Aprobada la reforma constitucional que permite el retiro de las credenciales a un diputado por falta a su deber de probidad, quedará como nueva tarea de los congresistas recién llegados a Cuesta de Moras alcanzar un acuerdo que permita fijar los parámetros para la aplicación del procedimiento.
Para ello, deberán crear un nuevo proyecto de ley o bien analizar la propuesta que ya existe en la corriente legislativa bajo el expediente 19.984, una iniciativa que dejó la exdiputada Marcela Guerrero y que establece el retiro del cargo como castigo por propiciar favorecimientos ilícitos o recibir regalías de instituciones públicas o privadas.
Específicamente, ese proyecto plantea que los procedimientos para evaluar los despidos sean tratados mediante una nueva comisión de Ética y Transparencia, un organismo especial permanente que se encargaría de juzgar entre faltas leves, graves y gravísimas, donde sólo las terceras serían causal de destituciones.
Este es un proyecto del que ya existe constancia en el Congreso, como señaló apenas terminada la aprobación de la reforma la diputada Laura Guido, del Partido Acción Ciudadana (PAC), quien afirmó que -en esencia- se trataría de una modificación al Reglamento Legislativo.
Al respecto, dijo que esa comisión de nueve diputados estaría “encargada de hacer la recomendación al Directorio”, a partir de “una clasificación de faltas y sus respectivas sanciones”.
A las faltas leves se cargaría con un salario base, mientras que a las faltas graves con un llamado al orden y cinco retribuciones.
Los diputados aprobaron anoche la reforma constitucional en su quinto y último debate (tercero en segunda legislatura), un procedimiento que heredaron de sus predecesores y para el que dieron las tres discusiones faltantes en menos de una semana.
Esa rapidez fue calificada como “un mensaje positivo a la sociedad civil” por el jefe de fracción de la Unidad Social Cristiana (PUSC), Erwen Masís, quien destacó el valor simbólico del hecho como un acto de transparencia.
Algo similar expresó la presidenta del Congreso, la oficialista Carolina Hidalgo, quien además aprovechó para leer un acuerdo de los diputados en pleno para continuar con la aplicación de la norma, “aprobada en un tiempo récord”.
Por ser una reforma constitucional, el expediente 19.117 requirió de un largo proceso para ser votado finalmente, un camino que inició desde mayo de 2014 cuando el excongresista Ottón Solís presentó el texto base al iniciar sus gestiones.
Durante su legislatura, Solís reclamó por la lentitud con la que se atendió su propuesta, que recibió primer debate apenas a mediados de enero y segundo debate hasta abril.
El exdiputado achacó los retrasos a “trucos e hipocresías enormes” de algunos de sus compañeros congresistas, en medio de uno de los Congresos más polémicos y cuestionados por casos como el del “cemento chino” y algunos conflictos individuales.
Compromiso de avanzar
Finalizada la aprobación de la reforma constitucional, los jefes de las siete fracciones legislativas se comprometieron a avanzar tanto como sea posible en la creación del mecanismo que permita su aplicación.
Al respecto, el jefe de bancada de Liberación Nacional (PLN), Carlos Ricardo Benavides, destacó que “llevar a la práctica la norma constitucional es realmente la deuda del parlamento para con los costarricenses”, algo que espera lograr “en poco tiempo”, con el apoyo todos los diputados.
A esas palabras de Benavides se sumaron las de los jefes de Restauración Nacional (PRN) y Acción Ciudadana (PAC) Carlos Avendaño y Víctor Morales, como representantes de la segunda y la tercera fracciones más grandes del Plenario, quienes afirmaron que el compromiso es fuerte para continuar con la aplicación del mecanismo de transparencia.
Por un lado, Avendaño expresó su convicción de que “todos los poderes de la República deben tener reglas claras sobre sus límites y sus compromisos constitucionales”; mientras que Morales externó su confianza en la colaboración para que la reforma “pueda aplicarse y tener consecuencias reales” en un corto plazo.
Secundó esa posición el socialcristiano Erwen Masís, quien es el encargado de comandar la cuarta fuerza legislativa; como también lo hicieron los diputados de Integración Nacional (PIN), el Republicano Social Cristiano (PRSC) y el Frente Amplio (FA) como bancadas minoritarias.
El más incisivo de ellos fue el frenteamplista José María Villalta, quien comentó que este es sólo un primer paso dentro de una agenda en la que además deberán estudiarse proyectos claves en otras acciones, como la reestructuración de algunos fueros legales, el fortalecimiento de mecanismos como la Procuraduría General de la República (PGR) y modificaciones a procedimientos, como la elección de los Magistrados.
Para lograr los consensos necesarios que permitan la aplicación del texto aprobado, las fracciones acordaron conformar una “Comisión de Asesores Parlamentarios”. Ese organismo deberá construir la norma y el procedimiento efectivos para tratar las posibles destituciones con amplitud de detalles.
