Los diputados de la Asamblea Legislativa presentaron esta tarde su prometida propuesta para gravar a las cooperativas con excedentes anuales por encima de los ¢250 millones.
Este tipo de organizaciones pagarían una tasa del 10% sobre el exceso de los ¢250 millones de sus ganancias, la cual aumentaría a un 20% sobre el exceso de los ¢750 millones (581 y 1.740 salarios base, respectivamente).
El proyecto -que los diputados esperan desarrollar con dispensa de trámites- era una promesa de los legisladores tras la exclusión de la medida del plan fiscal y contó con la firma de diputados de las cuatro bancadas más grandes del Congreso, así como del diputado del Frente Amplio José María Villalta.
La propuesta quedó bastante lejos de lo que inicialmente buscó Hacienda en uno de sus textos sustitutivos del plan fiscal, en el cual propuso un gravamen del 5% sobre las utilidades iguales o inferiores a ¢5 millones, del 10% hasta los ¢7,5 millones, del 15% hasta los ¢10 millones y del 20% en adelante. En el proyecto recién propuesto, todas las cooperativas con ganancias por debajo de los ¢250 millones quedarían exentas.
No obstante, la nueva redacción no sólo agrega una base exenta, sino que además establece que los impuestos se cobrarán sobre los montos excedidos; es decir, que una cooperativa que reporte ¢300 millones en utilidades ya no tendrá que pagar el 10% sobre ese mismo monto, sino sobre los ¢50 millones que superan el límite propuesto.
Pese a estas condiciones, el proyecto fue defendido por las bancadas proponentes, incluida la oficialista del Partido Acción Ciudadana (PAC), cuya diputada Laura Guido indicó que la primera propuesta de Hacienda se presentó de una forma “quizás un poco carrereada”, por lo que fue necesario hacer ajustes para evitar conflictos con pequeñas cooperativas con grandes excedentes, pero que apenas pueden repartir pequeños montos a sus cientos de asociados.
“La redacción quedó con el exceso y eso es porque conseguir información de los números que mueven las cooperativas es muy complejo porque ni Infocoop ni Hacienda tienen la foto completa de los montos; sin embargo, con los censos que hay del 2012 e información preliminar que hicimos con Hacienda, lo que vemos es que cuando vemos el excedente neto, antes de distribuirlo, los montos son bastante altos, pero lo que pasa es que a veces son muchísimos participantes, hay cooperativas que tienen 100.000 asociados, entonces los montos pueden parecer muy altos, pero es la dinámica que tiene el sector”, apuntó Guido.
La diputada además subrayó que la misma Tributación de Hacienda “detectó que su propuesta tenía varios errores, como que se estaba aplicando como si las cooperativas tuvieran las mismas realidades que una pyme”.
“Como la cooperativa es la reunión de muchas personas para un proyecto productivo, ese monto que es muy alto había que pensarlo que se divide también entre una cantidad muy alta de gente, entonces esa escala que usaba Hacienda, que es la de las pymes -que usualmente reúnen a máximo cinco personas- no estaba ni de cerca al parámetro de las rentas que mueve una cooperativa, al punto de que si vos lo ves en el global parece muchísima plata, pero si lo ves repartido te das cuenta de que lo que llegan son ¢50.000 a final de año”, puntualizó.
¿Sobre todo o sobre el exceso?
Consultada sobre la redacción del proyecto y por qué las cooperativas pagarían el 10% o el 20% sobre el exceso de los ¢250 millones o los ¢750 millones, y no sobre los montos completos, la diputada liberacionista Yorleny León indicó que “efectivamente las Cooperativas pagarán sobre el exceso y no sobre la totalidad”.
“Es totalmente lógico esto porque ese es el principio de impuesto en PyMES y renta convencional, se calcula y para sobre el exceso y no sobre la base. Además, porque a los asociados se les está estableciendo un impuesto al excedente en el 20.580”, señaló, en referencia a la carga que los asociados cooperativos deberán pagar de un 10% debido a los excedentes que se les otorgan (que actualmente es del 5%).
“Recordemos que el proyecto busca 3 cosas, uno recaudar; dos, que las cooperativas habrán sus registros contables que hasta ahora no sucede y, tres, ir montando un sistema donde información tributaria que permita tomar mejores decisiones en cuanto a tributos a este sector”, concluyó.
De cualquier manera, consultada sobre la posibilidad de que se presenten mociones para cambiar el impuesto al monto total, la diputada Guido señaló que serán bien recibidas, pues “lo importante era tener hoy presentada la base de esa discusión” y “el tema de si es sobre el exceso o si es sobre el monto total, estamos dispuestos a discutirlo y revisarlo”.
“Es una posibilidad también, si logramos la dispensa de trámites el Plenario se convertiría en comisión, y creo que ahí varios presentarán mociones, algunos más bien porque sienten que el proyecto es muy grosero y otros porque lo sienten muy laxo”.
“Lo importante para nosotros es que necesitábamos una discusión ya, antes de que esto se volviera inviable, porque de cero a que las grandes sí estarían contribuyendo de forma significativa hay un gran paso y los estudios técnicos dicen que en el tracto del 20% lo que se concentran son unas ocho cooperativas, pero que son realmente enormes”, concluyó.
Guido además señaló que el proyecto “fue redactado con la asesoría técnica de Tributación y de Hacienda”, por lo que además cuentan con esa herramienta para el proceso.
Presión social
El impuesto a las cooperativas ahora parece más cerca de convertirse en una realidad, luego de que negociaciones del Gobierno con el sector cooperativo y otras fuerzas políticas desembocaron en el retiro que hizo Hacienda del impuesto que planeaban colocar a esas entidades en el plan fiscal.
Según la ministra de Hacienda, las negociaciones habían evidenciado “inviabilidad política” para llevar a buen puerto la iniciativa; sin embargo, la retirada del impuesto levantó la polémica e involucró fuerzas políticas con el deseo de reactivarlo.
Entre esas fuerzas, tomó la bandera la socialcristiana María Inés Solís, quien presentó mociones al plan fiscal para reintegrar la carga, una intención que no logró obtener el apoyo necesario, pero que sí reactivó las discusiones y provocó que los restantes partidos se comprometieran con la redacción de un proyecto aparte.
Ese proyecto, decían todos los hoy firmantes, era necesario; sin embargo, debía proponer condiciones distintas que se enfocaran únicamente en las organizaciones más grandes.
Esta noche, la diputada Solís indicó que se sentía “muy satisfecha” de que el trabajo suyo y de su fracción hubiese concluido en este resultado, al tiempo que agradeció a las restantes bancadas legislativos por el apoyo.
Apenas el lunes anterior, la ministra de Hacienda, Rocío Aguilar, destacó la activación de las negociaciones para este nuevo proyecto como uno de los principales avances del trámite legislativo para la reforma fiscal.
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