Cuatro diputados de la Comisión de Cartago consiguieron aprobar una reforma a la Ley de la Dirección Nacional de Desarrollo de la Comunidad (Dinadeco) que permitirá a las Asociaciones de Desarrollo participar de convenios y contratos para mantenimiento vial del país.
El plan asegura que las ADIs podrán “implementar emprendimientos socio-productivos, bajo la figura de microempresas comunitarias, para labores de mantenimiento de infraestructura comunal pública, de infraestructura vial por estándares y mantenimiento de predios”.
El proyecto de ley 22.198 fue presentado por el diputado liberacionista Daniel Ulate desde septiembre del 2020. Es decir, nueve meses antes de que el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) arrestara a los empresarios de las constructoras Meco y H Solís, a raíz de la investigación penal conocida como “Cochinilla”.
La iniciativa de Ulate fue primero estudiada por la Comisión Alajuela durante estos dos últimos años, órgano del cual forma parte el diputado del PLN.
Este martes 1 de marzo, el proyecto de Ulate fue presentado en la Comisión de Cartago, presidida por su compañera de bancada Paola Valladares. El órgano especial de la Asamblea Legislativa acordó darle discusión al fondo y dictaminar en el mismo día.
La Comisión de Cartago cuenta con la participación de dos legisladores miembro de la Comisión especial encargada tanto del caso de corrupción de “Cochinilla” en contratos públicos del Consejo Nacional de Vialidad (Conavi) y del Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT), sino que también investiga la presunta corrupción en las municipalidades, acusada en el expediente penal “Diamante”. Estos dos diputados son Valladares y el socialcristiano Pablo Heriberto Abarca.
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Empresas investigadas en caso “cochinilla” cruzaban la frontera comercial con amplios lazos familiares
Lazos y nexos son evidentes en juntas directivas, y puestos de las compañías encargadas de supervisar a las constructoras permitían acaparar contratos viales.
La diputada Valladadres defendió que “Luego de haber estado en la investigación alrededor de los delitos y maraña que hay de corrupción en el tema de construcción vial, hemos escuchado incluso que las alternativas de contratación a través de las pymes y mipymes fue infructuosa”. La liberacionista defendió que el proyecto “Nos ayudaría a controlar que el duopolio del tema de mantenimiento vial”, no obstante, evitó referirse al caso de las empresas Meco y H solís.
“La idea del expediente fue que se pueda avanzar en convenios con el Estado, llámese con el Gobierno local o el mismo CONAVI, para que las Asociaciones de Desarrollo puedan mantener el mantenimiento manual de los caminos”, afirmó.
“Las Asociaciones de Desarrollo no van a estar constituidas, como salieron estas empresas a crear pymes y mipymes solo para participar, sino que tienen que estar inscritas como Dinadeco lo establece y hay una participación comunal”,
Por su parte, el socialcristiano Abarca manifestó que apoyaba la iniciativa con la condición de presentar mociones para intervenir el proyecto en dos temas puntuales.
El primero dijo que estos convenios y contratos con las Asociaciones de Desarrollo no pueden considerarse una “tercerización” de las tareas viales.
“En términos de contratos y convenios, que no implique que se pueda meter cualquier tipo de convenio de la Ley de Contratación Administrativa”, aseguró Pablo Heriberto Abarca.
El diputado también fustigó la eliminación de las empresas privadas del panorama vial.
“Ciertamente en la Comisión de “Cochinilla” y “Diamante” hemos identificado una serie de de problemas por concentración de contratos en algunas empresas pero no se resuelve pasando al otro extremo, eliminando a las empresas y asignándole (los contratos) a organizaciones de la sociedad civil”, aseguró Abarca.
El dictamen de este proyecto fue aprobado con los votos de Valladares, Abarca, Luis Fernando Chacón (PLN) y Patricia Villegas (Partido Integración Nacional).
