Por el incumplimiento en el proyecto para dar Internet a las escuelas de comunidades alejadas en la zona Norte del país, varios diputados se proponen llamar a comparecer en la Comisión de Ingreso y Gasto Público a los representantes del Fondo Nacional de Telecomunicaciones (Fonatel), la Superintendencia de Telecomunicaciones (Sutel) y a las empresas Claro y Telefónica.
Las mociones también proponen citar a representantes de la Autoridad Reguladora de Servicios Públicos (Aresep); del Ministerio de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones (Micitt); del Ministerio de Educación Pública (MEP) y a la Contraloría General de la República (CGR).
Una de las mociones fue presentada por el diputado del Partido Liberación Nacional (PLN), Rolando González, quien preside dicha Comisión.
“No hay manera de justificar que se acumule capital cuando hay necesidades en las escuelas de la zona periférica donde adolecen de accesibilidad en equipos y en conectividad”, dijo a UNIVERSIDAD.
El legislador recalcó que el principal responsable es la Sutel, por ser el órgano contralor. “Aunque las operadoras deberían cumplir el mandato que tienen, la realidad es que ahora están en un mundo soñado porque nadie las obliga”, expresó González.
La otra moción fue presentada por el diputado del Frente Amplio Edgardo Araya, con el apoyo de otros 10 legisladores.
La Comisión podría decidir el miércoles si acoge estas mociones.
El pasado jueves, en el plenario legislativo, los diputados Araya y el jefe de fracción del Partido Acción Ciudadana (PAC), Javier Cambronero, se mostraron preocupados por la investigación de UNIVERSIDAD que reveló que el 45% de centros educativos a los que Claro y Telefónica darían Internet de banda ancha, bajo un proyecto de Fonatel, siguen desconectados.
Araya cuestionó la respuesta dada a UNIVERSIDAD por el director del Fondo, Humberto Pineda, quien justificó a las operadoras aduciendo que la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (Setena) no les ha dado permisos.
“Las respuestas que han dado lo que demuestran es inutilidad y desinterés. Ese cuento de que es culpa de Setena, es puro cuento”, manifestó en entrevista con este medio.
Criticó también que el Banco Nacional, que maneja el fideicomiso de los proyectos de Fonatel, argumentara que las empresas no pueden verificar la viabilidad de la instalación de la infraestructura previamente a hacer los contratos.
“¿Cómo es que dicen que no se prevé? ¿Cómo es que la empresa no se fija antes y luego dice: ‘ah no, yo aquí no puedo’, entonces no corren las penalidades? Uno no entiende para quién está Fonatel”, señaló el legislador.
Por su parte, Cambronero manifestó en el Congreso que “Fonatel esté siendo usada como un escudero de las grandes transnacionales”.
“El proceso ha sido penoso y nos parece que ha sido una burla porque la estrategia definida por Fonatel para llevar este Internet de banda ancha se queda en el papel, porque la infraestructura está sirviendo para fines comerciales y no precisamente para los problemas ligados a cobertura y una educación de calidad”, apuntó el legislador.
Otros que comentaron su interés en fiscalizar lo ocurrido con este plan de la zona Norte fueron la diputada del PAC Nidia Jiménez, y el legislador de Restauración Nacional Fabricio Alvarado, quien es miembro de la Comisión de Ingreso y Gasto Público.
“¿Cómo vamos a pretender que los jóvenes que logran llegar a las universidades no lleguen en profunda desventaja? Y si es que pueden llegar a las universidades. Pero si les damos los instrumentos necesarios, es muy probable que el índice de educación superior aumente”, manifestó la diputada. Ella solicitó desde la semana pasada un informe al Fonatel.
Alvarado, por su parte, consideró que los encargados del proyecto, “más que explicaciones, creo que deben venir a darnos soluciones”.
Por su parte, la Defensoría de los Habitantes comunicó que también pedirá explicaciones al Fonatel sobre los proyectos de la zona Norte como parte de una investigación que realiza sobre el Programa Pobreza.
“Debido a que Fonatel es uno de los componentes de la estrategia Puente al Desarrollo y porque el acceso a Internet es una de las dimensiones del IPM (Índice de Pobreza Multidimensional), se abordará esta situación apuntada por ustedes mediante un traslado de información a la Fonatel en los próximos días”, se informó desde la Defensoría.
