Diputados quitan potencia a Ley de Extinción de Dominio: ICD preferiría que no se apruebe

La comisión especial que tramita el proyecto de ley que permitiría al Estado reclamar bienes relacionados con actividades ilícitas dejó por fuera conductas como corrupción, legitimación de capitales y enriquecimiento ilícito.

Los diputados de la comisión especial que tramita el proyecto de Ley de Extinción de Dominio dictaminaron esta noche una versión “ultraligera” de esa iniciativa, en la que dejaron por fuera a delitos como la corrupción y el enriquecimiento ilícito, que estaban contenidos en la última versión de ese texto.

La extinción de dominio es una figura que permitiría al Estado reclamar bienes relacionados con actividades ilícitas; sin embargo, la nueva versión del proyecto delimitó el ámbito de acción de la Fiscalía únicamente a conductas relacionadas con el narcotráfico, el tráfico ilícito de armas y explosivos, así como la trata de personas.

La propuesta además dejó por fuera otra serie de delitos; por ejemplo, una visión más generalizada del lavado de dinero y del crimen organizado, así como las conductas relacionadas con el contrabando.

En esa línea, las entidades relacionadas con el proyecto como el Poder Judicial y el Instituto Costarricense de Drogas (ICD) más bien habían propuesto eliminar la lista de delitos, con el fin de atacar todas las actividades contrarias al ordenamiento jurídico (sin importar sus separados procesos penales) y no sólo las que se redactaran en la norma.

Sobre esta nueva versión del proyecto, uno de los principales impulsores, el socialcristiano Pablo Heriberto Abarca, subrayó que simplemente se trató de reconocer “el espíritu inicial del proyecto”, que —desde su punto de vista— “era para combatir crimen organizado y narcotráfico”.

Según Abarca, la intención era “no desvirtuar esa facultad”, pues, de cualquier otra manera, quedaría “muy abierta y podría aplicarse para cualquier cosa, desde la más mínima hasta una muy grave, pero el problema era la mínima”.

No obstante, para el director del ICD, Guillermo Araya, la nueva versión más bien desvirtuó completamente el objetivo de la ley, que buscaba “un enfoque integral” con “una norma de enfoque sistémico que no se podía mutilar”.

“La idea no era aplicar la extinción únicamente a delitos relacionados con el tráfico de drogas y el lavado de dinero, es más, el lavado de dinero tiene 21 delitos precedentes que no los abarcaría la ley, simple y sencillamente porque sería únicamente el lavado de dinero sólo producto del tráfico de drogas”, señaló.

Araya además destacó que en el caso de los delitos de corrupción y enriquecimiento ilícito, estos “deberían incluirse, simple y sencillamente porque todas las acciones deben de tener una justificación”.

“Vemos cómo todo el mundo va hacia la transparencia, hacia la rendición de cuentas, sobre todo en el tema de lavado de dinero y el origen lícito de los capitales, entonces no me explico en este momento por qué se tiene que, en lugar de tener una norma fortalecida, más bien debilitarla quitándole los delitos”, puntualizó.

“Visión restrictiva”

Como parte de la aprobación de la nueva versión del proyecto, el oficialista Víctor Morales Mora, único diputado que votó en contra del cambio y que no apoyó el posterior dictamen de mayoría, criticó la decisión de sus compañeros de comisión porque avalaron una “visión restrictiva” de la norma.

Afirmó que el nuevo texto fijaba una visión “aún más reducida que la lista contemplada en su versión original”; algo que le generaba la “preocupación, en el sentido de que el artículo 3, con el ámbito de aplicación, debía ser un ámbito amplio, no una propuesta que restringiera y redujera”.

Esta visión, sin embargo, fue refutada por el diputado socialcristiano Abarca, quien contó con el apoyo de Liberación Nacional (PLN), Restauración Nacional (PRN) e Integración Nacional (PIN) en la comisión.

Según Abarca, no se podría dejar un ámbito “amplísimo” de aplicación, pues eso sería “un peligro” para cualquier persona que fuera acusada. Además, señaló que el nuevo texto brindaría mayores garantías para evitar injusticias, como la aplicación de casación penal en la aplicación de la norma.

