La comisión legislativa de Derechos Humanos, que investigó hechos relacionados con el Patronato Nacional de la Infancia (PANI) y su ahora expresidenta, Gloriana López Fuscaldo, concluyó que hubo un “eventual tráfico de influencias” por parte de un asesor del presidente Rodrigo Chaves y un intento de obstrucción legislativa por parte de la vicepresidenta Mary Munive.
En el informe de la investigación, los legisladores apuntan a un posible delito del asesor Gabriel Aguilar, actual jefe de despacho de Chaves, por haber llamado a López Fuscaldo para pedirle tener “mucho cuidado” con un caso relacionado a hijos del empresario Leonel Baruch, visto por el mandatario como adversario político.
Por eso en las recomendaciones el informe pide al Ministerio Público “determinar si proceden acusaciones penales por posibles delitos tipificados y sancionados en el ordenamiento jurídico costarricense”.
Esa petición, relatada por López Fuscaldo en una comparecencia después de que le fue retirado el cargo en el PANI en junio, la habría hecho Araya después de varias reuniones que tuvo con la esposa de Baruch, Yafit Ohana, con quien el empresario y dueño del medio CRHoy está en conflicto por un proceso de divorcio pendiente.
Ohana y funcionarios presidenciales dijeron que en las reuniones, incluido al menos un encuentro con el mandatario Chaves, no conversaron sobre asuntos de Baruch, sino sobre ideas de esta ingeniera eléctrica para temas variados como educación, política fiscal y VIH.
A raíz de esa declaración de López Fuscaldo, Baruch demandó en julio al presidente Chaves, a su asesor Araya y a la señora Ohana por presunto tráfico de influencias.
«La intervención de Aguilar Vargas, en su calidad de asesor y luego Director de despacho del Presidente de la República, en los procesos de la familia Baruch Ohana en sede del PANI, que a su vez inciden en los distintos procesos de divorcio, guarda y crianza y pensión alimentaria de la pareja en relación con sus dos hijos menores de edad en sede judicial, podría configurar un eventual delito de tráfico de influencias en beneficio de una de las partes del proceso, por lo que se recomienda testimoniar piezas ante el Ministerio Público», se lee en el documento.
Mary Munive
Otra de las conclusiones del informe, firmado este martes, indica que la vicepresidenta de la República, Mary Munive, intentó obstruir la potestad legislativa de control político al advertir a López, cuando aún presidía el PANI, que estaba pendiente una comparecencia legislativa e indicarle que no estaba en condiciones de responder cuestionamientos de los legisladores.
“Consta en actas de la comisión que, dentro de las razones por las cuales la señora Vicepresidenta se apersonó al PANI para solicitar la renuncia de López Fuscaldo (fue) ante una posible convocatoria para comparecer ante la Asamblea Legislativa por diferentes aspectos de su gestión”, dice el informe.
“La intención de la señora Munive Angermuller de impedir la convocatoria de López Fuscaldo en audiencia, por medio de una materialización de su renuncia antes de que dicho llamado ocurriera, es una clara conducta con el fin de afectar las potestades de control político que tienen las señoras y señores diputados”, agrega.
Tras numerosas audiencias los diputados dan por hecho que hubo una decisión de la Presidencia de separar a López Fuscaldo, a pesar de que un comunicado de prensa oficial decía falsamente que ella renunció por motivos personales.
El mensaje a López lo llevó Munive en una visita que hizo a su oficina del PANI por la noche, momento en el cual la presidenta de la institución escribió la carta de renuncia después de pedir explicaciones por teléfono a Chaves desde el teléfono de la vicepresidenta. Esta incluso asumió la vocería de la institución.
“Si bien el Patronato Nacional de la Infancia, como institución rectora de la niñez y adolescencia, pertenece al sector social, esto no configura relación de jerarquía alguna entre la Vicepresidenta de la República y las personas jerarcas de las instituciones de éste sector”, objeta el informe.
Los diputados de la comisión piden al plenario legislativo aprobar este informe y también proponen investigaciones en la Procuraduría de la Ética, en el Ministerio Público y en la Contraloría General de la República (CGR) por lo relacionado a la intención que hubo de hacer que el PANI contratara servicios de comunicación al Sistema Nacional de Radio y Televisión (Sinart).
El informe también indica que López Fuscaldo, quien está en Panamá porque alega que se siente insegura en Costa Rica, no envió las pruebas documentales que ofreció tras sus declaraciones.
Además, la comisión criticó que las autoridades del PANI tuvieron conocimiento desde junio de la existencia de violencia contra personas menores de edad dentro de los albergues, incluso con cuartos de aislamiento y mezcla de perfiles de personas menores de edad. Un caso de crisis fue el que desató las tensiones entre López Fiscal y Munive, quien declaró que ella estaba “desbordada”.
“La demora en atender estos hechos constituye un incumplimiento de sus obligaciones establecidas por la Convención sobre los Derechos de la Niñez y el Código de Niñez y Adolescencia. De la misma forma, se debe señalar que resulta reprochable que la Presidencia Ejecutiva, Gerencia Técnica y el Departamento de Protección del Patronato Nacional de la Infancia tuvieran conocimiento sobre esta situación en los albergues, sin dar respuestas concretas. Esta situación es una clara violación de los derechos de la niñez y adolescencia”, indicó el documento.
