Las bancadas legislativas y jerarcas del Gobierno están ajenos a la negociación del Acuerdo sobre el Comercio de Servicios (TISA por sus siglas en inglés) que adelantan 50 países incluido Costa Rica.
La negociación de este acuerdo de libre comercio de “nueva generación”, impulsado por Estados Unidos, la Unión Europea (UE) y otros países desarrollados, inició hace cuatro años sin que los detalles de lo negociado hayan llegado a conocimiento de la población de los países involucrados, e incluso las autoridades de los gobiernos los desconocen.
La meta de los negociadores es culminar el proceso este año, según confirmó Jhon Fonseca, viceministro de Comercio Exterior (Comex), quien lidera el equipo negociador de Costa Rica.
Una vez firmado, el acuerdo iría a la Asamblea Legislativa para que esta decida si lo ratifica o no, añadió Fonseca semanas atrás, ante una consulta de UNIVERSIDAD.
El secretismo de las negociaciones – de las que se han efectuado ya 20 rondas – encendió las alarmas tras la filtración de un borrador que dio a conocer la red Wikileaks en el 2014.
Desde entonces la Internacional de Servicios Públicos (PSI en inglés), central sindical que dice representar a 20 millones de afiliados, y otras organizaciones como las agrupadas en la Red Nuestro Mundo No Está en Venta (Owinfs) han demandando información a los gobiernos y grupos en diversos países se han manifestado reclamando transparencia de lo que se está acordando.
En el caso de Uruguay, al calor de las protestas, el gobierno de Tavaré Vásquez retiró al país de la negociación a la que lo había llevado su antecesor José Mujica.
Investigadores que han escrito sobre el tema, como Scott Sinclair, del Centro Canadiense de Alternativas Políticas, y Hadrian Mertins – Kirkwood, del Instituto de Economía Política de la Universidad de Carleton (Canadá), destacan la tensión inherente que hay entre los servicios públicos y los acuerdos que rigen el comercio de servicios.
Esto porque los servicios públicos tratan de satisfacer las necesidades sociales básicas de una manera asequible, universal y sobre una base no lucrativa. De ahí que suelen ir acompañados por una reglamentación que limita conscientemente la comercialización y opta por no tratar los servicios básicos como meras mercancías.
Por el contrario, los acuerdos comerciales promueven deliberadamente la comercialización y redefinen los servicios en términos de su potencial de explotación por parte de las empresas mundiales y los proveedores de servicios internacionales.
En la mayoría de los casos, los tratados comerciales no obligan a los gobiernos a privatizar, pero facilitan la privatización y la comercialización de varias maneras, la primera de ellas es elevando los costes de la expansión de los servicios existentes o de la creación de nuevos, sostienen ambos autores.
Según Jane Kesley, profesor de Derecho de la Universidad de Auckland, Nueva Zelanda, el TISA amenaza con imponerles restricciones aún más extremas a los gobiernos, con respecto de otros tratados de libre comercio y de lo existente en la Organización Mundial de Comercio (OMC), pero el problema central parte de las normas básicas de la negociación en sí mismas.
Señala que los acuerdos relativos al comercio de servicios los tratan como mercancías comerciables y subordinan o niegan del todo sus funciones sociales, culturales, ambientales, de empleo y desarrollo. No se considera a la gente como ciudadanos o integrantes de sus comunidades, sino como consumidores o “usuarios”.
Los “proveedores” no tienen alguna responsabilidad de largo plazo frente a la nación que “consume” sus servicios, ni obligación de rendir cuentas ante ella.
Los gobiernos renuncian al derecho de dar preferencias a los proveedores locales de servicios -por ejemplo, de comunicaciones, educación, electricidad o saneamiento- o a limitar la inversión extranjera y exigir una mayoría de directores locales en sectores sensibles de tales servicios, señala el analista.
NOVEDAD
En Costa Rica los diferentes jefes de bancada se mostraron sorprendidos al preguntarles si han sido informados sobre la negociación que se está llevado a cabo en relación con los servicios. No habían escuchado nada y apenas si alguno sabía qué es el TISA.
“No se nada; todo eso es nuevo totalmente para mi”, dijo Gerardo Vargas, jefe de la bancada socialcristiana.
“Pues habría que verlo, porque yo no tengo información”, manifestó por su parte Maureen Clarck, jefa de fracción de Liberación Nacional, quien comentó que algo escuchó sobre el tema por primera vez hace unos días en un discurso.
Edgardo Araya, jefe del grupo parlamentario del Frente Amplio, ha oído hablar del TISA en redes sociales, “pero oficialmente nada.”
En el Legislativo la única que ha hablado del TISA es la diputada Ligia Fallas (también del Frente Amplio), quien el miércoles anterior tomó la palabra para alertar en el plenario sobre la “gran amenaza” que acarrea dicho acuerdo para el pueblo costarricense.
Dicho acuerdo pretende que “los servicios, los derechos más elementales que tenemos hasta el día de hoy estén desregulados, que el marco jurídico que los protege ya no exista (…), sacarlos de la protección constitucional que tienen y garantizar que sean una mercancía”, afirmó.
Luego declaró que “la información que tenemos es la que se puede obtener a través de Wikileaks, porque no hay manera de obtener información a través del Estado, ni de ningún otro Estado porque la negociación es en secreto.”
Lo que si queda claro es que existe una cláusula que la llaman cláusula “trinquete”, y lo que dice es que si el país permitió que un servicio se abriera y se privatizara, no hay marcha atrás.
Otra condición es que los compromisos que asume el país dentro de la negociación solo se harán públicos hasta cinco años después de entrar en vigencia el tratado, se alarmó la diputada.
