Los diputados revivieron un proyecto de ley que tomaría ¢162 millones de las arcas de la Junta de Protección Social (JPS) para invertirlos en el ente privado de ayuda social, Asociación Obras del Espíritu Santo.
Durante su primer debate, el proyecto recibió solamente seis votos en contra: Yorleni León del Partido Liberación Nacional; Enrique Sánchez, Nielsen Pérez Carolina Hidalgo, Paola Vega, Laura Guido del Partido Acción Ciudadana; y José María Villalta del Frente Amplio. En total, fue aprobado con 33 votos a favor.
Todo este trámite ocurrió durante una extensión del plenario que comenzó a las 9 a. m. de este martes y terminó a las 4:45 p. m.
El presidente de la Asamblea Legislativa, Eduardo Cruickshank, determinó que los diputados terminaran la agenda del día, sin conceder hora de almuerzo para los funcionarios públicos.
La discusión del proyecto rechazó seis mociones para modificar el proyecto de ley que fueron presentadas por los diputados José María Villalta y Paola Vega, únicos legisladores en oposición del proyecto de ley.
Durante la discusión de estas mociones, sin haber cerrado su micrófono para hablar con sus asesores, el presidente Cruickshank, afirmó que “Por el fondo dicen que nadie va a hablar”.
Y, de hecho, durante esa discusión, solamente participaron los diputados en abierta oposición.
En el debate del fondo, la legisladora del PAC Carolina Hidalgo acusó de que “quieren aprobar con silencio este proyecto”. La legisladora de esa misma fracción, Laura Guido, dijo que es “una muestra del poder justamente del lobby”.
Villalta y Vega legisladores arremetieron, en solitario, para modificar el proyecto de ley porque consideran que la distribución de los ¢162 millones es “una injusticia” y debería ser entregado equitativamente entre otras organizaciones.
Según argumentaron, la institución ya recibe ¢156 millones de fondos públicos y ha sido cuestionada por la administración de sus recursos.
Vega dijo que el Patronato Nacional de la Infancia (PANI) entregó una lista amplia de otras instituciones que podrían recibir el dinero.
También acusó a otras fracciones de haber usado a la Asociación de Obras del Espíritu Santo para obtener votos en campaña presidencial y que, por eso, es “sujeto de beneficencia y fondos públicos”.
“Pareciera que hay que venir aquí a cantar villancicos y comer rompope (sic) todos los diciembres para ser sujeto de recibir fondos públicos”, reclamó la diputada Vega.
A su aprobación, el Partido Unidad Social Cristiana celebró la aprobación del proyecto de ley con declaraciones del legislador Pablo Heriberto Abarca, proponente de la iniciativa.
“Me llena de satisfacción que diéramos un paso contundente a una iniciativa que beneficiará a miles de niños y niñas en condición de vulnerabilidad, y ayudará a que la Asociación Obras del Espíritu Santo continúe impactando a la sociedad costarricense”, afirmó Abarca en un comunicado de prensa.
Argumentos contra el proyecto de ley
El frentamplista José María Villalta recordó una audiencia con la presidenta de la Junta de Protección Social, en la que la funcionaria explicó que, por la pandemia, la institución está pasando problemas económicos.
“Es el peor momento para meterle mano a los recursos de la Junta de Protección Social, estableciendo distribuciones antojadizas de los recursos de la Junta”, afirmó Villalta.
“No es lógico que aquí pasemos una ley para meterle mano a la olla común (de la JPS), agarrar 162 millones de colones y dárselo a una única entidad. ¿Qué sería lo justo, lo lógico? Hacer una distribución equitativa”, dijo también.
Pese a que la diputada Vega enumeró varias otras organizaciones que podrían recibir un tracto del dinero, ningún otro legislador manifestó apoyo por los cambios solicitados por los dos diputados.
Durante el fondo, la legisladora Laura Guido pidió criterios técnicos para entregar el dinero.
Por otro lado, la diputada Vega argumentó con datos que también presentó durante el trámite del proyecto en comisión legislativa.
Entre ellos, la diputada dijo que la Asociación Obras del Espíritu Santo le debe dinero a la Caja Costarricense del Seguro Social (según dijo Vega, cada vez que salen al día con sus obligaciones patronales, significa que llegaron a un acuerdo de pago que, luego, no cumplen); le debe ¢144 millones a la Municipalidad de San José y, también, al Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares (Fodesaf; Vega no especificó cuánto).
Vega acusó a los diputados de tramitar y aprobar “algo ilegal” y de ser “inconsecuentes”.
“Ninguna entidad que tenga deudas pendientes con alguna entidad pública puede ser sujeto o beneficiario de ninguna transferencia o donación”, explicó Vega.
“¿Cuál es el mensaje de esta Asamblea Legislativa que tango se rasgó las vestiduras por la reforma fiscal y rebajar el gasto público, por tener controles, si están premiando la evasión fiscal?”, reclamó la legisladora.
Durante el debate, Vega también explicó que están tramitando una consulta de inconstitucionalidad, dirigida a Sala IV. Este trámite necesita diez firmas de legisladores para que sea estudiado por los magistrados de dicho tribunal.
