Por sexta vez consecutiva, la Asamblea Legislativa improbó la liquidación del Presupuesto Nacional para el año 2021. El Gobierno de Carlos Alvarado no consiguió un solo año con apoyos del legislativo a la manera en la que se ejecutó el dinero de su adminstración pública.
La última vez que la Asamblea Legislativa aprobó la liquidación anual fue en el año 2016, cuando los entonces diputados aprobaron el primer año de Gobierno del expresidente Luis Guillermo Solís.
Durante todos estos años, la Contraloría General de la República (CGR) recomendó rechazar la liquidación de los presupuestos. Para esta ocasión, 51 legisladores —sin ningún diputado de la bancada del expresidente Alvarado— votaron unánimemente a favor del criterio de la CGR y en contra de la administración financiera del último gobierno del Partido Acción Ciudadana (PAC).
La liberacionista Paula Ramírez, presidenta de la Comisión de Hacendarios que revisó la liquidación del 2021, afirmó esta tarde que en 20 años de estos informes de liquidación solo una vez la CGR ha apoyado la manera en la que se usaron los recursos (la Asamblea Legislativa aprobó los presupuestos anteriores al 2016 llevándole la contraria a la Contraloría).
“En otras palabras, tenemos más de 20 años de cumplimiento sistemático de la ley, en donde se repiten una y otra vez los mismos errores e inconsistencias, sin que se establezcan las responsabilidades pertinentes ni que se propongan modelos para mejorar la eficiencia del sistema presupuestario”, afirmó Ramírez.
Ramírez defendió el informe negativo de Hacendarios, donde se señalan “errores en la partida de remuneraciones (…) principalmente en el Ministerio de Educación Pública”; “debilidades en sobrepagos de la Dirección General de Pensiones”; y que la CGR no pudo obtener información del gasto en instituciones como el Ministerio de Obras Públicas (MOPT), Salud y Seguridad. Ramírez también aseguró que el Ministerio de Planificación y el Ministerio de Hacienda carecen de “una guía metodológica” para medir efectividad de programas y costo unitario de cada servicio público.
El jefe del Frente Amplio, Jonathan Acuña, fustigó la mala inversión en educación realizada por el último año de mandato de Carlos Alvarado, que redujo esa inversión de forma “irresponsable” y con una línea política “que ha premiado el fiscalismo por encima del cumplimiento de derechos”.
“La administración anterior incumplió de manera sistemática con el mandato constitucional de invertir el 8% (del Producto Interno Bruto) en educación, aún si incorporamos, tal y como se hizo, los otros rubros como los del Instituto Nacional de Aprendizaje”, afirmó Acuña.
El frenteamplista también atacó que el presupuesto de educación para este 2022 se aprobó conconocimiento de que era insuficiente y con un faltante de ₡300 mil millones.
“Mientras se daban palmadas en la espalda por las buenas cifras fiscales, estaban incumpliendo con derechos fundamentales”, afirmó el diputado.
El diputado de Nueva República, Pablo Sibaja, también arremetió en contra de las carencias en servicios de salud y educación. Afirmó que Alvarado dejó “con una sonrisa en su rostro, una estela de destrucción y pobreza”. Puntualmente, habló de los más de 13 mil niños en albergues del Patronato Nacional de la Infancia (PANI) que están “en un limbo, no saben si van a tener recursos financieros para finalizar el periodo hasta fin de año”.
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“Otra liquidación que vamos a engavetar porque no cumplió, gastaron en lo que no tenían que gastar, gastaron menos de lo presupuestado, y nos vendieron el discurso de que eran los más preparados”, afirmó Sibaja.
Puede ver la discusión completa de la liquidación presupuestaria en el video de la transmisión legislativa.