces, los diputados opositores mostraron serias preocupaciones ante la mayoría de 40 diputados, que igualmente aprobaron el texto en un movimiento que Solís calificó como “un grave error” por actuar en detrimento de las finanzas públicas.
No obstante, otros diputados como Mario Redondo de Alianza Democrática Cristiana (PDAC) desestimaron esas impresiones, por considerar que “los empleados no tenían que pagar los platos rotos” de la pobre gestión bancaria.
Específicamente, el artículo propone la aplicación del artículo 25, inciso B, de la Ley para el Equilibrio Financiero del Sector Público (6955), que permite girar “un incentivo adicional hasta de cuatro mensualidades del salario promedio de los últimos seis meses efectivamente laborados” a todos los exfuncionarios “si estos están de acuerdo y renuncian para dedicarse a actividades ajenas al sector público”.
Bancrédito se encuentra intervenido por el Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero (Conassif) desde mayo del año pasado, momento desde el que se anunció el cierre de operaciones de intermediación financiera de la entidad.
Devolución de fondos
Con esta medida, el proyecto de Protección y Defensa de las Personas Trabajadoras de Bancrédito podrá tener luz verde tras varias semanas de haberse mantenido frenado en la corriente legislativa.
Esto mantuvo “en espera” la devolución de los montos del Fondo de Garantías y Jubilaciones, una de las principales preocupaciones de los exempleados, que han sido visitantes habituales en la Asamblea durante las últimas semanas.
La ley cubre a todos los empleados que finalizaron su relación contractual con Bancrédito a partir del 1 de enero de 2017, exceptuando sólo a “aquellos despidos producto de procesos disciplinarios”.
En cuanto a lo ahorrado en el Fondo, el proyecto indica que el dinero deberá entregarse “siempre y cuando lo solicite expresamente el exfuncionario o exfuncionaria (…) en un plazo de tres meses prorrogable hasta tres meses más, mediante acuerdo de la Junta Administradora del Fondo”.
En el caso del Fondo también estarán incluidas las personas cuya separación haya iniciado antes de la fecha indicada por la ley, en caso de que la motivación de su proceso haya sido igualmente motivada por la inestabilidad y la reestructuración del banco.
