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Diputados solicitan a la Contralora investigar los negocios adjudicados por el ICE a Huawei

Bajo esta administración, el ICE ya lleva adjudicados a Huawei $85.555.268, casi seis veces más que en la administración pasada.

Un grupo de diputados solicitó a la Contralora General de la República, Marta Acosta, investigar las contrataciones mediante las que se construyó y se robustece la red 4G del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), a través de negocios adjudicados a la empresa Huawei Technologies Costa Rica S.A.

El oficio fue enviado a la Contralora el 5 de diciembre por los diputados del Partido Unidad Socialcristiana (PUSC) Leslye Bojorges, Horacio Alvarado, Carlos Felipe García, Vanessa de Paul Castro y la legisladora independiente Kattia Cambronero.

Según los diputados, las contrataciones han sido promovidas por el señor Jairo Pérez Azofeifa, jefe de la dirección de Planificación de Infraestructura y Espectro del ICE, “sin que en apariencia y presuntamente se dieran estudios previos de descarte de mejores alternativas de mercado, requisito sin el cual no se configuran las causales de excepción a un concurso público”.

Dependencia tecnológica

En su solicitud a la Contralora, los diputados quieren que se investigue si la contratación para el despliegue de la red 5G mediante la creación de un “core” (núcleo nuevo) en lo que se conoce como despliegue “Stand Alone”, utilizando la infraestructura existente de 3G y 4G, podría generar una dependencia tecnológica que obligue a contratar los servicios a futuro a la misma empresa que desarrolló esta infraestructura.

¿Por qué? Porque la red móvil tiene dos componentes principales. Primero, el núcleo o “core”, que permite la comunicación entre los usuarios, gestiona el tráfico de voz y datos y las conexiones con las redes de otros operadores y con Internet. Y segundo, la tecnología de radio, que permite la conexión inalámbrica con los usuarios y comprende las torres, antenas y equipamiento de radio para vincular las terminales de usuario con la red.

Los diputados plantean que en el caso de una red 5G “Non Stand Alone” se usaría la nueva tecnología de acceso de radio, junto con el núcleo de red 4G existente; es decir, infraestructura 4G creada a partir de contrataciones a la empresa Huawei.

Los cinco diputados están pidiendo a la Contraloría que investigue si existen “acciones u omisiones reprochables en los estudios técnicos, pliegos de condiciones, inicio de trámite, autorizaciones y demás actividades que llevaron a la construcción, soporte y robustecimiento de una red 4G” con Huawei “sin acudir al concurso público con aparentes barreras insalvables que limitaron la libre competencia de potenciales oferentes.

Asimismo, afirman que la auditoría del ICE “ha sido omisa en destinar recursos suficientes para investigar los negocios jurídicos que durante años han sido adjudicados” a la empresa Huawei  “prescindiendo de licitaciones, generando dependencia tecnológica con dicho proveedor y generando barreras comerciales para la libre participación de potenciales oferentes”.

De acuerdo con los diputados, “una alternativa pronta para que el ICE pueda salir al mercado a brindar los servicios de 5G móvil es aprovechando, reutilizando y ampliando los recursos que ya han sido invertidos por su subsidiaria Racsa con su red 5G SA FWA para lograr un ecosistema móvil con el consecuente beneficio en la reducción de costos y la flexibilización para adaptar los servicios a segmentos de clientes específicos”.

Como publicó UNIVERSIDAD el 27 de noviembre, los montos de contratos adjudicados por el ICE a la empresa Huawei en esta administración representan casi seis veces más que los montos adjudicados en el periodo entre 2018 y 2022, según cifras del Sistema Integrado de Compras Públicas (Sicop). Bajo la presidencia de Irene Cañas, el ICE adjudicó a Huawei compras por $12.893.610, entre 2018 y 2022, mientras que en los dos años y medio bajo la dirección de Marco Acuña, el ICE ya lleva adjudicados $85.555.268.

El aumento de compras al proveedor chino se da en medio de un contexto en el que el Gobierno decidió excluir del despliegue de infraestructura para servicios de la tecnología móvil de quinta generación (5G) a empresas que provengan de países que no han ratificado el Convenio de Budapest sobre ciberdelincuencia, como China, Corea del Sur, Singapur, Suecia y Brasil.

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