Diputados piden investigar penalmente a expresidente Solís, exministro de Hacienda y encargados de presupuesto por “hueco fiscal”

Los congresistas presentaron su informe final sobre el tema, en el que también llamaron la atención al presidente Alvarado y a la ministra de Hacienda.

Los diputados de la Comisión para el Control de Ingreso y Gasto Público de la Asamblea Legislativa pidieron investigar penalmente al expresidente Luis Guillermo Solís, al exministro de Hacienda Helio Fallas, a la tesorera nacional Martha Cubillo y todos sus subalternos encargados de la presupuestación nacional por el conocido caso del “hueco fiscal”, término con el que se identificó popularmente al desajuste por más de ¢900.000 millones que dejó la administración anterior en su último ejercicio presupuestario.

El informe fue dictaminado esta noche por los congresistas de la comisión y pidió a la Fiscalía investigar “la posible comisión de varios delitos por parte de los funcionarios públicos involucrados”, de modo que “se establezca su eventual responsabilidad”.

El texto señala varias posibles faltas de cada uno de los encargados, quienes eran los responsables de conformar el presupuesto de la República y de realizar los cambios que fueran necesarios para evitar pagos sin autorización, en los momentos oportunos.

Según los diputados, los funcionarios no cumplieron con estas funciones, motivos por los que habrían violado varios de sus mandatos establecidos en la Constitución Política y la Ley de Administración Financiera y de Presupuestos Públicos.

La trama del llamado “hueco fiscal” se abrió desde julio del año pasado, cuando el entonces recién entrante gobierno del presidente Carlos Alvarado solicitó su primer presupuesto extraordinario.

Este presupuesto pedía incluir ¢600.000 millones en el Presupuesto de la República para el período 2017-2018, con el objetivo de cubrir amortizaciones de deuda interna que no habían sido contempladas por la administración Solís Rivera.

La cifra sorprendió a los diputados y a la opinión pública, pues era especialmente abultada en comparación con los que suelen enviarse al Congreso en este tipo de procedimientos. De hecho, el monto significaba un crecimiento del 6,4% en el monto proyectado inicialmente por el gobierno de Solís, un incremento que detonó las alarmas en la Asamblea.

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Allí, se tramitó primero el presupuesto extraordinario a partir de agosto, en la Comisión de Asuntos Hacendarios, y posteriormente se abrió la investigación que ahora concluyó en este informe, en la Comisión para el Control de Ingreso y Gasto Público.

Además, tiempo después de estas dos acciones, el Gobierno entrante presentó un segundo presupuesto extraordinario por más de ¢300.000 millones (en septiembre de 2018), el cual contemplaba una disminución en los ingresos estimados inicialmente por el gobierno pasado, pues estos habían sido sobrestimados a través de colocacione que finalmente no se concretaron.

Todos estos montos no fueron presupuestados a tiempo por la administración de Luis Guillermo Solís ni fueron ajustados a través de presupuestos extraordinarios a tiempo, motivo que encendió los reclamos legislativos.

Según una buena parte de los diputados de oposición, esto fue una irresponsabilidad del Ejecutivo y pudo responder a los intereses electorales que existían entre finales del año 2017 e inicios del año 2018; una desatención que finalmente desencadenó el pago de amortizaciones de deuda sin la autorización respectiva de la Asamblea Legislativa (requerida por ley).

En total, los diputados constataron cancelaciones de deuda por unos ¢182.000 millones hasta julio, cuando llegó el primer presupuesto extraordinario del nuevo gobierno.

Este hecho fue criticado también por los congresistas en su informe, documento en el que achacaron posibles responsabilidades administrativas de la ministra de Hacienda Rocío Aguilar. Eso sí, escribieron la salvaguarda de que “no hay una contingencia en el sistema automático de pago que permita detener los pagos o revisar la autorización legislativa para realizarlos”.

Además, los congresistas llamaron la atención del presidente Carlos Alvarado por actuar con poca diligencia en la investigación de los hechos antes descritos, así como por defender la realización de los pagos sin autorización, en lugar de generar los mecanismos necesarios para entender por qué ocurrieron y quiénes fueron sus responsables reales.

Dos informes

Este informe de mayoría fue firmado por ocho de los nueve diputados de la comisión: Luis Fernando Chacón, Franggi Nicolás y Yorleny León, del Partido Liberación Nacional (PLN); Pedro Muñoz, del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC); Jonathan Prendas, del bloque independiente afín a Fabricio Alvarado; Xiomara Rodríguez, de Restauración Nacional (PRN); Otto Roberto Varga, del Partido Republicano Social Cristiano (PRSC); y el independiente Erick Rodríguez.

Solo se apartó y presentó un informe de minoría la oficialista Paola Vega, quien reconoció que la investigación suya y de sus compañeros “aportó insumos informativos de suma relevancia para determinar la verdad real de los hechos investigados”; sin embargo, achacó las posibles responsabilidades a “mandos medios institucionales permanentes, con potestades legales suficientemente claras y zanjadas de antemano” que no realizaron sus gestiones para alertar sus superiores.

Para Vega, el informe de mayoría no contempló principios de “razonabilidad” y apuntó a los jerarcas, los cuales s encontraban “en una situación de imposibilidad material para actuar” por su desconocimiento de cualquier alerta.