Esta disposición, sin embargo, no contaba con el visto bueno del ICD, que más bien señaló que abre la puerta para una mezcla con el ámbito penal, cuando la figura de extinción de dominio no pretende ser un castigo.

De cualquier manera, Abarca señaló que esta es una “herramienta verdadera” para las instituciones involucradas, incluido el ICD. “Esto orienta la herramienta, de manera que tendrá procedimientos claros y seguros para que el país pueda evolucionar en esta legislación. Por dar total amplitud muchos países han tenido que dar marcha atrás y han cometido injusticias”, argumentó, antes de señalar que simplemente se buscó dar “válvulas de escape” en ese sentido.

Abarca también defendió otro punto polémico que es el plazo de prescripción que se fija en diez años, pues —desde su punto de vista— “diez años para atrás es lo suficiente” y las acciones anteriores ya no deberían investigarse por temas de “seguridad jurídica”, especialmente.

Este punto también lo defendió el presidente de la comisión, el liberacionista Gustavo Viales, quien agregó que “no se le estaban quitando herramientas ni dientes al proyecto de ley” y defendió la exclusión de los delitos de carácter fiscal, como el contrabando.

Viales, eso sí, destacó que cualquier detalle que deba cambiarse podrá ser tomado en cuenta a través de mociones de fondo en el Plenario legislativo, una vez que se reciba las respuestas de las consultas constitucionales y el texto se publique en el diario oficial La Gaceta.

Una versión inútil

Para el director del ICD, la nueva versión es producto de un proceso que “perdió el compromiso que se había dado” de involucrar a las partes involucradas con el proyecto, de modo que se pudieran tomar en cuenta sus impresiones a la hora de elaborarlo.

“Ahora salen con esta otra versión del proyecto que carece de ese sentimiento, de esa operación de calle que desde un escritorio —con todo respeto— no se puede transmitir en una ley que debería ser efectiva, eficaz y contundente contra el crimen organizado”.

Según Araya, con esta iniciativa “estaríamos diciéndole a los costarricenses que tenemos una Ley de Extinción de Dominio, pero que realmente no cumple toda la naturaleza del objeto de la ley”. “Por eso, en la propuesta que se hizo de la comisión presentada por la Corte en la comisión especial de la Asamblea Legislativa, se quitaba la lista y se dejaba un solo objetivo, que era que toda esa ganancia producto de la aplicación o de la ejecución de un delito pudiera extinguirse el dominio sobre ese titular, a fin a todos los principios de la constitución política”, señaló.

Además, lamentó que esta norma, como ahora quedó escrita, derogaría los artículos que permiten atacar capitales emergentes suscritos en la recién aprobada Ley contra el Crimen Organizado, una normativa que permite que el OIJ, el ICD, Hacienda, la Procuraduría o la Contraloría denuncien irregularidades.

También criticó que ahora se busque girar un 40% de lo incautado hacia Hacienda, cuando la intención inicial era fortalecer la atención de las comunidades azotadas por el crimen organizado con lo incautado.

Ante todas estas observaciones, Araya incluso señaló que desde el ICD “preferirían no tener extinción de dominio y seguir con capitales emergentes, en lugar de tener que aplicar o tratar de aplicar esta ley, que más bien podría obligarles a salir para dar la cara a los costarricenses y decir que se aprobó una norma que no se puede aplicar”.

“La Constitución Política protege el derecho a la propiedad, pero la propiedad que es legalmente adquirida a través del trabajo, del esfuerzo, del sacrificio, no a través de un delito o el deterioro de la salud pública del resto de los costarricenses o de violentar la soberanía nacional…

“No entendemos por qué quitarle y debilitar esa ley, mucho más con el delito de la corrupción, siendo el instrumento de extinción de dominio un instrumento eficaz y que va a operativizar mucho la lucha contra la corrupción, que es un clamor que hacen los costarricenses. ¿Por qué hablamos de lucha contra la corrupción?, porque los empleados públicos tienen un pago a nivel de sistema financiero, constante, que permite esa trazabilidad”, concluyó. Esa posibilidad, sin embargo, quedó excluida por ahora.


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