La Asociación Solidarista de Empleados del Banco Nacional (Asebanacio) no podía otorgar créditos a terceros – personas que no eran asociadas – y la ley solidarista prohibía que funcionarios de altos rangos del Banco Nacional fueran parte de las juntas directivas de Asebanacio, precisamente porque provoca un conflicto de interés. Sin embargo, todo esto ocurrió, como se denunció hoy en audiencia de la Comisión Permanente Especial para el Control de Ingreso y Gasto Público de la Asamblea Legislativa. Ésta investiga las denuncias por traslado de fondos del Banco Nacional de Costa Rica (BN) a Asebanacio, para otorgar créditos en condiciones irregulares a empresarios y altos jerarcas de la institución bancaria.
En la audiencia testificaron Karen Vargas, gerente general de Asebanacio y dos de sus asesores. Vargas no sólo insistió que la situación de desorden generó más de 12 mil millones de colones en créditos incobrables – prácticamente imposibles de recuperar -, sino que dijo haber recibido amenazas.
En octubre de 2017, la junta directiva nueva de Asebanacio interpuso una denuncia ante la Fiscalía del Ministerio Público por las anomalías en los créditos otorgados en el pasado por la asociación. Vargas ocupa la gerencia desde febrero de este año.
¢12.097 millones en créditos incobrables
Asebanacio fue creada en 2011 y a partir de esa fecha el Banco Nacional trasladó ¢60.317 millones del fondo de prestaciones de los trabajadores del banco a la asociación. Esta reserva que tenía el banco era para el pago de cesantía, que es un derecho laboral del trabajador, frente a un despido con responsabilidad patronal -donde el trabajador no tuvo la culpa-. Estos fueron los recursos que se usaron para otorgar los créditos en condiciones irregulares.
Según Karen Vargas, a octubre de 2019 Asebanacio tenía ¢12.097 millones de créditos empresariales incobrables. “Sí asusta, sí asombra”, expresó.
“La ley para las asociaciones solidaristas, 6970, le da a la asociación la posibilidad de administrar esos recursos. Pero no se puede hacer partícipe de los recursos y demás beneficios a terceros”, subrayó Vargas.
“¿Cómo es posible que en la junta directiva de Asebanacio existieran personas expertas en temas financieros, temas de riesgo, banqueros, personas capacitadas, y el primero de febrero que entro lo que me encuentro son un montón de auditorias externas y esto sin gestión de riesgos? ¿Cómo es posible dar créditos sin ningún tipo de garantía?”, cuestionó. Explicó que no se cobraba los préstamos a los mismos asociados.
Todas estas irregularidades se materializaron en créditos empresariales. Según declaró Rodrigo Araya, asesor legal de Asebanacio, la ley es clara en que la asociación solidarista no puede otorgar créditos a terceros. “Y aquí vemos que efectivamente se entregaron créditos a terceros, a personas que no eran asociadas cuando se les dieron los créditos”.
El diputado del Frente Amplio José María Villalta, integrante de la Comisión, fustigó: “Hemos denunciado que Asebanacio se manejó como ocho monos en una cristalería y que Asebanacio se manejó como un banco paralelo del Banco Nacional, para clientes VIP, para dar créditos a clientes riesgosos”.
Al menos 14 créditos otorgados por Asebanacio están en investigación judicial porque supuestamente se los dieron a terceros no asociados en condiciones de altísimo riesgo. Según la demanda interpuesta por Villalta y el Informe de KPMG, entre estos créditos están los otorgados a Hidrotárcoles, Land Business (Casa Blanca), JCB Constructora y Alquiler, Constructora Sánchez Carvajal, Constructora Raasa, Grupo Orosi, Grupo Kineret, Constructora Hermanos Brenes, Constructora Brenes, y Comando de Seguridad Delta.
Conflicto de intereses
Vargas y Araya explicaron que la ley solidarista prohibe que funcionarios que ocupan altos rangos en el Banco sean parte de las juntas directivas de la asociación solidarista porque esto provoca un conflicto de intereses. Vargas señaló que algunos fundadores de Asebanacio formaron parte de las juntas directivas pasadas de dicha asociación y también recibieron créditos; y que hay nombres de ex directivos del Banco Nacional que recibieron créditos por montos de hasta 500 millones de colones. Varios de estos créditos están en cobro judicial.