Comentó que dentro de lo que se ha sabido por Wikileaks es que los países tienen la posibilidad de incluir los servicios que quieren meter en la negociación y excluir los que deseen dejar fuera, pero si no aparecen en ninguna de las dos listas pueden entrar.
Mientras, jerarcas del Gobierno como Edgar Gutiérrez, Ministro Ambiente y Energía, y miembros del consejo económico del Ejecutivo dijeron desconocer la negociación del TISA.
“Puede ser que esté en otro despacho (del Ministerio), pero en el despacho mío no”, dijo Gutiérrez, cuando se le preguntó si había sido consultado para la negociación del tratado.
Por su parte María del Rocío Sáenz, presidenta Ejecutiva de la Caja Costarricense de Seguro Social, dijo que no se le ha informado de ninguna negociación sobre un acuerdo comercial de servicios.
“No si se han tenido algún contacto a nivel técnico, espero que no, pero a mí no”, afirmó Sáenz.
Dijo que sí han estado participando con la OMC en temas de producción de servicios en salud y en pensiones, pero nada que tenga que ver con la negociación de un tratado.
COMEX
Según la información suministrada por Comex, ese despacho ha realizado una serie de reuniones y foros para informar al público y a los sectores sobre las negociaciones del TISA, y hay apertura para responder las consultas de las personas interesadas.
Añadió que el trabajo de análisis en este proceso se alimenta de las consultas técnicas que se realizan a los puntos de contacto que fueron nombrados por parte de 17 instituciones públicas. “Ello permite nutrir la posición nacional con el criterio de las diversas entidades competentes en los temas a nivel nacional.”
Sobre el contenido de la negociación, indicó que se negocia un texto general, cuya base es el Acuerdo General sobre Comercio de Servicios de la Organización Mundial del Comercio (AGCS) de 1995, disciplinas específicas propuestas por los países que negocian el acuerdo y listas de compromisos específicos.
Mediante estas listas se especifican aquellas áreas que los países desean reservarse por distintas razones de política pública. Esta estructura es similar a la que contienen los acuerdos comerciales que Costa Rica ya están vigentes, en los que a manera de ejemplo, el país se ha reservado la posibilidad de adoptar y mantener cualquier medida respecto de los servicios sociales, tales como seguridad social, educación pública, acueductos y alcantarillados, indicó el despacho del viceministro Fonseca.
Además del texto general, se negocian anexos (capítulos) sobre reglamentación específica, transparencia, movimiento de personas físicas, servicios financieros, servicios de telecomunicaciones, servicios de transporte marítimo internacional, servicios de transporte aéreo, servicios de transporte por carretera, requisitos de localización, comercio electrónico, disposiciones institucionales y solución de controversias, enumeró.
“Siendo Costa Rica un país con un 77% de su producción asociada al sector servicios (dato de 2015); un 72% de su fuerza laboral empleada en el sector servicios (también dato de 2015) y con exportaciones de servicios que superaron el 42% del total de las exportaciones en ese mismo año, nuestra posición en esta negociación debe ser de país demandante de condiciones de certeza jurídica, no discriminación y eliminación de barreras técnicas al comercio internacional de servicios”, indicó Fonseca.
Escándalo
Tratar a los servicios públicos como mercancías destinadas al comercio crea un error conceptual fundamental acerca de ellos.
Los servicios públicos están diseñados para satisfacer las necesidades sociales y económicas vitales, tales como la atención de la salud y la educación, de una manera asequible, universal y en función de las necesidades, y existen porque los mercados no producirán estos resultados.
Los servicios públicos son fundamentales para garantizar una competencia leal para las empresas y una reglamentación eficaz para evitar los desastres medioambientales, sociales y económicos, tales como la crisis financiera mundial y el calentamiento del planeta.
Mientras tanto, los acuerdos comerciales promueven conscientemente la comercialización y definen los productos y servicios en términos de su capacidad de ser explotados con fines lucrativos por parte de las empresas mundiales. Incluso los más fervientes partidarios de los acuerdos comerciales admiten que hay ganadores y perdedores en este juego.
Los ganadores son generalmente los países poderosos que son capaces de hacer valer su poder, las empresas multinacionales que son las que se encuentran en mejor situación para aprovechar el nuevo acceso a los mercados, y los consumidores adinerados que pueden permitirse las importaciones extranjeras.
Los perdedores tienden a ser los trabajadores que se enfrentan a la pérdida de empleo y a una presión a la baja sobre los salarios, los usuarios de los servicios públicos y las pequeñas empresas locales que no pueden competir con las multinacionales.
El Acuerdo Internacional de Comercio de Servicios (TISA en inglés) se encuentra entre la nueva ola de acuerdos comerciales y de inversión basados en poderes jurídicamente vinculantes que institucionalizan los derechos de los inversores y prohíben las medidas gubernamentales en una amplia gama de aspectos solo incidentalmente relacionados con el comercio.
El acuerdo impedirá que los gobiernos puedan devolver los servicios públicos a manos públicas cuando las privatizaciones fracasen, restringirá las reglamentaciones nacionales relativas a la seguridad de los trabajadores, limitará las reglamentaciones en materia de medio ambiente y protección de los consumidores, así como la autoridad reguladora en ámbitos tales como la concesión de licencias para centros de cuidado de la salud, centrales eléctricas, instalaciones de eliminación de desechos y la acreditación universitaria y escolar.
Increíblemente, tras la crisis financiera mundial de 2008, el TISA también pretende desregular aún más los mercados financieros.
Es un escándalo el que se estén realizando grandes esfuerzos por mantener secretas las negociaciones del tratado, con unos riesgos tan importantes para las personas y para el planeta.
*Extracto de una exposición de Rosa Pavanelli, secretaria general de la Internacional de Servicios Públicos.
