Los diputados de la Asamblea Legislativa aprobaron la tarde de este martes una moción que permitirá publicar y enviar a consulta el expediente 20.525 al Banco Central de Costa Rica (BCCR) y a los bancos estatales comerciales, justo en el momento en que se disponía a realizar su votación en segundo debate.
La votación fue unánime con la participación de 43 congresistas, apenas horas después de que el ministro de la Presidencia, Sergio Alfaro, manifestó que existía “una serie de dudas” sobre la iniciativa.
El principal inconveniente del texto se encuentra en su artículo número 5, en el que se establece la posibilidad de girar una bonificación de incluso cuatro salarios a los extrabajadores afectados por la inestabilidad de la institución, que cerró sus operaciones comerciales y se encuentra intervenido por el Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero (Conassif) desde mayo pasado.
“Todo el origen de los fondos, ver cómo tendría que pagarse, en un principio nosotros entendemos que es contra el patrimonio del banco, pero no todos los actores están pensado lo mismo, por lo tanto haremos los proceso de consulta que sean necesario”, afirmó el ministro.
Apenas a mediados de febrero pasado, el interventor de la entidad estatalna, Marco Hernández, explicó a la comisión especial que investiga el trámite de Bancrédito que el dinero extra tendría un impacto de entre ₡2.000 y ₡3.000 millones no contemplado en los planes actuales del banco, que “no tiene la liquidez para hacer un pago de ese tipo”.
Por este motivo, calificó que el proyecto sería “ruinoso” para la entidad y que, muy posiblemente, el monto tendría que termina siendo asumido por el Estado, tomando en cuenta que afectaría el patrimonio de la institución.
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En aquel momento, Hernández mencionó que el banco tiene un patrimonio de ₡38.000 millones, pero también aseguró que el desembolso “habría que programarlo en el tiempo”, posiblemente cargado a las arcas de Hacienda.
No obstante, el ministro Alfaro recordó que “Servicios Técnicos de la Asamblea Legislativa, emitió en su dictamen la necesidad de hacer consultas obligatorias del proyecto”, por lo que estipuló la necesidad de esperar a “realizar ese análisis y determinar así la ruta”.
En la mañana, el jerarca mencionó que le habría gustado que la consulta también se realizara al ministerio de Hacienda; sin embargo, finalmente los diputados optaron por el BCCR y los bancos nacionales.
En el trámite del primer debate, sólo tres diputados se opusieron a otros 40 por considerar la cláusula extra excesiva; específicamente el oficialista Ottón Solís, y los libertarios Otto Guevara y Natalia Díaz.
Al respecto, Solís subrayó que la decisión le parecía “un grave error”, en medio de un contexto “difícil” de las finanzas públicas y del banco.
No obstante, otros diputados —especialmente los elegidos por la provincia de Cartago— argumentaron que la compensación se trataba de una oportunidad para resarcir la mala gestión de la crisis y apoyar a los empleados que fueron afectados por ella.
“Lamentamos la forma irresponsable en que el Gobierno ha manejado la crisis de este banco pero los empleados no tienen que pagar los platos rotos de estas chambonadas”, dijo Mario Redondo, una de las principales figuras de ese grupo parlamentario junto con los liberacionistas Paulina Ramírez y Julio Rojas; los oficialistas Emilia Molina y Marco Vinicio Redondo; el frenteamplista Francisco Camacho; y el socialcristiano Jorge Rodríguez.
Aparte de la bonificación extra, el proyecto incluye la devolución de los montos acumulados (más los intereses) del Fondo de Garantías y Jubilaciones de los empleados bancarios, así como un compromiso de procurar su reinserción en el sector público, a través de medidas como la contratación directa de exempleados en el Sistema Bancario Nacional por un plazo máximo de cuatro años.
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