Diputados piensan (nuevamente) en reactivar la pesca de arrastre camaronera

Los legisladores aprobaron dar vía rápida a un nuevo proyecto de ley que intentará pasar los filtros constitucionales. Revive el dilema.

Los diputados aprobaron este lunes aplicar un procedimiento de vía rápida al expediente legislativo 21.478: un proyecto de ley que pretende reactivar la concesión de licencias para la pesca de arrastre del sector camaronero a nivel nacional.

Así ocurrió después de que una amplia mayoría de diputados se pusiera de acuerdo para apresurar la discusión de la iniciativa,  que busca resolver los problemas de desempleo en la provincia de Puntarenas, donde cientos de familias se mantienen en vilo desde que la actividad fue declarada inconstitucional a mediados de 2013.

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En aquel entonces, el tribunal Constitucional resolvió que la licencias no podían seguirse emitiendo ni renovando, siempre y cuando no se aprobaran nuevas leyes con sustento científico, que garanticen prácticas sostenibles para el ambiente.

Así lo hicieron como respuesta a un recurso de amparo que presentaron varios grupos ambientalistas, los cuales documentaron la sobre explotación de los recursos a través de mallas y redes, y los problemas que ella generaba para los ecosistemas marinos.

Ahora, la idea de los diputados es aprobar el proyecto que pedía la Sala, para lo cual utilizaron estudios contratados por Incopesca como sustento técnico.

Con ello buscarán resolver los problemas que tumbaron proyectos e iniciativas similares en el pasado, precisamente por la falta de explicaciones técnicas concretas, según resolvieron los magistrados.

La vía rápida, sin embargo, apenas es el primer paso, y pretende aplicar el artículo 178 del reglamento legislativo al proyecto de ley. Ese artículo cambia las normas para la discusión y aprobación de las iniciativas legales, a través de procedimientos abreviados que permiten una aprobación más pronta de los común.

Específicamente, el proyecto plantea reformar varios incisos de la Ley de Pesca y Acuicultura, de modo que se permita la pesca de camarones con redes de cerco, como ya ocurre con otros productos marinos como sardina y el atún.

Esta facultad se brindaría, eso sí, siempre y cuando se realice con dispositivos que excluyan los peces y las tortugas reguladas por el Instituto Costarricense de Pesca y Acuicultura (Incopesca), entidad que además tendría que delimitar territorios marítimos con arrecifes de coral en los que no se permitiría la actividad pesquera hasta hoy totalmente prohibida.

Asimismo, la ley establece que se otorgarían dos tipos de licencias para los pescadores en el Pacífico (dependiendo del tamaño de sus embarcaciones y sus mecanismos de pesca), mientras que habría otra para el Caribe, pero que sólo se girarían para pequeñas embarcaciones.

Por último, el proyecto agregaría un instrumento financiero para que el Sistema de Banca para el Desarrollo y las entidades financieras del Estado; con el objetivo de que promuevan “mejoras a la industria productiva, a efecto, de realizar renovaciones a las embarcaciones pesqueras, promover tecnologías amigables con el ambiente para la extracción sostenible de los recursos marinos y la creación o desarrollo de plantas de proceso que fomenten nuevas, mejores y mayores oportunidades de empleo y desarrollo”.

Los argumentos en contra de apurar el proceso: “Hablamos de un tema muy delicado”

La vía rápida para este proceso se aprobó con la venia de todas las fracciones legislativas (con excepción del Frente Amplio, representado en José María Villalta, y de la oficialista Paola Vega).

Tanto Vega como Villalta reconocieron que existen problemas de empleo con el sector pesquero puntarenense, pero subrayaron que este iniciativas no parecen razonables ni sustentables a lo largo del tiempo.

Asimismo, el frenteamplista Villalta comentó que ya se han tramitado dos o tres proyectos similares en el pasado, a través de vías rápidas y procedimientos abreviados, los cuales “siempre han fracasado porque siempre han estado mal hechos, sin discusión de fondo y sin los análisis pertinentes”.

