Una comisión especial integrada por siete diputados de la Asamblea Legislativa investigará las condiciones que mediaron para que el informe sobre la participación del expresidente Luis Guillermo Solís en el caso del “Cementazo” llegara hasta al cierre de la legislatura pasada y que no pudiera ser apelado por los viejos ni los nuevos diputados.
Así lo confirmó la tarde de este jueves el jefe de fracción del Partido Liberación Nacional (PLN), Carlos Ricardo Benavides, quien aseguró que la idea es indagar “la forma en la que fue notificada” y “el desarrollo que tuvo” en el Congreso la resolución de la Procuraduría de la Ética Pública que desestimó cualquier falta del exmandatario —acusada por el Parlamento— en el caso del “cemento chino”.
La moción —indicó Benavides— ya cuenta con la firma de todos los jefes de fracción, salvo José María Villalta del Frente Amplio y Víctor Morales Mora del Partido Acción Ciudadana (PAC). Específicamente, el grupo contaría con dos miembros del Partido Liberación Nacional, dos de Restauración Nacional y otros tres entre la Unidad Socialcristiana, Acción Ciudadana y los partidos minoritarios.
La propuesta, dijo Benavides, posiblemente se presentará hasta este miércoles para que pueda discutirse ese mismo día, tomando en cuenta que debía analizarse antes de las 4:00 p.m. este martes, pero las firmas estuvieron completas hasta pasada esa hora. El plazo de la comitiva será de tres meses.
“En trazos generales creemos que hubo errores que dieron al traste con la posibilidad de que los diputados pudieran conocer el informe a tiempo y apelarlo, pero no queremos saltar a conclusiones mientras no se realice la investigación. No quisiéramos establecer responsabilidades políticas o administrativas sin siquiera habernos sentado a realizar la investigación”, señaló.
Sobre qué partido asumiría la presidencia de la comitiva, Benavides afirma que todavía “no han pensado en eso”.
La investigación responde a dudas sobre el proceso de notificación y trámite del informe, que no pudo ser apelado, aunque —como indicó la presidenta legislativa este lunes— esa no ha sido una práctica común en los últimos años.
De cualquier manera, los diputados han cuestionado por qué el informe se entregó hasta el cierre de la legislatura pasada, lo que impidió que los anteriores legisladores apelaran la desestimación a pesar de que fueron ellos quienes remitieron la acusación sobre una presunta falta al deber de probidad del presidente Solís en tras la investigación sobre el caso del “cemento chino”.
También se preguntan cómo venció el plazo perentorio hasta el 3 de mayo sin que ellos se dieran cuenta; algo que la presidenta Hidalgo (PAC) y sus dos secretarios, Luis Fernando Chacón (PLN) e Ivonne Acuña (PRN), han referido a que el actual directorio legislativo nunca fue notificada sobre la existencia del documento de manera administrativa.
Por último, también analizarán por qué habría ocurrido la falta de dos páginas en el informe cuando Hidalgo conoció del mismo y procedió a remitirlo a los congresistas, una denuncia que le hizo realizar una solicitud formal a la Procuraduría para que le remitiera los informes completos y prolongara el plazo perentorio sin éxito.
Días atrás, Benavides —uno de los máximos propulsores de la investigación— externó en medio de un debate reglado sobre el tema en el control político de la Asamblea que la idea sería resolver este “insondable misterio”, que evitó responder a la resolución “bastante laxa” del ente procurador.
El resumen del caso: Procuraduría de la Ética descarta prolongar apelaciones al informe sobre Luis Guillermo Solís