Incluso Vargas indicó que algunos de estos jerarcas siguen siendo asociados, lo cual quiere decir que siguen trabajando en el Banco Nacional.
Araya fue más allá y explicó una de las modalidades para otorgar créditos irregulares. “Por ejemplo, si yo, como un tercero, solicitaba un crédito de 100 colones, me pedían garantía de 100 colones y me lo daban. Pero a las dos semanas, en junta directiva, me convertían ese crédito en uno de 1000 colones”.
Araya detalló que existen varias denuncias penales, que están siendo investigadas en el Ministerio Público, por administración fraudulenta, tráfico de influencia e intermediación financiera ilegal.
El 6 de octubre de 2011, el entonces subgerente general del BN, señor Rigoberto Alpízar Salazar, con apoyo legal del abogado Mario Rodríguez Zamora y del entonces jefe de la dirección de estudios económicos del BN, Óscar Prado Mendoza, remitieron un informe ejecutivo a la entonces junta directiva del BN, en el que recomendaban la creación de la asociación solidarista.
El 11 de octubre de 2011, la junta directiva del BN aprobó la creación de la Asebanacio, acorde con la Ley y el Reglamento de Asociaciones Solidaristas (Ley No. 6970) y la propuesta de Alpízar (oficio SSC-181-2011). También aprobó el traslado de recursos financieros del BN a la nueva asociación.
De acuerdo con la denuncia presentada en julio de este año por el diputado José María Villalta, Rigoberto Alpízar y Óscar Prado, fueron los primeros beneficiados con créditos otorgados en condiciones irregulares.
El informe de auditoría KPMG expone que, entre 2013 y 2017, a Óscar Prado le aprobaron créditos por poco más de ¢149 millones; y a Rigoberto Alpízar por ¢75 millones. Ambos impulsaron la creación de Asebanacio e incluso Prado fue presidente de su junta directiva.
UNIVERSIDAD consultó al Banco Nacional ¿por qué el señor Óscar Prado Mendoza era director del BNCR y al mismo tiempo ocupó el puesto de presidente de la junta directiva de Asebanacio, si el artículo 14 de la Ley 6970 prohíbe que ocupen “cargo alguno en la junta directiva (de las asociaciones solidaristas) los que ostenten la condición de representantes patronales, entendidos éstos como directores, gerentes, auditores, administradores o apoderados de la empresa”?
La oficina de prensa del Banco envió una respuesta ofrecida por Prado Mendoza:
“El puesto de Director al que se refiere la Ley es de Junta Directiva porque lleva implícito la representación legal de la empresa. En el banco existen algunos puestos que se les denomina directores pero son de tipo administrativo, o sea, se refieren a “encargado de dirigir” una unidad administrativa de la organización, pero no tienen ninguna representación legal ni tiene relación alguna con la Junta Directiva. Hasta donde conozco, la representación legal de la Organización solo puede ser otorgada por acuerdo de Junta Directiva; en mi caso no existe ningún acuerdo en esa dirección”.
“Jamás pensé encontrarme con lo que me encontré”
Karen Vargas asumió el puesto de gerente de Asebanacio el 1 de febrero de 2019. La junta directiva actual es la que está vigente después de denunciadas las irregularidades. Según Vargas, cuando entró sabía que había ciertas irregularidades; pero no pensó encontrarse con lo que se encontró. Una de las primeras cosas que hizo esta nueva administración y nueva junta directiva fue cerrar la llave que otorgaba los créditos a terceros.
Actualmente han aceptado ser supervisados por la Superintendencia General de Entidades Financieras (SUGEF) junto con otras cuatro asociaciones solidaristas y están enfocados en “brindar seguridad y transparencia para los trabajadores asociados y sus familias”.
Ante la pregunta del diputado de Liberación Nacional, Luis Fernando Chacón, de si había recibido amenazas, Karen Vargas respondió: “Sí he recibido amenazas. No lo puedo relacionar con este caso o por qué es. Pero al mes de estar en Asebanacio le estaban tomando fotografías a mi familia y a mí. Presenté una denuncia. También han recibido llamadas con algunas amenazas, tanto mi asistente como en la asociación, las cuales atentan contra mi integridad física. Lo que no podría decir es de quién vienen estas amenazas y si se relacionan o no con este caso”.
