43 diputados aprobaron de forma unánime una moción para solicitar a la Corte Suprema de Justicia una copia digital de las actas y los documentos relacionados con el proceso disciplinario que se siguió contra tres magistrados y dos exmagistrados de la Sala Tercera, a quienes se les investigó por desestimar en cinco días —presuntamente obviando parte de la prueba— una causa relacionada con el caso del cemento chino.
Según el proponente de la moción, Jonathan Prendas (de Restauración Nacional), se trata de “una solicitud respetuosa” a la Corte, de modo que se puedan analizar las condiciones que mediaron para que los 22 magistrados primero aplicaran una amonestación pero sin suspender a los implicados que finalmente revirtieron tras la sorpresiva jubilación del expresidente de la Corte, Carlos Chinchilla, uno de los investigados.
43 diputados acaban de aprobar una moción presentada por el diputado @jonprendas para solicitar a la Corte una copia de las actas del proceso disciplinario contra los magistrados y exmagistrados de la Sala III. Dice que es una consulta "respetuosa" al Poder Judicial. @SemanarioU pic.twitter.com/asnmxjEfEO
— Josué Alfaro (@josuealfaro_cr) July 17, 2018
Sobre su iniciativa, el diputado Prendas además afirmó que se trata de una petición “en aras de la transparencia”, pues “es importante que el Primer Poder de la República pueda analizar estos documentos, sobre todo porque hay magistrados que buscarán reelegirse en los próximos meses”.
Esta es una preocupación que ya externaron también el resto de las fracciones legislativas, incluidas las más grandes del Partido Liberación Nacional, la Unidad Social Cristiana y el oficialista Partido Acción Ciudadana, las cuales ya advirtieron sobre un mayor control de las reelecciones, con muy posibles votos negativos para los magistrados que han sido cuestionados.
Los jueces en este proceso disciplinario eran específicamente Doris Arias, Carlos Chinchilla (recién jubilado), Jesús Ramírez y María Elena Gómez, así como Celso Gamboa, quien era parte de la causa pero fue destituido antes de que se le juzgara por este caso, a través de otro proceso disciplinario (también relacionado con el caso del cemento chino) en abril.
Al pleno de la Sala Tercera se le recriminaba por desestimar en condiciones dudosas una causa contra los entonces diputados Víctor Morales Zapata y Otto Guevara Guth, ignorando un registro de llamadas con centenares de comunicaciones que conectaban a los congresistas con el empresario importador de cemento chino, hoy en prisión preventiva, Juan Carlos Bolaños.
Por esta misma desestimación se había dictado una suspensión de dos meses a la exfiscala general subrogante, Berenice Smith, un castigo que finalmente se repitió para los magistrados de la Sala Tercera este lunes, cuando la Corte revirtió su criterio.
En primera instancia, a pesar de que 12 de los 22 magistrados de la Corte Plena votaron por la suspensión, un grupo de 10 altos jueces evitó el castigo a sus compañeros de la Sala de Casación Penal, pues la ley dicta como requisito la venia de al menos 15 de los votantes para su aplicación.
Tanto la votación como el proceso de discusión de ambas decisiones fueron privados como establece la ley, por lo que la moción aprobada es un intento de los diputados para esclarecer lo que realmente ocurrió en esas deliberaciones.
Al respecto, el propio diputado proponente reconoció que es posible que los magistrados se nieguen a brindar la información como les faculta la ley, ante lo que avisó que la alternativa en ese caso sería llamarlos a comparecer en una nueva comisión legislativa que se aboque al tema.
Desde el punto de vista de Prendas los magistrados tomaron un viraje en la decisión que tomaron ante la presión pública y la salida del más alto mando de la Corte, por lo que, según su criterio, se trata de un proceso estuvo “viciado”.