No obstante, el informe principal sí se enfocó en los jerarcas antes mencionados, e incluso envió una recomendación a los partidos políticos y la ciudadanía en general para “no tomar en cuenta para cargos públicos ni de elección popular por el plazo de ocho años” al expresidente Solís y el exministro Fallas.

Según los legisladores, en una indicación específica de los diputados del PLN, ninguno de los dos tendría “la competencia moral ni profesional para ocupar un cargo público después de lo ocurrido, pues quebrantaron la institucionalidad del país y el principio de legalidad, además de haber expuesto al país a un inminente “default” financiero (impago de la deuda) (…) una posición de riesgo sin precedentes y con graves repercusiones en el resto de la economía nacional”.

La inhabilitación también la recomiendan, al menos por cuatro años, todos los firmantes en conjunto, a la Contraloría General de la República.

Investigación de meses

Ante todas las irregularidades con la presentación de los presupuestos extraordinarios, los diputados abrieron investigaciones e interrogaron a los diferentes involucrados en la construcción de presupuestos, primero en la Comisión de Asuntos Hacendarios y, más tarde, en la Comisión de Ingreso y Gasto Público.

Esta tarde, el presidente de la Comisión de Ingreso y Gasto Público, Jonathan Prendas, aseguró que el trabajo fue “un esfuerzo multipartidista”, frase que utilizó justo después de presentado el informe de mayoría.

Durante todo el proceso legislativo, la actual ministra de Hacienda, Rocío Aguilar, explicó a la Comisión de Asuntos Hacendarios que los ajustes extraordinarios llegaron varios meses tarde porque no tenía conocimiento de las subestimaciones en los gastos y las sobrestimaciones en los ingresos, motivo que incluso le llevó a realizar amoritizaciones de deuda sin autorización presupuestaria por los dos primeros meses del nuevo Gobierno.

Más tarde, el interés por investigar el asunto se trasladó a la Comisión de Ingreso y Gasto Público, donde incluso comparecieron el expresidente Luis Guillermo Solís y el exministro de Hacienda y exprimer vicepresidente, Helio Fallas.

Ambos negaron que su hubiesen evitado adrede enviar los presupuestos extraordinarios antes de concluir su administración por fines políticos o electorales, y más bien señalaron que nunca tuvieron las cifras lo suficientemente depuradas para confeccionar los ajustes de forma correcta.

En cuanto a la subestimación de los pagos de deuda, las autoridades de la administración anterior señalaron que esta respondió a pagos  mucho más altos de deuda interna a corto plazo de los que inicialmente se habían contemplado, producto de las dificultades financieras que vivió el país entre finales del año 2017 y el año pasado; mientras que en materia de la sobreestimación de los ingresos, apuntaron que esta habría respondido a la presupuestación de algunos canjes de deuda que finalmente no pudieron concretarse.

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No obstante, las explicaciones de los exjerarcas no convencieron a la mayoría de los diputados, quienes siempre coincidieron en que los errores en ambas partidas serían más que evidentes para la administración desde que se pactaron los créditos y se cayeron las colocaciones previstas, entre finales de 2017 e inicios de 2018. Muchos de ellos incluso han sugerido que el retraso pudo deberse a la cercanía de las elecciones nacionales de aquel entonces que no se realizaron las modificaciones a tiempo, pues los cambios habrían representado un crecimiento abrupto en el gasto y los déficits presupuestados por el Ejecutivo.

¿Qué representó “el hueco fiscal” para el presupuesto de 2018?

Económicamente, el llamado “hueco fiscal” representó dos situaciones en particular para el Presupuesto de la República del período 2017-2018.

Por un lado, significó que el Gobierno subestimó el crecimiento del mismo, pues dejó de contemplar recursos para el pago de la deuda a corto plazo (+¢600.000 millones) y sobreestimó los ingresos que recibiría por colocaciones de recursos que finalmente no ocurrieron (-¢300.000 millones).

Por otro lado, esa última equivocación tuvo un efecto negativo del 0,75% del PIB en las estimaciones del déficit fiscal del año anterior, pues —a diferencia del pago de la deuda que es sostenido en el tiempo— la reducción en los ingresos sí modificó las proyecciones directas de la balanza entre ingresos y gastos totales, según detalló en su momento el propio Ministerio de Hacienda.

Políticamente, ambos movimientos además contuvieron la impresión social sobre complicaciones financieras que sufría el país a finales del año 2017, un hecho que cuestiona la oposición como uno de los posibles motivos que provocaron la tardanza con la presentación de los ajustes, por motivos electorales.

Según estos sectores, el Gobierno pudo haber querido evitar publicitar los ajustes en el presupuesto en plena campaña electoral, algo en lo que coincidieron varios de los miembros de la comisión de Ingreso y Gasto Público que calificaron la gestión como un “cálculo electoral”.

Ante el avance de la investigaciones, la presidenta de la comisión de Asuntos Hacendarios y la jefa de fracción electa del Partido Liberación Nacional (PLN), Silvia Hernández, destacó que “debe sin duda alguna llevar a consecuencias administrativas y penales”.

En esa línea, Hernéndez señaló que este mismo mes ya recibió un oficio de la Contraloría General de la República en el que se le comunicó la apertura de una investigación contra cinco funcionarios y exfuncionarios por los hechos que ella denunció desde agosto pasado ante esa institución.


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