La falta de una realización de consulta amplia e informada a las comunidades indígenas sobre un proyecto que busca reglamentar la comercialización de semillas ha generado malestar a tal punto que se ha pedido que sea archivado.
Esa iniciativa de Ley sobre la producción y control de la calidad en el comercio de semillas, se tramita en la Comisión de Asuntos Agropecuarios de la Asamblea Legislativa bajo el número de expediente 21.087..
Un informe del Departamento de Servicios Técnicos de hace un año puntualizó que entre las consultas obligatorias para el trámite del proyecto, se debe incluir a las asociaciones relacionadas con los territorios indígenas, según lo manda el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Añade que se utilice el mecanismo indicado en el Decreto Ejecutivo N°40932-MP-MJP, denominado “Mecanismo General de Consulta a Pueblos Indígenas”.
“Quien controla las semillas, controla la agricultura, controla la producción de alimentos y controla la alimentación del mundo y concentra el poder”. Red de Mujeres Rurales.
Sin embargo, tal proceso no se ha llevado a cabo, tal como lo manifestaron por escrito a la Comisión el Frente Nacional de Pueblos Indígenas (Frenapi) y la Asociación de Desarrollo Integral Territorio Indígena Bribri-Talamanca (Aditribi), que pidieron que el proyecto se archive y se realice la consulta.
El Frente Nacional de Pueblos Indígenas (Frenapi) pide que sea archivado y que se realice la consulta “de manera libre, previo, informado y de buena fe” (sic.), mientras que Aditribi señaló que busca el control centralizado y privado de las semillas, lo cual es contrario a los objetivos de desarrollo sostenible y a “los mecanismos de siembra, producción y reproducción propios de nuestros pueblos”.
“ Que se construya la democracia de manera participativa, representativa, mediante la soberanía popular, especialmente con la participación directa de los pueblos indígenas”, comunicó Aditribi.
Polémica
El hecho de que las semillas criollas o nativas, -desarrolladas por el trabajo de generaciones de personas campesinas o indígenas-, puedan ver su circulación o comercialización limitada por no cumplir con parámetros para ser parte de un registro comercial, es la principal preocupación entre quienes se oponen al proyecto.
La iniciativa además propone un nuevo marco jurídico para la Oficina Nacional de Semillas (ONS), cuya junta directiva queda conformada únicamente con personas de diferentes instituciones y dos representantes de lo que llama el “sector semillerista”, sin dar espacio a otro tipo de organizaciones de productores o de la sociedad civil.
Además, la ONS establecerá un registro de variedades comerciales, en el cual se deben inscribir las semillas “desarrolladas por los sectores público y privado, nacional o extranjero, para fines de certificación y comercialización a nivel nacional”.
Mariana Porras, de la organización Comunidades Ecologistas La Ceiba – Amigos de la Tierra (Coecoceiba-AT), destacó que esas semillas comerciales “deben tener características, como ser estables y homogéneas, supuestamente para asegurarnos a las personas consumidoras, incluidas agricultores, que vayan a germinar correctamente”.
Aunque en algunos artículos el proyecto menciona que las semillas tradicionales o criollas están exentas de la aplicación de la ley, en otros establece que si se comercializa más allá del rango de pequeña escala, tiene que pasar por un proceso de inscripción alternativo para poder venderse.
En efecto, el artículo 29 señala que cuando la venta de semillas criollas “trascienda el ámbito informal o de pequeña escala, convirtiéndose en una actividad especializada con fines lucrativos” de manera que sea “una competencia desleal con las empresas dedicadas al comercio de semillas”, entonces la ONS podrá aplicar “un sistema alternativo de control de calidad, como requisito para operar como comercializadores de semillas”.
“No está definido qué significa ‘pequeña escala’ ni cómo será ese sistema alternativo, nos preocupa que vaya a limitar la venta y distribución de las semillas campesinas, criollas y locales”, dijo Porras.
La activista recordó que a nivel mundial cuatro compañías dominan el mercado de semillas, como Bayer o Cargill, “es muy reducido el mercado y Costa Rica no es la excepción, incluso el proyecto dice que en la junta directiva de la ONS hay dos lugares para el sector semillerista. Entonces ¿quiénes son ese sector semillerista que va a tener potestad más allá que los agricultoras y agricultores?”.
Según datos de la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), en 2018 el mercado mundial de semillas superó los $41 mil millones, dominado por las empresas Bayer, Corteva, Syngenta y BASF.
“Eliminar posibles abusos”
El legislador oficialista Welmer Ramos, integrante de la Comisión que analiza el proyecto, dijo que la iniciativa busca establecer un “ordenamiento”, pues el país ha firmado “muchos tratados y comprometido a respetar temas de patentes y demás, pero eso no está suficientemente esclarecido”. Por ello juzgó que la ley es necesaria, para “dar operatividad a los tratados”, lo cual “pasa también por visualizar que todo lo que es autóctono y tradicional debe respetarse y darle derechos, no solo a los indígenas, al campesino nacional”.
Por ello, acotó que “el proyecto viene más bien a eliminar posibles abusos que se puedan dar de interpretaciones amplias respecto a tratados suscritos”.
Sobre los cuestionamientos, manifestó que “todas las observaciones son totalmente de recibo de mi parte” y que “deben ser convocados los pueblos indígenas, tienen que tener voz porque son una pieza fundamental en el tema de semillas y producción de variedades autóctonas o criollas y eso jamás puede pasar por patentarse ni comercializarse ni ponerles restricción alguna”.
Añadió que “desde luego” que está de acuerdo con que se lleve a cabo una consulta amplia en los diferentes territorios indígenas”.
“No estoy por generar a partir de un proyecto de ley, monopolios ni oligopolios, ni alcahuetear que nadie venga a adueñarse de una cosa que no ha creado, de semillas que no ha creado”, comentó Ramos.
Respecto del tema del registro de variedades, Ramos aseveró que “no todas las semillas tienen que cumplir con los requisitos, las semillas criollas tienen el derecho a seguirse comercializando y usando de acuerdo con la tradición y normas implementadas por costumbre”.
Durante el trámite del proyecto, diversas organizaciones han hecho llegar su posición adversa a la Comisión de Asuntos Agropecuarios.
Organizaciones como la Red de Coordinación en Biodiversidad (RCB) -de la cual forma parte Coecoceiba-AT- la Red de Mujeres Rurales y el Movimiento de Agricultura Orgánica Costarricense (Maoco) también hicieron llegar sus críticas al proyecto hasta la Comisión de Agropecuarios.
El documento enviado por la Red de Mujeres Rurales, sentencia que “quien controla las semillas controla la agricultura, controla la producción de alimentos y controla la alimentación del mundo y concentra el poder”.
