Con 39 votos en contra y solamente 8 a favor, esta tarde la Asamblea Legislativa sepultó el expediente 21.270, que pretendía prohibir a diputados y diputadas ejercer el ejercicio remunerado de profesiones liberales y otras actividades remuneradas durante su gestión, para evitar conflictos de interés.
El proyecto de ley fue presentado en febrero del 2019 por el entonces legislador, José María Villalta y proponía adicional un artículo a la Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública. Este lunes vencía el plazo para su discusión y la fracción negriamarilla planteó la necesidad de darle plazo.
Rocío Alfaro, que intervino para pedir votos a favor de la moción de plazo cuatrienal, indicó que debía aprobarse pues la ciudadanía “exige cada vez más acciones concretas y menos discurso contra la corrupción” y explicó que cuando se aprobó la mencionada ley se aplicaron prohibiciones a todos los poderes de la República menos a la Asamblea Legislativa.
“Honremos todo los discursos que nuestros partidos en diferentes momentos han hecho” dijo la diputada, urgiendo a discutir la posibilidad de establecer “una prohibición para no estar poniendo en entredicho nuestras decisiones, que se puedan interpretar, que favorecemos en un determinado momento a un sector con el que tenemos vinculación laboral o vinculación económica de alguna manera”.
La votación obtuvo solamente los votos de la bancada frenteamplista y de los liberacionistas Montserrat Ruiz y José Joaquín Hernández.
En pleno las fracciones del Nueva República, PLP, PPSD y PUSC, junto a una mayoría liberacionista se negaron a mantener vivo el proyecto que pretendía minimizar conflictos de interés para los legisladores.
Durante el debate de la moción de revisión sobre la votación Eliécer Feinzaig dijo que la negativa a mantener vivo el texto no era por «no estar de acuerdo» con evitar los conflictos de interés sino con el proyecto en sí, que en su criterio no planteaba eso. Cabe señalar, que se haberse ampliado el plazo, el texto pudo ser modificado casi su totalidad mediante el debate legislativo.
El jefe frenteamplista, Jonathan Acuña, dijo que la Asamblea daba «malas señales» a los costarricenses manteniéndose «privilegios odiosos».
«En otros cargos con menos responsabilidades que las nuestras este tipo de prohibiciones existen, pero no queremos establecerlas para nosotras y nosotros ¿no creen que esto es un error, diputadas y diputados?», dijo el legislador, pero la votación no se revisó y por ende, el proyecto venció y no será discutido.