Señalamientos
UNIVERSIDAD consultó a la CGR si investigará lo sucedido con el proyecto debido a que la Ley General de Telecomunicaciones, en el artículo 35, establece: “El fiduciario deberá observar las obligaciones que le imponen las disposiciones legales vigentes, así como las que se derivan del contrato de fideicomiso que se suscriba. Los recursos que se administren en los fideicomisos, deberán invertirse en las mejores condiciones de bajo riesgo y alta liquidez. Los fideicomisos y su administración serán objeto de control por parte de la Contraloría General de la República”.
No obstante, la entidad respondió que, pese a tener una potestad facultativa para hacer auditorías, no todos los proyectos son auditados y que para eso existen otras instancias de control como las Superintendencias, las Auditorías Internet, la Administración y los jerarcas.
Sin embargo, en el pasado, la Contraloría fiscalizó al Fondo. Por ejemplo, en el 2015, dio a conocer una revisión al programa Comunidades No conectadas o Subconectadas (al cual pertenecen los proyectos en la zona Norte).
En ese momento, la CGR revisó los proyectos que se ejecutaban en La Roxana de Guápiles y en Siquirres y determinó que, aunque se daba la instalación del Internet fijo, en los centros educativos se carecía de equipo de cómputo, adecuada infraestructura y conocimientos suficientes, por lo que había un “desaprovechamiento de la totalidad de los beneficios que se pueden obtener del acceso y prestación del servicio de Internet”.
En ese informe, la CGR mencionó que no se pudo hacer simular revisión en los cantones de la zona Norte porque, a marzo del 2015, en Los Chiles y Guatuso “estaban en proceso los trámites finales de recepción de los servicios por parte del proveedor” y los cantones de San Carlos, Sarapiquí y Upala había “falta de algunos permisos, que provocan atrasos en la ejecución de los proyectos”.
En esa investigación, además, la CGR cuestionó que se pagara inicialmente un 50% de la subvención a las operadoras sin un análisis técnico.
“(Esto) promueve el riesgo de que se trasladen con la firma del contrato del proyecto adjudicado el 50% del monto total sin que se tenga certeza del efectivo cumplimiento de las obras pactadas en los plazos programados, y sin que haya la posibilidad de ejecutar la respectiva garantía colateral ante un eventual incumplimiento hasta dentro de cuatro años.
Ello repercute de manera directa en una disminución de los dineros del Fonatel, y crea un riesgo en la sana tenencia de los fondos públicos, ya que no permite que estos generen réditos a favor del Fondo”, destacó la institución.
En el 2016, la CGR señaló que el Fonatel solo estaba ejecutando el 3% de su presupuesto, el cual ese año cerró con una reserva patrimonial de ¢164.911 millones (unos $287 millones).
Colaboró con esta información el periodista Álvaro Murillo
‘No se puede ser juez y parte’
La Ley General de Telecomunicaciones, en el 2008, creó el Fondo Nacional de Telecomunicaciones (Fonatel) como “instrumento de administración de los recursos destinados a financiar el cumplimiento de los objetivos de acceso universal, servicio universal y solidaridad”, así como de las metas y prioridades definidas en el Plan nacional de desarrollo de las telecomunicaciones.
Esa ley le otorgó a la Superintendencia de Telecomunicaciones (Sutel) la administración de los recursos del Fonatel.
Sin embargo, para algunos legisladores, como el legislador frenteamplista Edgardo Araya, al ser Sutel el ente de regulación al sector de telecomunicaciones ejerce un doble rol y se convierte en “juez y parte”.
Precisamente, en el 2015, el legislador de ese mismo partido, Jorge Arguedas, presentó un proyecto de ley para trasladar administrativa y financieramente al Fonatel al Ministerio de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones (Micitt).
El diputado comentó a UNIVERSIDAD que, en la estructura actual, “hay un ente regulador planificando dónde se ponen las cosas y también regulando las cosas”, por lo que coincidió con Araya en que Sutel es “juez y parte”.
Arguedas indicó que había hablado sobre este proyecto con el ministro Marcelo Jenkins (quien renunció en mayo pasado por haber votado en una convención del PLN) y que existía anuencia. No obstante, dijo que deberá retomar conversaciones con el Micitt.
