La Comisión de Consultas de Constitucionalidad terminó el procedimiento para resolver las 35 inconstitucionalidades señaladas por los magistrados de la Sala IV en el plan de Empleo Público.
La Comisión sesionó este miércoles para aprobar una única moción que solo plantea la exclusión parcial de los Poderes Legislativo, Poder Judicial, Tribunal Supremo de Elecciones y a los “entes públicos con autonomía de gobierno u organizativa, según la determinación que realice la respectiva institución”. Este último punto se refiere a las universidades, las municipalidades e instituciones autónomas como la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS).
De acuerdo con el arreglo, estos entes definirán cuáles funcionarios quedarían afuera de la rectoría que asumirá el Ministerio de Planificación y Desarrollo (Mideplan).
El arreglo se incluyó en 12 artículos (6, 7, 9, 13, 18, 21, 30, 31, 32, 33, 34 y 37). Los diputados dejaron intacto el resto del proyecto de Ley Marco de Empleo Público (21.336), incluyendo el inciso que habilita la objeción de conciencia para que funcionarios públicos rechacen procesos de capacitación “cuando se vulneren sus convicciones religiosas, éticas y morales”.
La solución aprobada este miércoles, antes de que el plenario avance a otro primer debate sobre la propuesta, fue acuerpada por las diputadas Ana Lucía Delgado (PLN); Laura Guido (PAC); Eduardo Cruickshank (Restauración Nacional) y Zoila Volio.
El diputado socialcristiano Pedro Muñoz fue el único legislador que votó en contra y mantuvo que el texto aprobado es la “recomendación incorrecta” para el plenario de la Asamblea Legislativa. El diputado defendió que la vía correcta debería ser la alternativa de abrir el plenario como una comisión legislativa “para eliminar efectos indirectos” de las regulaciones que no se tocaron o, por otro lado, “que se envíe el proyecto a Comisión” para continuar corrigiendo las inconstitucionalidades señaladas por la Sala IV.
Diputado opositor advierte que seguirán creciendo salarios altos
En la sentencia que redactó el tribunal constitucional sugirió fraccionar los regímenes de empleo de las municipalidades y la CCSS, y dejar afuera del plan de Empleo Público a las personas funcionarias que no son parte de las competencias “exclusivas” de estos entes con capacidad de autogobierno.
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El socialcristiano Muñoz dice que, con los arreglos aprobados a esos 12 artículos, la exclusión será para los puestos de menor responsabilidad política y administrativa, por lo que seguirán creciendo los salarios que ya son altos, es decir, los de las jerarquías institucionales.
“Los que van a quedar incluidos son los misceláneos y los que van a quedar excluidos son los altos jerarcas. Eso es lo que va a pasar. Es la injusticia más grande del mundo: los salarios altos se van a preservar y los salarios baratos son los que van a ser sujetos a la ley. No va a haber ningún ahorro”, afirmó.
El diputado también acuso que la ministra de Planificación, Pilar Garrido, no ha contestado una consulta en la que se pidió que se “cuantifiquen los cálculos y ahorros de la ley, aprobada en primer debate; y los cálculos y ahorros de la ley con los cambios sugeridos por la Sala Constitucional”.
La oficialista Laura Guido procedió a defender la gestión de Garrido y del Gobierno. Guido dijo que con el arreglo aprobado será “la propia institucionalidad quien defina quienes son exclusivos y quienes excluyentes” de la Ley de Empleo Público.
“Nunca se presentó como un proyecto de ahorro (…) Pueden ir a revisar el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional”, dijo también.
No obstante, en la información que el Gobierno circuló durante la negociación con el Fondo, en enero pasado, Empleo Público fue incluido dentro del paquete de ajuste de la siguiente manera:
Ahora, a diferencia del ahorro proyectado durante la negociación con el FMI, la diputada Guido dice que la ley generará un ahorro de 0.77% del PIB durante la primera década, como “promedio de ahorro anualmente durante los primeros 10 años” de aplicación de la Ley.
“No sabemos cuánto va a ganar el Presidente de la República, ministros, jueces, magistrados, diputados, superintendentes, maestros, secretarias, doctores, policías, rectores de universidades, de conformidad con los cálculos de Mideplan”, mantuvo Pedro Muñoz en respuesta a la oficialista Guido.