“Hablamos de un tema muy delicado, que es un tema con el que no se puede correr ni atropellar una discusión, y tenemos que sentarnos a ver los supuestos estudios técnicos para ver si realmente cumplen con los requerimientos que han sido solicitados por la Sala Constitucional. Yo creo, preliminarmente, que tienen serias deficiencias”, apuntó.

Algo similar manifestó Paola Vega, la única diputada del Partido Acción Ciudadana (PAC) que rompió la línea de su partido y subrayó que su voto fue en contra porque veía enfrentarse dos deudas históricas que no se resolverían corriendo con este proyecto.

“Hablamos del hambre de los pescadores del Pacífico y de la pésima conservación del recurso marino. Ambas son deudas históricas que se cruzan en un punto donde la prisa y la chambonada de esta Asamblea Legislativa y de varios Poderes Ejecutivos, que han sido los causantes de que hoy no tengamos ninguno de esos procesos resueltos”, subrayó.

No obstante, el resto de la fracción de gobierno votó a favor de la iniciativa, aunque el jefe oficialista, Víctor Morales Mora, no ocultó suspicacias. “Estamos consciente de que en el proceso de tramitación y debate del tema dará la posibilidad de accesar a los estudios que correspondan, que el tema se conocerá en la Sala Constitucional y que se atenderán todas las dimensiones jurídicas y técnicas necesarias”, arguyó.

Los argumentos a favor: “Existen estudios técnicos y no fueron hechos por pescadores”

En tanto, las fracciones que impulsan el proyecto fueron enfáticas en que la iniciativa simplemente busca solucionar una problemática social que se ha postergado por años; al tiempo que enfatizaron en los estudios técnicos de Incopesca que estarían respaldando la iniciativa.

Así lo subrayó, por ejemplo, el diputado Óscar Cascante, del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), quien puntualizó que los estudios “se trata de estudios técnicos hechos por científicos y no por pescadores, por lo que no ve razones para demeritarlos”.

Además, Cascante apeló a la necesidad de resolver los problemas del desempleo en el Pacífico y pidió comprensión al resto de los legisladores, a los que dijo que “nunca podrán entender la situación de Puntarenas hasta que se metan en una casa con piso de suelo, con paredes plástico y sin techo”.

Algo similar dijo Melvin Nuñez, del Partido Restauración Nacional (PRN), quien habló de los sectores pesqueros como “una clase social menospreciada, marginada y agredida por políticas conservacionistas extremistas”.

Estas visiones; sin embargo, fueron refutadas por el diputado Villalta, quien recordó que el problema con el recurso pesquero es que se está sobre explotando y que evitar su conservación es puede ser incluso más peligroso a mediano y largo plazo.

“Esta discusión no se puede reducir de esta manera. No es una disputa entre los que están de acuerdo con que la gente tenga comida y los que defienden el ambiente, porque la defensa de los recursos naturales es esencial para que la gente tenga comida y la pesca de arrastre ha demostrado ser una actividad depredadora, que ha destruido los recursos naturales y que ha impedido su regeneración”, señaló.

“Esto es algo que también genera hambre, porque no se regeneran los recursos pesqueros, e incluso existen pequeños pescadores que están en contra de la pesca de arrastre porque saben que esa sobre explotación les quitará la comida a mediano y largo plazo”, puntualizó.

No obstante, la tesis favorable para apurar el proyecto ganó y el texto ahora pasará a tramitarse de forma expedita.

Ya antes Incopesca intentó reactivar la pesca de arrastre por su cuenta, a través de reglamentos internos; sin embargo, la Sala reiteró que la solución tenía que ser vía nuevas legislaciones.

Los grupos ambientalistas, por su parte, ya avisaron que desde su punto de vista el texto “no cumple con el requisito básico señalado por la Sala Constitucional: contar con estudios técnico-científicos objetivos, que sean llevados a cabo por Incopesca en coordinación con el MINAE y la academia”.

Así lo indicó la Fundación MarViva en sus redes sociales, donde recomendó que el texto “sea tramitado por el procedimiento ordinario, respetando el derecho humano a la información y participación pública amplia en las decisiones ambientales”.


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